Congreso

Lo que aprobó el Senado en la JEP que tiene intranquilos a los ex-Farc

La corporación avaló este miércoles el reglamento para ese modelo de justicia.

Debate Jep en el Senado

Cubrimiento de las votaciones en la plenaria del Senado.

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Twitter: PolíticaET

16 de noviembre 2017 , 12:38 p.m.

Luego de varias semanas en el congelador, el proyecto de ley que reglamenta la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) –la misma que juzgará a los actores del conflicto armado- fue aprobado en su totalidad por la plenaria del Senado, este miércoles.

Para destrabar la votación de la norma fueron vitales dos cosas: el llamado del presidente Juan Manuel Santos al Congreso para que le metiera la ficha a la implementación de la paz y el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre el acto legislativo que creó la JEP.

Durante la sesión de este miércoles, la plenaria del Senado incorporó algunas modificaciones que sin bien lograron el consenso de varios partidos políticos –entre ellos el opositor Centro Democrático-, generaron críticas de algunos líderes de la exguerrilla de las Farc.

La principal intranquilidad que han manifestado los excombatientes tiene que ver con la creación de nuevos requisitos para los magistrados que impartirán justicia en este modelo de juzgamiento acordado en La Habana.

Por iniciativa de Cambio Radical, partido del exvicepresidente y candidato presidencial Germán Vargas, el Senado acogió que no podrán ser magistrados de la JEP quienes “hayan ejercido representación judicial” en “actuaciones relacionadas con hechos del conflicto armado” durante los últimos cinco años.

Este periodo de tiempo se aplica como prohibición también para quienes “hayan pertenecido a organizaciones o entidades que hayan ejercido tal representación”.

Igualmente quedarían inhabilitados quienes hicieron “reclamaciones” en materia de derechos humanos ante el Estado los últimos cinco años y quienestramitaron "acciones ante sistemas o tribunales internacionales de derechos humanos” en el mismo periodo.

También a “quienes hayan participado o emitido opinión o concepto profesional sobre la reglamentación” de este modelo de justicia transicional.

Este artículo fue uno de los que más votos logró en Senado este miércoles: 45 por el sí y 26 por el no, en total 71 senadores votaron, incluidos los casi 20 del Centro Democrático, el partido que más se ha opuesto a la implementación del acuerdo de paz.

El lío con esto es que los magistrados de la JEP fueron designados por un comité de escogencia, integrado por instancias internacionales, hace casi dos meses y lo único que les falta es posesionarse en esas dignidades.

Por ello, varios sectores manifestaron que esto es cambiarles las reglas del juego a unos magistrados que se postularon para el cargo con unos requisitos, fueron seleccionados y ahora, para posesionarse, les pedirán otros.

Rechazo del Gobierno

El primero en manifestar su rechazo a este nuevo régimen de inhabilidades, para los togados de la justicia para los actores de la guerra, fue el Gobierno, a través del ministro del Interior, Guillermo Rivera.

“Esperamos que en Cámara podamos reversar esa decisión. De lo contrario creeríamos que la Corte Constitucional la declararía inexequible. Hay que recordar que este es un proyecto de ley estatutaria que antes de entrar en vigencia requiere examen de ese alto tribunal”, afirmó el Ministro.

Esperamos que en Cámara podamos reversar esa decisión. De lo contrario creeríamos que la Corte Constitucional la declararía inexequible

Los otros en poner el grito en el cielo fueron algunos exguerrilleros de las Farc, el primero de ellos, el exjefe del equipo negociador de ese grupo en La Habana, Iván Márquez. “Es hipocresía proteger a las víctimas inhabilitando para la JEP a quienes las han defendido, es decir a defensores de derechos humanos”, escribió en Twitter.

“Proposición que impide a defensores de DD.HH ser magistrados de la JEP es retornar a los tiempos donde defender derechos de comunidades era sinónimo de persecución, estigmatización, chuzadas y exilio”, escribió a su turno el jefe de esa organización, Rodrigo Londoño.

EL TIEMPO supo que en la ponencia del proyecto de ley que estudiará la Cámara de Representantes, donde la iniciativa debe atravesar su último debate, se está contemplando la posibilidad de no incluir este artículo o modificarlo para incorporar algunos requisitos adicionales, pero no todos los que quedaron en Senado.

Los otros temas clave de lo aprobado

Otra modificación en el proyecto de ley fue la incorporación de un artículo que indica que las sanciones de la JEP "no se aplicarán" a quienes hayan cometido "cualquier tipo de delito sexual grave" contra menores de edad. Este artículo, de autoría de la senadora por 'la U' Maritza Martínez, a juicio del Gobierno es “inconstitucional”.

De igual forma, se confirmó que los terceros o civiles que hayan tenido algún tipo de participación en el conflicto armado acudirán de manera “voluntaria” a esta jurisdicción especial, algo que había sido motivo de preocupación en algunos círculos políticos y empresariales.

Un punto clave aprobado tiene que ver con la regulación de la participación política de los exmiembros de las Farc que lleguen al Congreso, en lo cual quedó casi que literalmente lo que definió la Corte Constitucional.

En ese sentido, el Senado acogió que quienes hayan sido elegidos al Congreso deberán presentar una “certificación” de la Presidencia de la JEP para asumir sus escaños el próximo veinte de julio.

Así las cosas, el proyecto se prepara para su prueba final en la Cámara de Representantes, donde la ponencia o texto con el que se debatirá y discutirá la iniciativa sería radicada el próximo lunes, para comenzar el debate y la votación el martes.

El primer paso para este último debate será la votación de los impedimentos o peticiones de los representantes para separarse del trámite del proyecto por supuestas inhabilidades que tengan para ello.

Superado esto, la Cámara tiene hasta el lunes 27 o martes 28 de noviembre para concluir la aprobación de la norma y luego, de ser necesario, hacer la conciliación de los textos aprobados en las dos corporaciones, para lo cual el Congreso tiene hasta el 30 de noviembre, fecha en que termina el procedimiento especial para implementar el acuerdo de paz.

POLÍTICA

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