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Los desafíos para aprobar el proyecto de regulador convergente

La posible creación de un impuesto del 4 por ciento al consumo de datos tiene en alerta al sector de las telecomunicaciones.

La posible creación de un impuesto del 4 por ciento al consumo de datos tiene en alerta al sector de las telecomunicaciones.

Foto:EFE

Este martes se canceló una sesión en el Congreso en la que se socializaría la iniciativa.

En el Capitolio Nacional reposa la propuesta de un proyecto de ley, que fue presentado por el MinTIC en octubre de 2017 y que plantea la creación de un único regulador convergente.
La iniciativa propone que se unan las funciones de la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) y la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a una sola entidad, que será la Comisión de Comunicaciones y que se encargará de regular la provisión de redes y servicios de telecomunicaciones y los servicios de televisión y radiodifusión sonora. 
Pese a que durante todo este tiempo el proyecto no ha tenido avances en el Congreso, el presidente Juan Manuel Santos firmó un mensaje de urgencia para que se debata lo más pronto posible, lo que permitiría que se discuta en comisiones conjuntas del Senado y de la Cámara y no por separado.
Precisamente, el Congreso había citado este martes 29 de mayo a una sesión conjunta en la Comisión Sexta del Senado para socializar el proyecto y discutir algunos de los puntos principales. Sin embargo, la sesión se canceló por solicitud de algunos de los senadores que argumentaron que los ponentes Mario Alberto Fernández Alcocer y Wilmer Carrillo Mendoza no estaban presentes.
Los legisladores expresaron su inconformidad respecto al llamado del Gobierno de tramitar el proyecto rápidamente teniendo en cuenta que deberá pasar por cuatro debates y antes del 16 de junio, pues ese día culmina el periodo de sesiones.
Durante su intervención, el senador del Partido Liberal Guillermo Santos apuntó: “No veo realmente un acto de seriedad ni de responsabilidad que un tema de tanta importancia no solo para un sector de la población sino para los colombianos se esté discutiendo a estas horas”. El congresista agregó que es importante realizar audiencias públicas para debatir el proyecto.
El ministro de las TIC, Juan Sebastián Rozo, señaló que el Gobierno está listo para empujar la ponencia y lograr que el proyecto avance en el Congreso. "Creemos que el regulador convergente es una necesidad para el sector y el Estado para poder responder a la dinámica de la tecnología. Eso cerraría mucho el ciclo que hemos venido haciendo en materia institucional”, afirmó.
Algunos senadores aprovecharon para manifestar sus preocupaciones por algunos de los puntos. El senador Mauricio Aguilar destacó que en un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) presentado en 2014 el organismo planteaba cuatro observaciones que no se han contemplado en las que se resaltaba, por ejemplo, que el marco carece de una autoridad de la competencia independiente.
Precisamente, la creación de un regulador convergente era uno de los requisitos exigidos por la Ocde para que el país ingresara a este organismo y cuyo acuerdo se firmará finalmente este miércoles 30 de mayo. “El argumento más importante de este proyecto es que hacía parte de las condiciones de la OCDE para entrar al club y ya entró, pareciera que fuera como la ñapa que le quisieran entregar. Como Polo Democrático tenemos serios reparos”, afirmó el congresista Senen Niño.
Aguilar resaltó igualmente que el proyecto puede poner en riesgo a la televisión pública al acabar con el fondo de comunicación y los contenidos de la televisión. “En las provincias la televisión comunitaria es fundamental. Tenemos que velar por la defensa de la cultura y la visibilización de las regiones”, añadió.
Rozo destacó que la sesión de este martes era importante para precisamente conocer los cambios que plantean los ponentes del proyecto en ese sentido. 
"En nuestro proyecto no hay unificación de fondos porque consideramos que es fundamental mantener protegidos los recursos de la televisión pública, en esta ponencia lo que se hace es juntar los fondos y adicionalmente tener una contraprestación única hacia la baja en 1.96. Para nosotros eso genera unos interrogantes, quisiéramos entender cuáles son los ejercicios financieros para llegar a esas cifras", afirmó la cabeza de la cartera de las Tic.
Los agentes de la industria ven con buenos ojos la iniciativa y afirman que la creación de un único regulador convergente ayudaría a promover la inversión para el sector.
Alberto Samuel Yohai, presidente de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones (Ccit) aseguró que se lograría una mayor seguridad jurídica a los inversionistas. “Los jugadores de las telecomunicaciones y televisión son cada vez más parecidos. Están empezando a pensar en servicios convergentes por eso es tan importante que contemos con un regulador y un fondo convergente, que tengaN unas líneas muy bien focalizadas”, dijo.
La Ccit sugirió que un 15 por ciento del fondo convergente vaya de manera asegurada para los contenidos de televisión pública y regional lo que, según Yohai, permitiría que se contara con alrededor de 60 mil millones de pesos adicionales en un periodo de 10 años. “Es importante asegurar que la televisión publica quede protegida y que los contenidos sigan generándose de una manera importante”, añadió.
El pasado martes 24 de abril se había citado a un encuentro en la Comisión Sexta para discutir algunos puntos de ese proyecto de ley. La mayoría de los asistentes coincidieron en que el proyecto es necesario para enfrentar los cambios que supone la economía digital.
Nancy Patricia Gutiérrez, presidenta de Asomóvil, señaló en su momento “que se necesitan medidas como el regulador convergente, pues esto va a hacer más ágil el sector y podrá generar más dinámica en las inversiones", señaló Gutiérrez.
El proyecto también contempla que el país aumente el plazo de permisos para uso del espectro, que actualmente es de 10 años, a 30 años.
La junta del regulador estaría compuesta por cinco expertos comisionados designados por periodos fijos de seis años no reelegibles. Dos serán designados por el Presidente de la República y tres designados por la sociedad civil. Estas personas deberán tener una experiencia mínima de 10 años en el sector.
Cabe resaltar que hasta el momento la ponencia de la iniciativa solo se ha radicado ante el Senado.
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