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Salud

Confirman fallo fiscal contra 2 ex-Súper por caso Saludcoop

Instalaciones de Saludcoop

Instalaciones de Saludcoop

Foto:Archivo EL TIEMPO

La Contraloría General ratificó en segunda instancia el fallo por desviar $ 91.133 millones.

Ronny Suárez
Considerando que en la intervención que se hizo hace ocho años de Saludcoop, se repitieron las prácticas cometidas entre 1998 y el 2010, con las que directivos de esa EPS habían desviado millonarios recursos de la salud, la Contraloría General ratificó ayer un fallo fiscal contra varios exfuncionarios que participaron en esa intervención.
La Contraloría General confirmó el fallo fiscal de primera instancia –proferido en mayo pasado– en el que condenó a los exsuperintendentes de Salud Gustavo Morales Cobo y Conrado Adolfo Gómez Vélez por el desvío de millonarios recursos de la salud de los colombianos.
La condena fiscal también se confirmó contra los agentes interventores de la EPS Wilson Sánchez, Mauricio Castro y Guillermo Grosso Sandoval.
Así, todos deberán responder solidariamente y pagar 91.133 millones de pesos, que corresponden al valor indexado del detrimento que en la época se contabilizó en 69.000 millones de pesos.
Esta condena se conoce justo dos años después de que entró en operación Medimás, la EPS que recibió en el 2012 a los pacientes de Cafesalud, entidad que reemplazó a la liquidada Saludcoop después del rosario de irregularidades que hubo en su administración, intervención, y liquidación.
La Contraloría encontró en el proceso fiscal que los exfuncionarios utilizaron recursos del sistema general de seguridad social, que debían destinarse a la salud de los afiliados de Saludcoop, en gastos diferentes, en infraestructura y contratos de arrendamiento para mejorar la propia red de salud.
Así, aunque debían vigilar la adecuada administración de los recursos durante la intervención de Saludcoop, según la Contraloría, “no hicieron nada para evitar que se desviara esa cantidad de dinero”. La Contraloría dijo que la ley prohíbe gastar los dineros de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en conceptos distintos a la salud de los colombianos. Además, se permitió que los recursos que recibió Saludcoop en la intervención por concepto de los copagos y las cuotas moderadoras, que son dineros de uso exclusivo para la atención de usuarios, fueran incorporados al patrimonio de la EPS.
Esa práctica precisamente había sido cuestionada antes de la intervención de la EPS Saludcoop, “y, sin embargo, persistió en esta nueva etapa”, la de la intervención, dijo el organismo.
También se pagaron patrocinios, millonarios honorarios a abogados y auditores forenses, asesorías técnicas, intereses de créditos, contratos de leasing y hasta la compra de una clínica.
“Tales erogaciones solo pueden hacerlas con recursos propios o con cargo a sus utilidades como EPS”, aseguró la Contraloría en la imputación de cargos.
El fallo de la Contraloría no solo implica que los responsables no pueden contratar con el Estado, sino que además serán embargados sus bienes inmuebles y cuentas bancarias.
Gustavo Morales, exsuperintendente nacional de Salud, al conocer la decisión de segunda instancia, afirmó: “La Contraloría, en lugar de perseguir a los verdaderos corruptos, sanciona de manera inclemente a quienes tomamos decisiones muy difíciles para garantizar la prestación del servicio de salud”.
Por su parte, Conrado Gómez, quien como superintendente ordenó la intervención de Saludcoop, aseguró que nunca hubo detrimento patrimonial y dijo que la decisión de la Contraloría no tiene en cuenta que se realizaron pagos específicos para el arriendo de equipos e instalaciones para garantizar la atención de miles de personas. Dijo, además, que los bienes que se adquirieron siguen en poder del Estado “y están listos para ser vendidos”.

Juicio disciplinario por giros de Medimás

Por la presunta omisión en la vigilancia del destino de giros que Medimás hacía a varias IPS, la Procuraduría citó a juicio disciplinario a la exsuperintendente delegada para la Supervisión de Riesgos (e) Edna Paola Najar Rodríguez.
Al parecer, los recursos habrían sido girados mediante la figura de anticipos médicos a las IPS Miocardo S. A. S. y Procardio Servicios Médicos Integrales S. A. S., presuntamente para usarlos en operaciones de inversión asociadas con el plan de reorganización de Cafesalud.
Para el Ministerio Público, a pesar de aparentemente contar con evidencia del supuesto uso indebido de los recursos de la salud, la exfuncionaria no habría informado de la situación ni adoptó medidas para evitarla, pudiendo beneficiar con ello a particulares.
Además, la Procuraduría también le formuló cargos por supuesta inactividad y abandono en el ejercicio de sus deberes.
Durante la audiencia pública, Najar podrá defenderse, solicitar pruebas y dar versión libre si así lo solicita.
REDACCIÓN SALUD Y JUSTICIA
Ronny Suárez
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