Editorial

Una realidad indignante

La captura de los directores de dos importantes cárceles es el síntoma de lo que allí está pasando.

Por: EDITORIAL 
11 de febrero 2019 , 08:18 p.m.

Cuando se habla de la crítica situación de las cárceles del país, los colombianos seguramente piensan que ya nada puede sorprenderlos. Sin embargo, los impresionantes testimonios revelados por el informe de este diario sobre la corrupción que campea del otro lado de las rejas, publicado este fin de semana luego de varios meses de reportería en profundidad, echan por tierra tal presunción.

La situación es indignante. La captura, en menos de tres meses, de los directores de dos de las prisiones más importantes del país por extorsionar a los reclusos es sin duda un grave síntoma de lo que está sucediendo. Pero no es un hecho para nada exótico en el sistema carcelario y penitenciario colombiano. Más de 120 miembros del Instituto Nacional Penitenciario (Inpec) detenidos en los últimos dos años y las denuncias que a diario llegan a todos los organismos de control por la violación de los derechos básicos de los internos y el oneroso régimen de vacunas al que están sometidos, tanto por funcionarios corruptos como por otros presos, dan un panorama más completo de la realidad.

A diferencia de lo que pasaba en otras épocas, hoy se está viendo la acción de la justicia. Pero durante tantos y tantos años imperó en la mayoría de las 133 cárceles y penitenciarías del país la ley del silencio que la labor de limpieza no pinta nada sencilla. Que el director de una cárcel piense que puede esconder el pago de 300 millones de pesos que exigía a un extraditable para cambiarlo de patio, como lo reveló el informe, muestra con claridad hasta dónde quienes medran con la corrupción y la extorsión sentían estar protegidos por el ecosistema del delito.

El ilícito campea allí. El ingreso de elementos prohibidos, como armas, celulares y licor, puede costar 5 millones de pesos, pero también existe una microextorsión que pagan a diario los presos con menos recursos para poder tener un lugar menos indigno donde pasar la noche o tener derecho al baño. Esas vacunas ‘gota a gota’ representan verdaderas fortunas, y por eso hay tantos intereses, incluso políticos, para que, tras los escándalos pasajeros, todo siga su irregular curso.

Y ni hablar del mercado de los cupos para trabajo y estudio, que sirven para rebajar pena y muchas veces se venden con el certificado ya listo, pues si se paga lo suficiente habrá alguien más que haga la tarea por la que otro descontará días de cárcel. Los mismos guardias del Inpec afirman que tratar de oponerse al sistema o denunciar es echarse encima una lápida y se duelen de que si bien las manzanas podridas no representan a los casi 13.000 miembros de la institución penitenciaria, sobre ellos pesa un estigma que no se compadece con la realidad.

Respetable argumento que deberá evaluar el Gobierno al considerar si el instituto creado en 1992 para asegurar el imperio de la ley detrás de las rejas cumple a cabalidad su papel. Y, como lo han advertido los expertos, de nada servirá cambiarle el nombre al carcelero si el Estado no rompe con la tendencia creciente del hacinamiento en los penales, que, aparte de violar todos los derechos de las personas, es el caldo de cultivo perfecto para la corrupción que carcome el sistema, y que urge detener sin más dilaciones.

editorial@eltiempo.com

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