En una audiencia de más de seis horas en la que 14 militares se sometieron a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), estos miembros de la Fuerza Pública se vieron cara a cara por primera vez en la justicia derivada del acuerdo de paz con las madres de cinco jóvenes de Soacha (Cundinamarca) y Ocaña (Norte de Santander), ejecutados extrajudicialmente en 2008.
Idaly Garcerá, madre de Diego Alberto Tamayo, uno de los jóvenes inicialmente desaparecido y posteriormente asesinado para ser presentado como guerrillero dado de baja por la Brigada Móvil 15, señaló en su intervención durante la diligencia: “he esperado estos 10 años de audiencias para escuchar a los señores implicados, espero que de verdad se acojan a la justicia plena para saber la verdad. Esto es muy importante para las víctimas para que tengamos un poquito de alivio en el alma"
Las víctimas indirectas citadas en este caso por la ejecución de los jóvenes, cuyas edades oscilaban entre los 17 y 25 años, fueron además de Idaly Garcerá, Edilma Vargas, madre de Julio César Mesa Vargas; Luz Edilia Palacios, madre de Jader Andrés Palacios Bustamante; Mélida Bermúdez, familiar de Jhonatan Orlando Soto Bermúdez; Carmenza Gómez, familiar de Víctor Fernando Gómez Romero.
"Nuestros hijos siempre los tendremos con nosotros. Sufro mucho por él, porque me hace mucha falta, lo extraño mucho, deseo que se conozca la verdad plena. Quisiera que estuvieran los altos mandos que les ofrecieron cosas a estos hombres para que cometieran lo que cometieron. Quiero recibir la verdad completa, no de solo ellos (los 14 militares comparecientes) sino también de los altos mandos", agregó Garcerá, quien tomó la vocería de las víctimas ante los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, instancia de la JEP especializada en casos de los miembros de la Fuerza Pública que adelantó la audiencia .
Además del reconocimiento de las madres como víctimas por estos hechos, el coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado, en calidad de comandante de los operativos bajo los cuales se produjeron esas desapariciones y posterior asesinatos por los cuales se sometió a la JEP, pidió perdón a las víctimas y entregó tres tomos gruesos de las operaciones que dirigió en 2007 y 2008 con el fin de que la JEP estudie eventuales conductas irregulares. Este oficial también tiene otros 16 procesos en su contra por ejecuciones extrajudiciales, fenómeno conocido como los 'falsos positivos'.
Los jóvenes desaparecidos y posteriormente presentados como exguerrilleros dados de baja en combate por los militares citados a la justicia de paz fueron los jóvenes Julio César Mesa Vargas, quien trabajaba en construcción; Jader Andrés Palacios Bustamante, desempleado; Víctor Fernando Gómez Borrero, quien trabajaba con su padre; Jhonatan Orlando Soto Bermúdez, quien trabajaba en calzado, y Diego Alberto Tamayo Garcerá, quien era desempleado.
La abogada de Luz Nidia Torres Gómez, hermana de este último, pidió también ser reconocida como víctima.
Las mamás de las víctimas de falsos positivos pidieron estar presentes en el reconocimiento de los militares ante la JEP.
Foto:César Melgarejo
En la audiencia están presentes las familias de cinco víctimas de falsos positivos.
Foto:César Melgarejo
Familias de falsos positivos protestan en frente de la JEP porque dicen que proceso en ese tribunal genera impunidad.
Foto:César Melgarejo
Entre los citados están dos oficiales, un suboficial y once soldados de las Fuerzas Militares que tienen condenas impuestas por la justicia ordinaria de más de 40 años por los delitos de desaparición forzada, homicidio y concierto para delinquir por esas cinco ejecuciones extrajudiciales.
Los 14 militares que comparecieron, unos vinculados a más procesos por 'falsos positivos' que otros, igualmente se comprometieron a decir la verdad plena y varios incluso plantearon alternativas de reparación como trabajo social en las comunidades y cátedras de paz, como el propio coronel Rincón.
Solo uno de los 14, el soldado Geiner Fuertes Billermo, dijo que no es responsable de estos hechos y en todo caso pidió perdón por los delitos que presuntamente cometieron sus compañeros de grupo.
Los magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas también les recordaron, al inicio de la diligencia, a estos integrantes de la Fuerza Pública el régimen de condicionalidad, particularmente a quienes gozan del beneficio de libertad transitoria o tienen una reclusión especial en unidad militar, que, entre otros compromisos, los obliga a comparecer ante cualquier llamado de la JEP.
El único de los 14 citados que goza de libertad condicional es Medardo Ríos Díaz, soldado involucrado por llevar a los jóvenes hasta el falso retén y quien por esos hechos fue condenado a 45 años de prisión. Otro soldado está en la cárcel de Facatativá, y el resto está recluido en unidades militares.
Mónica Sánchez Medina, procuradora de la delegada ante la JEP, en su intervención pidió la acumulación de este caso con los demás relacionados con 'falsos positivos' y Lucía Margarita Luna, fiscal de la Unidad de Investigación y Acusación (Fiscalía de la JEP), pidió una audiencia reservada para analizar las condiciones de seguridad de algunas de las madres de Soacha, quienes han recibido amenazas por reclamar justicia para sus casos.
Reinaldo Villalba, uno de los abogados de las víctimas, dejó sobre la mesa el interrogante de los tiempos procesales de las víctimas para recurrir en la JEP con el fin de que los 'falsos positivos' no sean considerados como un hecho relacionado con el conflicto armado. Con esta tesis, que tanto él como otros representantes de víctimas en otros casos de este fenómeno sostienen jurídicamente, pretenden que la JEP no conozca de estas ejecuciones extrajudiciales.
Con esa reflexión ante la Sala de Definición de la JEP, Villalba, pidió que se permita este tipo de recursos antes de que el caso llegue a la Sala de Reconocimiento de Verdad por economía procesal. En todo caso, llamó que se vincule a altos mandos y se verifique bajo qué política, "si es el caso de la seguridad democrática", sucedieron estos falsos positivos
Pedro Elías Díaz, presidente de la sala de Definiciones de Situaciones Jurídicas y quien dirigió la audiencia, concedió esa audiencia de carácter reservado solicitado por la Fiscalía para analizar la situación de seguridad de las madres de los 'falsos positivos'.
Y sobre el punto de la acumulación, el magistrado Díaz señaló que la "acumulación de procesos es competencia de sala de verdad y otras secciones, para analizar contextos. La competencia de la Sala de Definición es recoger en una especie de instrucción a partir de los expedientes que lleguen de la jurisdicción ordinaria, ya que recogen elementos, al tiempo que va verificando el régimen de condicionalidad. Esta audiencia se inició para traer procesos por los cuales se concedieron beneficios a los comparecientes y poner de presente el control de condicionalidad".
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