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Partidos Políticos

Campañas políticas, entre la filosofía y las matemáticas

El analista cree que debe eliminarse la reposición de votos y establecerse de manera exclusiva un financiamiento anticipado.

El analista cree que debe eliminarse la reposición de votos y establecerse de manera exclusiva un financiamiento anticipado.

Foto:Luis Lizarazo / EL TIEMPO

Un análisis del exviceministro Juan Fernando Londoño sobre el financiamiento electoral.

Diana Rincón
Existe un consenso en Colombia sobre la relación entre el actual sistema de financiamiento político y los altos niveles de corrupción.

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La búsqueda individual de votos en un escenario de multitud de candidatos, ocasionada por el voto preferente, ha generado campañas escandalosamente costosas y financiadas crecientemente con recursos ilegales. Una vez en el poder, los políticos dedican gran parte de sus esfuerzos a devolver los favores de sus financiadores.
Para conseguir credibilidad en la democracia colombiana se necesita un sistema de financiamiento electoral realista, cuyos elementos principales deben ser: las listas cerradas, la reducción de los gastos de campaña, el giro de los recursos en forma anticipada, fuentes reales para nutrir los fondos públicos y un mecanismo eficaz de control sobre los gastos que no se reporten.
Reformar el financiamiento permitirá generar transparencia y equidad en la competencia política. Un buen esquema se debe centrar en que los políticos no necesiten mentir, como sucede hoy, sino en permitir a los honestos que puedan competir y renovar de ese modo la política. No solo con gente nueva, sino con prácticas nuevas.
Para avanzar es necesario superar la dicotomía entre financiamiento público y privado. La idea de financiamiento público total enfrenta serios reparos tanto desde lo filosófico como desde lo matemático.
(Le puede interesar: ¿Cómo terminar el flagelo de la violación de topes en campañas?)
Para empezar, resulta necesario destacar que ningún país tiene un régimen de financiamiento político absolutamente público. Por el contrario, algunos países, como Venezuela y Bolivia, han prohibido por completo que el Estado financie las campañas, pero la intención ha sido sofocar a la oposición política más que promover un esquema transparente de financiamiento.
¿Por qué ningún país tiene un esquema de financiamiento público exclusivo? Por argumentos poderosos tanto en lo conceptual como en lo práctico.

Buscar los votos

En el campo filosófico, el principal argumento para evitar el financiamiento público exclusivo es prevenir la dependencia política de los recursos estatales. Los partidos están para representar a la sociedad, y esto se hace mediante los votos, pero crecientemente también con el financiamiento. Al fin y al cabo, una definición sarcástica es que la política busca los votos de los pobres y el dinero de los ricos, para defenderlos a los unos de los otros.
El argumento de que las donaciones políticas son una forma de expresión de las preferencias ciudadanas es, sin duda, poderoso en una sociedad liberal. Este ha sido llevado a su extremo por la Suprema Corte de los Estados Unidos.
En un fallo muy controvertido conocido como Citizens United, afirmó que coartar el financiamiento privado atenta contra la libertad de expresión y que, incluso, las personas jurídicas pueden realizar dichos gastos.
Uno de los efectos de esta decisión es el costo exorbitante de las campañas en Estados Unidos con Hillary Clinton, Barack Obama y Mitt Romney, que llegaron a tener gastos superiores a los 1.100 millones de dólares. Curiosamente, Donald Trump, siendo más rico, gastó menos en la campaña.
La mayoría de las democracias evitan llegar a tal extremo, pero reconocen la importancia de permitir donaciones individuales y establecer límites al dinero privado para evitar la influencia predominante de los ricos, quienes además cuentan con otros mecanismos para defender sus intereses, como el lobby, la defensa corporativa y la gestión gremial.
Estos instrumentos no los poseen los débiles y desposeídos, quienes de manera usual cuentan apenas con sus votos y su capacidad organizativa para hacerse escuchar.
El financiamiento privado incentiva el involucramiento de los ciudadanos en la política. Aquellos dispuestos a donar pequeñas sumas lo hacen porque poseen mayores niveles de compromiso político. Igualmente, las contribuciones generan mayor responsabilidad, pues los ciudadanos tienen mayor disposición a controlar aquello en lo que invierten de una manera directa. Mientras que el financiamiento público también sale de los contribuyentes, pero de forma indirecta.
Por último, los aportes privados ayudan a que los partidos sean más proclives a rendir cuentas, pues tienen un grupo de personas –los afiliados y los donantes– al que deben responder por sus actuaciones. Con el dinero público, este control se vuelve más tenue.
El objetivo no debe ser prohibir el financiamiento privado, sino hacerlo transparente.

El financiamiento privado incentiva el involucramiento de los ciudadanos en la política

Las sumas

Los argumentos más importantes contra un esquema de financiamiento público absoluto provienen de las matemáticas.
En el esquema actual es imposible financiar las campañas individuales de miles de candidatos, 112.000 para las últimas elecciones locales y 2.441 para 269 curules en el Congreso. Por ello, el ministro del Interior ha dicho que el esquema solo funcionaría con listas cerradas, pero incluso así es necesario revisar otros aspectos.
El primero es que con listas cerradas o abiertas, los recursos públicos deben llegar a tiempo para las campañas. Para esto debe eliminarse la reposición de votos y establecerse de manera exclusiva un financiamiento anticipado.
(Lea también: Apoyo a campañas políticas se retribuye a aportantes hasta por 1.500 %)
El dinero público en las campañas debe ayudar a generar equidad y transparencia y a fortalecer los partidos. Nada de esto se logra si los dineros ingresan un año después de la campaña.
Aun si no se puede eliminar el voto preferente, el Estado no puede seguir malgastando el dinero público. En las últimas elecciones se destinaron más de 260.000 millones de pesos para la campaña, pero con ello no se logró ni mayor transparencia ni mayor equidad.
El punto más complicado es obtener el dinero para financiar de forma sustancial las campañas, pues si el dinero es insuficiente –incluso con listas cerradas– los partidos buscarán recursos adicionales, legales o ilegales. No sabemos exactamente cuánto cuestan las campañas, pues nuestro sistema obliga a todos a mentir para presentar cuentas que no se salgan de los topes.
Además, no todos los políticos electos gastan lo mismo; algunos llegan hasta entre 10 y 20 veces más de lo permitido, otros solo 5 veces. La excepción es ser elegido sin vulnerar los topes.

El dinero público en las campañas debe ayudar a generar equidad y transparencia y a fortalecer los partidos

Las restas

Para hacer viable el financiamiento se requiere, primero, reducir los costos electorales. Esto se logra bajando el tiempo de las campañas y estableciendo un sistema de subsidios para la publicidad electoral, tal como sucede en varios países. Entre ellos, México.
Pero esto solo cubre una parte del gasto en campaña, la que no se puede ocultar. La mayor porción se dedica a la distribución de dinero en efectivo hacia los líderes electorales que ayudarán a conseguir los votos, lo cual implica un reto fenomenal.
En cualquier caso, es necesario encontrar fuentes financieras para nutrir fondos de financiamiento político que no dependan solo del Gobierno central. Lo que propongo es un gran fondo para el financiamiento democrático, tanto en su expresión representativa como en su forma participativa.
Para financiar las campañas, incluidas las locales –que son las más atractivas para los contratistas–, se puede establecer una contribución sobre la contratación pública, que paguen los propios contratistas. Con un 0,5 por ciento de contribución, los contratistas financiarían todo el sistema y su cobertura alcanzaría las entidades territoriales.
Esto actuaría además como un antídoto, pues el dinero saldría de los mayores beneficiarios de la corrupción, del mismo modo que las vacunas extraídas de los propios virus.
Por último, el sistema no funciona si no hay una autoridad que haga respetar las reglas. Para ello es necesario fortalecer la Unidad de Delitos Electorales en la Fiscalía General. Si se ha aprendido algo en Colombia, esto es que la depuración de la política solo se produce cuando la justicia actúa.
El día que se investiguen los inmensos gastos electorales de ciertos candidatos y sean judicializados por ello, como por lavado de activos, todos los demás entenderán que es mejor tener una sistema de financiación eficaz que les evite buscar la compañía de ilegales para obtener curules.
Si queremos que las elecciones de 2018 sean distintas, es necesario reformar el sistema de financiamiento político; solo así será posible empezar a derrotar la corrupción e iniciar el camino para ganar la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Juan Fernando Londoño*
*Exviceministro del Interior y consultor político.
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