Congreso

Unificación de periodos se juega su vida en el Congreso

Proyecto implica extensión de mandatos de alcaldes y gobernadores, pese a reparos de opositores.

Consulta anticorrupción

Según la Contraloría, hacer las elecciones en un solo día les ahorraría más de 400.000 millones de pesos a los colombianos. 

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Jaime Moreno / EL TIEMPO

Por: Política
13 de octubre 2018 , 10:00 p.m.

Una dura controversia se está viviendo en el Congreso por cuenta de la posible extensión de los periodos de los actuales alcaldes y gobernadores, en la cual los promotores de la norma que plantea esta prórroga parecen estar tomando la delantera.

El escenario de esta polémica ha sido la Comisión Primera de la Cámara, donde se tramita un proyecto de acto legislativo que busca unificar los periodos de los mandatarios locales con el del Presidente de la República, lo que implicaría que los actuales alcaldes y gobernadores estarían en su cargos hasta el 19 de julio del 2022 y no hasta el primero de enero del 2020, como está previsto.

Uno de los principales objetivos de esta idea es que todas las administraciones comiencen y concluyan en los mismos años, lo que ayudaría, entre otras cosas, a armonizar la planeación, gestión y administración de los entes territoriales con los del sector central del Estado.

El proyecto original lleva la firma de congresistas de cinco partidos políticos y está impulsado por la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales y su directora Ejecutiva, Luz María Zapata.

Precisamente Zapata, quien lidera el proceso, dijo que lo que piden “es que se haga el debate, porque es un propósito que beneficia el ordenamiento institucional del país”.
Si la iniciativa es aprobada tal y como está en la ponencia mayoritaria y que impulsan estas entidades, el próximo año no habría elecciones locales sino que estas se realizarían en marzo del 2022, junto con las legislativas.

Todos los elegidos ese día se posesionarían el 20 de julio del 2022, el mismo año en el que se elegirá al próximo Presidente de la República, con lo que los cuatro años de periodo de congresistas, alcaldes, gobernadores, concejales, diputados, ediles y jefe de Estado coincidirían.

La posible extensión de los periodos de mandatarios locales ha levantado ampolla en algunos sectores de oposición, pero los ponentes del proyecto de reforma constitucional tienen argumentos bastante sólidos.

Para empezar, los impulsores de la modificación cuentan con un análisis de la Contraloría General de la República que, cifras en mano, les dio un reporte de cuánto se ahorraría por cuenta de esta unificación de elecciones: $ 409.694 millones.

Los cálculos del órgano de control fiscal se dieron con base en lo invertido por la Registraduría en pasadas elecciones y significarían un ahorro de la tercera parte de lo que se gastó en las elecciones de este año, que fue 1,2 billones de pesos.

A la par de este análisis de los costos, los impulsores del proyecto tienen un riguroso estudio jurídico que apoya la conveniencia de la unificación de los periodos de estos servidores y justifica la extensión –por una sola vez– de sus administraciones.

Los mandatarios actualmente en ejercicio fueron elegidos de conformidad con las leyes vigentes y respetando la regla de las mayorías

“Los mandatarios actualmente en ejercicio fueron elegidos de conformidad con las leyes vigentes y respetando la regla de las mayorías. En este sentido, las autoridades locales a las cuales eventualmente se les ampliaría el periodo fueron investidas por la soberanía popular y, por lo tanto, tienen completa legitimidad”, reza ese documento jurídico.

Y para completar hay una declaración conjunta de la Federación Colombiana de Municipios, la Federación Nacional de Departamentos y la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales en la que se advierten ventajas de la idea como es el aumento del “nivel de participación ciudadana” en las elecciones y el fortalecimiento de los partidos políticos.

Pese a estos sólidos argumentos, la iniciativa debe enfrentar dos desafíos: el primero son las voces opositoras a la norma. Estos sectores ya sufrieron una primera derrota con el hundimiento de la ponencia de la representante a la Cámara Ángela María Robledo, la cual proponía archivar la iniciativa. En consecuencia, el martes la votación comenzará con la ponencia mayoritaria.

El segundo reto es lo ajustado de los tiempos para ser aprobada en el Congreso. Por tratarse de una reforma constitucional, el proyecto debe superar cuatro debates antes del próximo 16 de diciembre, el primero de los cuales debe surtirse el próximo martes, en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Si ese día la iniciativa no es aprobada en la célula legislativa, entraría en una carrera contra el tiempo y la ansiada unificación de periodos estaría colgando de un hilo.

POLÍTICA
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