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Educación

Lo que hay detrás de la crisis de la Universidad Incca de Colombia

Universidad Incca de Colombia.

Universidad Incca de Colombia.

Foto:Incca.

La rectora asegura que es por escasez de estudiantes, pero el sindicato denuncia derroche de dinero.

La crisis de la Universidad Incca de Colombia se ha agravado a tal punto que el Ministerio de Educación anunció medidas especiales de inspección y vigilancia, designando —por segunda ocasión— a un inspector 'in situ' para monitorear permanentemente a la institución educativa. En este momento hay una desfinanciación de 9.811 millones de pesos.
María Carolina Villamizar, rectora de la Incca, asegura que la crisis financiera se inició en 2008. “Al momento que recibimos la institución (2014) había un faltante de 8.000 millones de pesos, y a partir de ese momento, la operación de la universidad ha sido deficiente. Tenemos unos costos fijos muy altos y no se han reducido frente a los estudiantes que tenemos”, indica Villamizar.
EL TIEMPO tuvo acceso a los estados financieros de la universidad y constató que durante el 2018 los ingresos administrativos fueron de más de 18.000 millones de pesos, los gastos académicos (pago de docentes, laboratorios) fueron de 9.500 millones de pesos y los gastos administrativos de más de 16.800 millones, lo que deja una utilidad operativa negativa de 7.000 millones de pesos. 
Otra cosa opina María Teresa Garzón, presidenta del sindicato de la Universidad Incca. Según ella, la crisis de la institución inició hace varios años.
“Los problemas financieros se agravaron en el 2002, cuando la universidad cayó a 3.000 estudiantes. A raíz de eso, tuvimos que ceder nuestro pasivo laboral para que la institución retomara su rumbo. En el 2008, la universidad se logró posicionar para ganar más estudiantes. Para el 2014, cuando llegaron María Carolina Villamizar y María Solita Quijano Samper (presidenta de la universidad), ya había 5.000 estudiantes. No obstante, la llegada de Villamizar Bonilla, hija del rector (Jaime Villamizar Lamus), de otra universidad que estuvo en líos, la San Martín, perjudicó la imagen e inició la disminución de la entrada de estudiantes”, señala Garzón.
Además, denuncia que “la rectora incrementa los gastos de la universidad, por ejemplo, en servicio de vigilancia y de conducción para ella y su mamá”. Si bien la rectora reconoce que la empresa de seguridad de la universidad les presta protección a ella y a su madre porque “se han incrementado las amenazas”, por el “servicio de mi mamá no se paga nada extra”.

Del año 2019 no nos han pagado ningún salario y tenemos pendiente varios del 2018. Algunos profesores llevan más de 14 meses sin pagos y otros, ocho meses

La rectora explica que una de las razones principales de la desfinanciación es la falta de estudiantes nuevos. “En el 2008 había 7.000 estudiantes, en la actualidad tenemos 1.962 (...). Esto se explica por una tendencia que está pasando en varias instituciones académicas de educación superior, en donde no tenemos la flexibilidad de tener programas que requieren los jóvenes en este momento. Pero también se debe a que la reputación de la Incca se ha visto golpeada”, reconoce Villamizar.
La situación también ha perjudicado a los profesores. “Del año 2019, es decir, ya casi cuatro meses, no nos han pagado ningún salario y tenemos pendiente varios del 2018. Algunos profesores llevan más de 14 meses sin pagos y otros, ocho meses. De hecho, tampoco nos pagan la salud y no podemos acceder a ese servicio. Hay áreas académicas que están detenidas, como ingeniería de alimentos”, cuenta Garzón, presidenta del sindicato.
La rectora Villamizar confirma que hay deudas. “Los salarios atrasados de docentes corresponden a semestre vencido y los de administrativos a mayo y a agosto de 2018”, dice. Y señala que en 2008 había 60 programas con registro calificado, mientras ahora solo hay 15.

¿Cuál es la solución?

La rectora de la institución explica que el plan para inyectarle capital a la universidad se decidirá con el inspector 'in situ'. Sin embargo, “se había propuesto vender unos inmuebles situados en una zona distinta a la sede principal de la universidad, pero todavía esto no se ha realizado porque la economía del país está un poco parada, especialmente la finca raíz. También necesitamos ofrecer más programas, para comenzar a equilibrar la operación”, cuenta Villamizar.
Mientras tanto, para la presidenta del sindicato la solución es “una intervención total, removiendo a la rectora y a la presidente”. Considera que “el Ministerio de Educación debe tomar el control total y renombrar a los miembros del claustro y del Consejo Superior Universitario”.
Luego de la primera inspección que se hizo en la universidad, Mineducación aseguró haber encontrado “graves condiciones de calidad del servicio” ofrecido. Actualmente, en la Incca trabajan casi 500 personas, 300 son administrativas y 178 son docentes.
CAMILO PEÑA
campen@eltiempo.com
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