Congreso

Las opiniones cruzadas sobre la polémica ley del periodista

Para algunos, restringe la libertad de prensa. Otros defienden el reconocimiento de la profesión.

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Si pasa el segundo debate, el proyecto llegaría a plenaria del Senado.

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Juan Francisco Valbuena

Por: ELTIEMPO.COM
12 de diciembre 2018 , 09:02 p.m.

Después de que las organizaciones reunidas en el proyecto Antonio Nariño –Asociación Colombiana de Medios de Información, Fundación para la Libertad de Prensa, Fundación García Márquez para el Nuevo Periodismo Iberoamericano y Fundación Friedrich Ebert Stiftung, Fescol– emitieran un comunicado en el que formularon críticas al proyecto de Ley que busca restablecer la tarjeta profesional de periodista en Colombia, este miércoles se conoció otra voz del sector con una posición más favorable a lo que busca ese proyecto.

Se trata del director de Afacom, la Asociación de Facultades y Programas Universitarios de Comunicación, Alberto Martínez Monterrosa, quien opinó a favor de “la propuesta de dignificar la condición de periodista a través de la inquebrantable profesionalización”, según se lee en un comunicado.

“Apoyamos el articulado que reconoce como periodistas a quienes hayan cursado y aprobado un programa de comunicación social y/o periodismo, en el país o el exterior, al amparo del artículo 20 de la Constitución Nacional que, si bien determina la libertad de todos los ciudadanos de informar y recibir información, profesionaliza la actividad de ‘dar’ al cualificar el derecho con las voces “veraz e imparcial””, se lee en el comunicado.

En contraste, el proyecto Antonio Nariño había dicho que este proyecto, que ya fue aprobado en primer debate en la comisión Sexta del Senado, “va en contra” de lo que dice defender porque “lo que establece perjudicará al periodismo en Colombia y no avanza en la promoción de la ética periodística”.

“Si lo que busca el proyecto es la profesionalización de los periodistas, debería entonces hacer propuestas que avancen efectivamente en la consecución de este objetivo, en vez de en la exclusión de quienes no tienen título”, aseguran en el comunicado conjunto, y agregan que, en conclusión, “el proyecto crea un riesgo de discriminación muy amplio sin ofrecer ninguna justificación suficiente para la creación de una credencial”.

Alberto Martínez Monterrosa, quien participó en las audiencias públicas del proyecto de Ley, dice que esas críticas del proyecto Antonio Nariño le dejan inquietudes.

“La carta dice que la Ley crea periodistas de primera y de segunda categoría, pero ya tenemos periodistas de primera y de segunda categoría, tenemos una situación de hecho. Tenemos periodistas del centro del país, de grandes medios de comunicación, y periodistas de pequeños medios de comunicación, ahí hay primera y segunda categoría”, dice Martínez.

Aunque él está de acuerdo con la creación de una tarjeta profesional, sabe que esta puede ser declarada inconstitucional por el artículo 20 de la Constitución Política.

“La tarjeta sería excluyente”, asegura, respecto a quienes no son periodistas de formación o no cumplen los requisitos del proyecto de Ley para periodistas empíricos: mínimo 15 años de experiencia acreditada por medios o agremiaciones, o menos, siempre y cuando se demuestre que al menos el 70 por ciento de sus ingresos los recibe por el ejercicio del periodismo.

También la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, emitió este martes un comunicado en el cual manifiesta “sorpresa y desconcierto” por una figura (la tarjeta) “que hace más de 30 años fue descartada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. Según la directora del organismo, María Elvira Domínguez, directora del ‘El País’, de Cali, “este pretendida ley nos retrotrae a más de tres décadas, cuando la colegiación obligatoria y sus mecanismos eran utilizados por gobierno y grupos de poder para neutralizar a periodistas incómodos”.

"Ese tipo de decisiones fácilmente puede devenir en censura", añadió, sobre la posibilidad de un Consejo "que pueda decidir qué contenidos y qué líneas editoriales son las adecuadas".

En Colombia existió tarjeta profesional de periodista hasta 1998, cuando la Corte Constitucional la declaró inconstitucional, con ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria Díaz, pues el Estatuto del Periodista era de 1975, es decir, anterior a la actual Constitución. El alto tribunal consideró, entre otras cosas, que la tarjeta profesional se estaba usando como una mordaza a la libertad de prensa.

Para Alberto Martínez, el reconocimiento del ejercicio empírico del periodismo tenía sentido antes, pero no ahora, cuando hay 157 programas técnicos, tecnológicos y profesionales activos en comunicación social y periodismo, tanto en universidades públicas como privadas, en programas presenciales y a distancia.

El proyecto que pasó a segundo debate, de autoría del senador Richard Aguilar y cuyo ponente es el senador Jonatan Tamayo Pérez, ‘Manguito’, añadió un parágrafo que aclara: “A ninguna persona se le podrá exigir título o credencial profesional para su ejercicio laboral como periodista”, y cita la sentencia de la Corte. Sin embargo, mantiene la figura, que sería expedida por un Consejo Profesional, sobre el cual se centran las otras críticas a este proyecto.

¿Para qué un Consejo Profesional?

El proyecto que se discutirá en segundo debate establece como su objeto “la creación del Consejo Profesional del Comunicador Social y/o Periodista”, organismo sobre el cual, según el concepto del proyecto Antonio Nariño, “no establece mayores criterios”.

En el segundo, en cambio, establece una posible conformación por cinco miembros: un representante del Ministerio de Educación, un representante de programas universitarios de comunicación social, otro de gremio de base nacional de periodistas, otro de sindicato de base nacional de periodistas y uno más de gremio de base local de periodistas.

Lo más polémico de esta conformación es la presencia del Gobierno, ya que entre los objetos de ese consejo está fomentar la función social “a través de prácticas de autorregulación de quienes ejercen estas profesiones”, pero la presencia de un representante del Ministerio de Educación, para voces como la de Alberto Martínez, disminuye esa autorregulación.

Martínez contó, en comunicación con EL TIEMPO, que durante la audiencia pública y otras reuniones preparatorias quedaron sobre la mesa propuestas como que ese puesto no le pertenezca al Gobierno sino que sea un representante de los medios de comunicación. Esa propuesta podría ser discutida en el segundo debate.

Así mismo, reconoce que la ley no trae disposiciones que favorezcan la profesionalización –más allá de “beneficios administrativos y académicos” de las instituciones de educación superior para los periodistas empíricos que deseen profesionalizarse– y dice que la Ley sí debe tenerlas, pero que a asociaciones como Afacom solamente les corresponde exigir esa profesionalización. “Ni siquiera hay garantía de que el proyecto vaya a pasar”, asegura.

La jurisprudencia internacional y colombiana sobre la materia establece el derecho de acceso y difusión como universal, por lo tanto no favorece las disposiciones de esta Ley, pese a las últimas aclaraciones. Sin embargo, voces como la de Afacom y agremiaciones de periodistas del país siguen pidiendo mayor reconocimiento profesional de una profesión que, aseguran, no debería ejercer cualquiera.

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