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Partidos Políticos

Este es el proyecto para que los corruptos no tengan casa por cárcel

Tras la cumbre anticorrupción, el presidente Iván Duque le anunció al país, a la medianoche, que se constituirá una mesa técnica para consensuar los proyectos legislativos de diversos origen, con el fin de presentarlos en pocos días al Congreso con llamado de urgencia, para que se priorice y agilice su trámite.

Tras la cumbre anticorrupción, el presidente Iván Duque le anunció al país, a la medianoche, que se constituirá una mesa técnica para consensuar los proyectos legislativos de diversos origen, con el fin de presentarlos en pocos días al Congreso con llamado de urgencia, para que se priorice y agilice su trámite.

Foto:Presidencia

El Gobierno radicó iniciativas para darles cumplimiento a los mandatos de la consulta popular.

Jhon Torres
Los funcionarios y servidores públicos capturados por corrupción, así como los miembros de la Rama Judicial, la Procuraduría y el Inpec que "atenten contra la eficaz y recta administración de justicia" deberán "ser detenidos o recluidos en establecimientos penitenciarios y carcelarios, sin ningún privilegio especial".
Eso es lo que dice uno de los 10 artículos del proyecto radicado este martes, tras lograr consenso en la Mesa Anticorrupción, con el que se pretende acabar con una de las situaciones que más desgastan la imagen de la justicia en Colombia: las polémicas gabelas de sitios de reclusión especial y casa por cárcel que han terminado beneficiando a protagonistas de los escándalos del saqueo a los recursos públicos.
Expresamente, el proyecto prohíbe el beneficio de prisión domiciliaria al incluir los delitos de corrupción en el mismos grupo de los considerado altamente riesgosos para la seguridad ciudadana, y lo mismo señala para la detención preventiva (la que se aplica durante los procesos, antes de una condena).
Como se acordó en la Mesa Anticorrupción, se prohíbe cualquier acuerdo o negociación con la justicia si el corrupto no devuelve previamente al menos la mitad de lo que se robó y garantice el pago del restante. De esta manera se acabaría la historia de los que defraudan al Estado y reciben automáticamente la rebaja de la mitad de la pena por aceptar cargos, sin devolver un peso.
Quien mienta en ese tipo de acuerdos perderá las rebajas alcanzadas. "En caso de que el condenado esté gozando de libertad, el juez expedirá la correspondiente orden de captura", dice la iniciativa.
La Fiscalía podrá pedirle al juez de garantías que congele los bienes del investigado "con el fin de proteger el patrimonio del Estado y garantizar la indemnización de los perjuicios causados, en caso de una eventual condena".
ELTIEMPO.COM
Jhon Torres
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