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Medio Ambiente

Los hechos más importantes del año para los ambientalistas

Julio Carrizosa, Brigitte Baptiste, Manuel Rodríguez y Ómar Franco.

Julio Carrizosa, Brigitte Baptiste, Manuel Rodríguez y Ómar Franco.

Foto:Archivo EL TIEMPO

Cambio climático y consultas populares, entre los sucesos más relevantes, según expertos.

Diana Rincón
Fueron varios los eventos que sacudieron a Colombia y al mundo en materia ambiental durante este año. Los anuncios de Donald Trump de retirarse del Acuerdo de París; la tasa anual de deforestación que encendió las alarmas por las cerca de 179.000 hectáreas de bosque arrasadas; las nuevas especies para la ciencia que científicos encontraron gracias al posconflicto; la apuesta internacional por las energías renovables, que deja de lado al carbón, así como los conflictos alrededor de la delimitación de los páramos y las polémicas consultas populares para frenar las actividades extractivas fueron algunos de los temas más importantes de este 2017.
EL TIEMPO quiso saber la opinión de seis expertos en este tema.

Ómar Franco. Director del Ideam

El Ideam, fiel a su misión, le ha entregado al país importantes productos científicos, que se constituyen en eficaces insumos para apoyar la toma de decisiones a nivel territorial y sectorial; sin embargo, quiero resaltar un producto en particular: la Tercera Comunicación Nacional de Cambio Climático.
Este es el reporte que periódicamente los países miembros de la Convención de Naciones Unidas para el Cambio Climático deben entregar para informar al mundo y a sus mismos países sobre los impactos y desafíos que se tienen frente al tema. Este esfuerzo de casi cuatro años de trabajo interinstitucional e interdisciplinario permitió construir un acervo de información novedosa, sobre todos los diferentes aspectos que conciernen al cambio climático en Colombia: los escenarios a 2100; el Inventario Nacional de Gases Efecto Invernadero (GEI); el análisis de riesgo por cambio climático; las acciones de mitigación, adaptación, educación, financiamiento y fortalecimiento institucional, entre otros.
La adaptación nacional al cambio climático empieza con una mayor información y buen conocimiento institucional y ciudadano del fenómeno; así mismo, la Colombia del postconflicto, necesariamente, debe ser un país con menor riesgo por cambio climático, que sustente la construcción de paz territorial.
De este mismo modo, el informe le permite a cada departamento conocer no solo cuántas son sus emisiones de GEI, sino identificar cuáles son los sectores y subsectores de la economía claves para diseñar e implementar proyectos de mitigación del cambio climático en sus territorios.

Manuel Rodríguez Becerra. Primer ministro de Ambiente en Colombia

En 2017, el vaso luce medio lleno y medio vacío en materia ambiental. En el ámbito internacional, la decisión de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París sobre cambio climático y la manifestación de un amplio número de estados y ciudades de los EE. UU de fijar altas metas de reducción de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Infortunadamente, ni la decisión de estos últimos ni la reiteración de los principales países del mundo de mantenerse en el Acuerdo y de fortalecerlo amortiguarían la decisión de Trump.
En Colombia, por otra parte, es positivo ver que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos continuó su programa de crear y ampliar las áreas protegidas de Colombia; de cumplir con sus propósitos pasará a la historia como uno de los mandatarios campeones en creación de parques nacionales naturales. Hay que recordar que estos constituyen la política ambiental de estado más exitosa de la historia de Colombia.
Al mismo tiempo, el Ideam señaló, en el Mapa de los Ecosistemas de Colombia, que en los dos últimos años se han transformado negativamente (deterioro o destrucción) más de 1’400.000 hectáreas de ecosistemas naturales. De continuar esta tendencia, en 18 años se arruinaría la mitad de la riqueza natural del país, es decir, aquella parte de los ecosistemas que hoy se encuentran en buen estado de conservación. Esto es muy negativo.

Julio Carrizosa Umaña. Padre del ambientalismo en Colombia

Durante este año hemos tenido varias pruebas de la gravedad de lo que está sucediendo en el planeta y en Colombia. El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) ya encontró que la vulnerabilidad de nuestro país al cambio climático es muy alta. Esto se debe en gran parte a la complejidad de nuestros ecosistemas y al deterioro actual de la región del Caribe y de la Andina.
Los procesos más graves están sucediendo en La Guajira y en la costa del Pacífico, pero tenemos también síntomas en la cordillera como en el caso de Manizales y Mocoa. Sin embargo, no estamos considerando integralmente los problemas, nos olvidamos de la geografía y de la historia y procedemos como si nuestros ecosistemas no constituyeran el conjunto más complejo del planeta.
Es curioso cómo los candidatos siguen repitiendo soluciones tradicionales de la izquierda y la derecha diseñadas para otros países. Es necesario que las universidades los ayuden a reflexionar integralmente y a encontrar soluciones complejas a nuestros problemas complejos.

Brigitte Baptiste. Directora del Instituto Humboldt

El Mapa de Ecosistemas muestra unos cambios en el uso del suelo muy marcados para toda Colombia durante los últimos años, de casi 1’500.000 hectáreas que han sido transformadas por diversas fuerzas y en diversas regiones. Y eso no necesariamente es malo, es una señal también de apropiación del territorio, pero hay que mirar con mucho cuidado qué estamos haciendo con él. Me preocupa mucho la expansión incontrolada del arroz en las sabanas inundables del Casanare y Arauca, no por una política gremial sino porque es un cultivo difícil de controlar y muy especulativo. Hay un reto para los alcaldes que no están cumpliendo con su función como autoridad ambiental.
Lo más positivo es que estamos a punto de cumplir la meta Aichi en áreas protegidas, con la ampliación del santuario de Malpelo, así como la ampliación del PNN Chiribiquete y la creación de los dos grandes DMI en el Pacífico que muestran una opción distinta de hacer conservación que no se ha logrado en otras partes del país.

Germán Ignacio Andrade. Biólogo y profesor de la Universidad de los Andes

La conservación de los bienes de la naturaleza, que hoy llamamos biodiversidad y servicios ecosistémicos, es lo más sobresaliente del 2017. Como “vaso lleno” se reconoce que el Gobierno ha seguido empeñado en completar un sistema de áreas protegidas; y los logros en declaración son impresionantes. Llegamos a 1.000 áreas protegidas, y nos acercamos a los 30 millones de hectáreas. El “vaso vacío” es la gestión de conservación en el resto del territorio, que sigue retrasada. Las reservas privadas no reciben apoyo serio y suficiente. 
El Sinap no ha logrado generar categorías de manejo inclusivas para las áreas protegidas ya existentes. No se lograron las áreas étnicas; no hay procesos consolidados para categorías incluyentes de la población campesina. Se esperaría que en el 2018 los vacíos de gobernanza en las áreas protegidas puedan llenarse, con figuras para las áreas protegidas municipales, urbanas, campesinas, indígenas, dentro y fuera de sus territorios, y empresariales. También, podríamos estrenar el concepto “paisaje protegido” que se quedó engavetado.

Rodrigo Negrete. Abogado ambiental

Las consultas populares son, sin duda, el “personaje” del año en materia ambiental. Primero, representan un despertar de la democracia, debido a que los ciudadanos, haciendo uso de un mecanismo constitucional de manera directa, deciden sobre la posibilidad o no de que en sus territorios se desarrollen actividades económicas de carácter extractivo que generan graves impactos ambientales y sociales.
Segundo, las consultas populares representan la posibilidad de que las comunidades decidan sobre sus propias formas de desarrollo, su relación con la naturaleza y los derechos de las generaciones futuras. De igual forma, se constituyen en una revolución democrática frente a un modelo económico extractivo inconsulto e impuesto desde Bogotá que incluso les ocasiona desplazamiento.
A través de las consultas populares y de los acuerdos municipales en defensa del patrimonio ecológico y cultural, se materializan los intereses locales, el principio democrático, la autonomía territorial y el derecho a la participación ciudadana previstos en la Constitución Política.
Si el Gobierno no hubiese bloqueado al menos ocho consultas al no financiarlas estaríamos hablando de casi 20 este año, sumando 30 que están en curso, lo que constituye un hecho político sin precedentes en el país, donde el poder presidencial es casi absoluto y la autonomía territorial y la participación ciudadana han sido desconocidas históricamente.
TATIANA PARDO IBARRA
Twitter: @Tatipardo2
tatpar@eltiempo.com
Diana Rincón
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