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Congreso

Movimientos políticos con pocos afiliados no podrán avalar candidatos

Aspecto de un debate en el Congreso de la República sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Aspecto de un debate en el Congreso de la República sobre la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

Foto:César Melgarejo / EL TIEMPO

Uno de los pocos artículos de la reforma política acordada con Farc no alcanzó los votos en Cámara.

Andrea Morante
La plenaria de la Cámara no alcanzó los votos exigidos para aprobar el artículo que permitía que movimientos políticos que acreditaran un mínimo de afiliados pudieran avalar candidatos en las elecciones.
El rechazo se dio en medio de la votación del segundo de cuatro debates de la reforma política, uno de los proyectos derivados del acuerdo de paz entre el Gobierno y las Farc.
El artículo tercero del proyecto no alcanzó la votación necesaria para ser aprobado (83 votos por el sí) por lo que, según certificó la Secretaría de la Cámara, se considera “negado”.
La idea de esta disposición era habilitar a movimientos políticos que demuestren tener un mínimo de afiliados para que puedan avalar candidatos.
Pese a que varias voces sostuvieron que estos movimientos también tendrían derecho a financiación estatal, el Gobierno ha desmentido esta tesis.
Expertos han dicho que la negación de este artículo ha sido, sin duda, un duro golpe para la reforma política ya que era uno de los pocos que estaba de manera explícita en el acuerdo de paz.
La iniciativa ha tenido un duro paso por la plenaria de la Cámara, donde completa mes y medio de debate y votación.
El retraso del proyecto en la Cámara de Representantes ha hecho inviable la aplicación de la mayoría de sus disposiciones para las elecciones del próximo año y muchas de ellas quedarían para los comicios de 2019 y 2022.
Esto en caso de que la reforma política se alcance a aprobar en el Congreso, algo que ya muchos dudan.
Dentro de lo que ha aprobado del proyecto está que las listas que presenten los partidos políticos para llegar al Congreso serán cerradas a partir de 2022 y cambios en la financiación estatal de las campañas políticas.
También se acogieron algunas modificaciones en las funciones del Consejo de Estado y del Consejo Nacional Electoral, al igual que la exigencia de votar para quienes deseen trabajar con el Estado o ser contratistas del mismo.
La iniciativa enfrenta ahora una carrera contra el tiempo ya que para que termine su trámite en el Congreso debe superar dos debates y la conciliación de los textos aprobados en Senado y Cámara antes del próximo 30 de noviembre, cuando concluya la vigencia del procedimiento legislativo especial con el que se están tramitando la implementación del acuerdo de paz.
POLÍTICA
Andrea Morante
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