Salud

Ratifican millonaria multa a clínica donde murieron 16 bebés

La Clínica Laura Daniela usó medicamentos que causaron la muerte de los pequeños, según Supersalud.

Clínica Laura Daniela

Imagen de archivo de la Clínica Laura Daniela, en Valledupar.

Foto:

Archivo EL TIEMPO

Por: Redacción Salud
06 de diciembre 2018 , 04:52 p.m.

La Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela, en Valledupar, tendrá que pagar 781 millones de pesos (mil salarios mínimos legales mensuales vigentes) por utilizar un medicamento presuntamente falsificado que causó la muerte de 16 bebés prematuros hace dos años, según confirmó la Superintendencia Nacional de Salud en última instancia.

El superintendente Fabio Aristizábal recordó que los hechos ocurrieron entre el segundo semestre del 2016 y los primeros meses del 2017. El proceso en contra del centro hospitalario se inició en septiembre del 2017, cuando la entidad ordenó la inspección a la clínica y encontró varias irregularidades.

Entre otras, que la Clínica Laura Daniela realizó compras a VC Medical, un proveedor con el que no mantenía una relación comercial estable, y sin existir un contrato o carta de intención que definiera el modelo de compra y venta de medicamentos y dispositivos médicos.

Además, se generaron órdenes de compra y pagos a VC Medical sin que este proveedor hubiese registrado algún tipo de documentación ante la institución, que lo habilitara como tal, o ante el Ente Territorial que en este caso era la Secretaría Departamental del Cesar.

Las investigaciones de la Superintendencia de Salud encontraron, asimismo, que las órdenes de compra fueron expedidas por una practicante del SENA o por el regente de farmacia, y no contaron con aprobación o autorización de la química farmacéutica o de otro nivel jerárquico. “En otros casos existen órdenes de compra sin información de algún colaborador. La generación de órdenes de compra estaba en cabeza del Regente de Farmacia, quien también realizaba la recepción técnica de medicamentos sin aprobación de las mismas por parte de un nivel superior”, señala la Súper.

Fuera de todo, la recepción de medicamentos no se llevó a cabo bajo el concepto técnico que debía contener, puesto que no se revisaron datos elementales como fechas de vencimiento, registro sanitario y lotes, lo que llevó a que se comprara el medicamento en cuestión con fechas de vencimiento muy cercanas al momento de ingreso a la institución.

Cabe recordar que el medicamento presuntamente falsificado es el Survanta, indicado en la prevención y tratamiento del síndrome de insuficiencia respiratoria en niños prematuros.

“El medicamento no era el original, de acuerdo con lo indicado por el representante de Laboratorios ABBCIE (perito), luego del proceso de cotejo al que fue sometido el producto encontrado en el centro hospitalario y que fue contrastado con el medicamento de la casa matriz”, concluye la Superintendencia en su informe.

Por estos hechos, se había emitido una sanción en noviembre del año pasado. Sin embargo, la clínica interpuso recurso de reposición que ahora fue negado por el Superintendente de Salud.

Fabio Aristizábal advirtió, en ese sentido, que “los prestadores deben cumplir con todas las normas que regulan la prestación del servicio, entre ellas las tendientes a garantizar adecuadamente el servicio farmacéutico. No basta con contar con el certificado de habilitación para prestar el servicio. La salud es un derecho fundamental, que no puede ser visto como un negocio”.

El caso de los bebés prematuros que murieron en la Clínica Laura Daniela dejó a comienzos de año cuatro capturas: France Lozano Sepúlveda, representante legal y gerente de Farma Pos; Said Moreno Pérez, gerente de la firma Farma Pos; Lester José Turbay Montenegro, distribuidor independiente de medicamentos quien además no tenía ningún tipo de permiso de la Secretaría de Salud de Cesar para su actividad; Aroldo Daza Durán, jefe de compras y dispositivos médicos de la clínica Laura Daniela.

Todos ellos, sindicados de proveer estas medicinas falsificadas a dos instituciones hospitalarias, deberán responder por usurpación de derechos de propiedad industrial, imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias.


REDACCIÓN SALUD

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