Proceso de Paz

‘Ya los fusiles no son los que definen la propiedad rural’: Sabogal

El director de la Unidad de Restitución dijo que en siete años se han devuelto 302.548 hectáreas.

Daniel Cabrales, restitución Córdoba

Daniel Cabrales regresó a su predio en 2016, luego de un proceso de restitución de tierras.

Foto:

María Isabel Ortiz Fonnegra / EL TIEMPO

22 de julio 2018 , 05:41 p.m.

“Ya no son los fusiles los que definen la propiedad de la tierra”. Con esta afirmación, el abogado y economista Ricardo Sabogal Urrego, director saliente de la Unidad de Restitución de Tierras, resume lo que han sido siete años devolviéndoles sus predios a los despojados por actores armados.

Las cifras que revela son estremecedoras, como las que señalan que más de un millón de hectáreas fueron objeto de despojo desde 1990, pero también alentadoras, como el hecho de que 38.954 víctimas con sus familias ya retornaron a sus predios.

En diálogo con EL TIEMPO, Sabogal aseguró que el reto del nuevo gobierno será llevar el Estado a la región, pues “si hay Estado en lo regional, las comunidades volverán a sus tierras”.

¿Qué balance se puede hacer de la restitución en estos siete años?

El balance es positivo. Hoy en Colombia, los conflictos agrarios ya no son resueltos por los actores armados, sino que hoy en día la conflictividad agraria se está tramitando a través de los despachos de los jueces de restitución, quienes están definiendo la titularidad de las tierras y están escuchando a los campesinos.

Ya no son los fusiles los que definen la propiedad rural. Esa historia de cuando el jefe guerrillero o el jefe paramilitar definían quién se quedaba y quién se iba, hoy es cuento del pasado. Ahora nuestra Fuerza Pública es la que hace presencia y garantiza que los fallos de los jueces se cumplan. Llevamos 302.548 hectáreas de tierra devueltas, que han beneficiado a 38.954 campesinos y comunidades étnicas víctimas del conflicto. Otras 500.000 hectáreas están listas para fallo.

¿Cuál es el total de tierras con problemas de despojo?

Hemos identificado más de un millón de hectáreas con problemas de este tipo.

¿El proceso ha ido más lento de lo esperado?

Hace poco vinieron expertos internacionales y la verdad terminamos muy tranquilos, porque vimos que nuestro proceso es uno de los más rápidos del mundo. Tenemos que reconocer el acompañamiento de la Fuerza Pública. No hay que olvidar que el proceso de restitución va hasta 2021.

La restitución es acercarles esa posibilidad a los campesinos, poder acceder a la justicia. La gente ya no tiene un actor armado presionándola


¿Qué significa la restitución en Colombia?

Significa el pago de una deuda histórica con el campesino. Significa justicia para el campo. Nuestros campesinos antes estaban lejos de los jueces, para ellos era más práctico acudir a un actor armado ilegal. La restitución es acercarles esa posibilidad a los campesinos, poder acceder a la justicia. La gente ya no tiene un actor armado presionándola.

¿Cómo se está haciendo para que el campesino pueda hacer que su tierra sea productiva de nuevo?

El Gobierno, desde que inició la política, dispuso de un programa de proyectos productivos para que los campesinos que decidieran volver tuvieran en qué trabajar la tierra y también una vivienda digna. El apoyo consiste en que se les entregan unos recursos y el Gobierno contrata una empresa de asistencia técnica que trabaje con ellos.

¿En estos siete años qué obstáculos se han presentado?

Hay dos tipos de obstáculos: los actos que vienen de la guerra –minas antipersonal y organizaciones ilegales– y lo que tiene que ver con la información catastral deficiente y la alta informalidad en la tenencia de la tierra.

¿Qué retos tiene la restitución de aquí en adelante?

En las zonas donde ya se aplicó el proceso, el reto está en hacer la restitución sostenible, eso significa llevar desarrollo rural con enfoque territorial, que existan vías, escuelas, que haya de verdad posibilidades de acceder a la salud.
El reto mayor está en hacer la restitución donde hasta el momento no se ha podido llegar por los problemas de orden público. Estamos hablando de cuatro zonas del país: Urabá, bajo Cauca, Catatumbo y costa Pacífica y Nariño.

¿Qué pasa en estas zonas?

Una combinación de cultivos ilícitos y bandas criminales. En algunos casos hay minas antipersona.

¿Cómo hacer la restitución en esas zonas?

El reto es para el Estado, toda vez que allá hay debilidad estatal y esto es lo que permite la presencia de fenómenos como el narcotráfico y grupos ilegales.

¿Cómo se puede competir con la coca?

No es fácil. Pero si usted le da al campesino con qué trabajar, una vivienda digna y además desarrolla la zona, esta persona va a ser renuente a la ilegalidad, pero si no lo hace, muy seguramente estará a merced de las actividades ilegales. Lo importante es cómo hacer producir las tierras, cómo hago para que la gente produzca.

¿Qué porcentaje de deserción se presenta con los beneficiarios?

Ese es uno de los grandes éxitos de la restitución en Colombia: hasta el momento ninguno de los restituidos ha vuelto a salir de sus predios.

¿Hay que aumentar el número de jueces?

El número actual de jueces es una cifra importante. Son jueces y magistrados dictando sentencias todos los días. Pero lo clave no es el número de jueces, sino la complejidad del proceso, porque hay que escuchar a todas las partes.

¿Cuál es su mayor frustración en estos siete años?

Lo que está pendiente en Urabá es poderoso, siento que allá a los campesinos se les ha martirizado y aún persisten esas victimizaciones. Espero que el nuevo gobierno pueda trabajar en Urabá.

En los últimos días ha habido un aumento en el número de asesinatos de líderes de restitución, ¿qué hacer?

Esta es una política que toca callos y esto obviamente tiene una amenaza constante contra los reclamantes. La Unidad Nacional de Protección tiene un programa dedicado exclusivamente a proteger a reclamantes de tierras. No hemos escatimado esfuerzos. Nuestra geografía es muy compleja y eso provoca que, en ocasiones, los reclamantes estén expuestos.

¿En qué queda el proceso en general?

El proceso queda en un 80 por ciento tramitado en lo que le corresponde al Gobierno. Ya han sido analizadas más de 86.000 solicitudes, de 112.000. En términos de verdad, justicia y reparación, hay un número importante de sentencias en las que se dice qué pasó con cada predio.

¿Cuál es la clave para que lo que queda del proceso sea exitoso?

Llevar el Estado a la región. Si hay Estado en lo regional, las comunidades volverán a sus tierras.

POLÍTICA

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