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Una lista que desconcierta

Las explicaciones de las Farc sobre el inventario entregado no son satisfactorias para el país.

Editorial .
En la víspera de su lanzamiento como partido político, que tendrá lugar el viernes en la plaza de Bolívar, las Farc volvieron a estar en el ojo del huracán esta semana a raíz del inventario de bienes y activos que presentaron ante el Ministerio del Interior, compromiso adquirido durante la negociación del acuerdo del teatro Colón.
El hecho fue particularmente polémico porque se enmarca en el proceso que busca reparar a las víctimas, el eje de la construcción de la paz estable y duradera. Y queda la impresión de que el listado es innecesariamente minucioso.
A sabiendas de la trascendencia que tendría dicha tarea, es difícil de justificar la inclusión de ítems que suenan más a un mal chiste y nada ayudan al propósito de este ejercicio, el cual es un asunto serio. Esto es, conocer cuál es su patrimonio para posteriormente ponerlo al servicio de la causa de la reparación. Al obrar así cruzaron la raya que señala dónde termina el rigor de su organización interna y dónde comienza la dignidad de quienes padecieron la dureza del conflicto.
Las Farc argumentan que “los componentes del inventario que entregamos dan cuenta de ítems de general aceptación” y que, en consecuencia, “no es extraño en absoluto a un inventario el registro de utensilios o existencias”. En estricto sentido, esto puede ser veraz, pero de ninguna manera justifica haber pasado por alto la dimensión política del ejercicio y su impacto entre las víctimas.
Uno de los voceros del nuevo movimiento político, ‘Pastor Alape’ planteó también esta semana que lo procedente es fijarse en todo aquello que es parte de la lista y sí puede servir para el fin de marras. Además, dijo –y en esto algo de razón le asiste– que el carácter rebelde de la agrupación durante cinco décadas justifica situaciones como la carencia de documentos que acrediten ante la ley la propiedad de gran parte de los predios referenciados. Algunas de estas explicaciones han de tenerse en cuenta, pero lo central aquí debe seguir siendo el reproche que merece la actuación original, que, aparte de inaceptable, deja ver la desconexión del nuevo movimiento político no solo con las expectativas de las víctimas, sino, en general, con la sensibilidad de la opinión pública.

Preocupa también porque si algo es fundamental para el éxito de la implementación de los acuerdos, es no solo que ambas partes demuestren total seriedad y disposición a cumplir con lo firmado

Lo ocurrido preocupa también porque si algo es fundamental para el éxito de la implementación de los acuerdos, es no solo que ambas partes demuestren total seriedad y disposición a cumplir con lo firmado, sino que en ningún momento olviden a quienes están en el centro de este esfuerzo colectivo. Cuanto más contundentes sean las demostraciones, con hechos, de que se avanza hacia la reparación de las víctimas, mayor será la posibilidad de que la opinión rodee el regreso de las Farc a la civilidad. Obrando así ganan ellos y la sociedad. Por eso desconcierta este proceder.
Dicho lo anterior, hay que mirar hacia adelante. Con base en la información ya en poder del Estado, debe empezar cuanto antes el trabajo de campo para verificar el estado actual de los activos y, muy importante, tener la certeza de que están todos los que son. Para la depuración, labor que corresponderá a la recién creada Comisión Intersectorial de Verificación y Entrega de los bienes de las Farc, es fundamental la colaboración de la exguerrilla. Seguramente habrá muchos interrogantes que sus representantes deberán despejar. Son válidas, por tanto, las inquietudes de la Fiscalía General de la Nación sobre la necesidad de tener la mayor información posible respecto a los componentes del listado. Ello es una necesidad para que el Fondo para la Reparación de las Víctimas, el cual será administrado por la Sociedad de Activos Especiales, pueda cumplir con su objetivo.
Hay que ser enfáticos, una vez más, en que tal patrimonio solo puede tener como destino a las víctimas. Tras la comprensible confusión producida por el decreto 903, del 29 de mayo de este año, que mereció, incluso, el calificativo de “chambonada” por el entonces alto comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, un nuevo decreto, el 1407, pone punto final a la discusión y es claro en que lo entregado será para este fin. Por su parte, el ministro de Justicia, Enrique Gil, recordó en buena hora que los bienes que no se mencionen y que la justicia establezca que pertenecen a las Farc serán objeto de extinción de dominio y quienes los ocultaron se atienen a la pérdida de los beneficios propios de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Es necesario, asimismo, y de cara al inicio oficial de la actividad política de las Farc, recordar que de esta forma parte el escrutinio permanente de la opinión. Y que actitudes como esta, en la cual la prepotencia ocupó el lugar en el que muchos esperaban ver una disposición a enmendar el error, harán muy difícil su trasegar político. De ello toma atenta nota la gente, que, a través de las urnas, determinará la viabilidad de este proyecto político.
editorial@eltiempo.com.co
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