Editorial

Una fuga que no termina

Los corruptos siguen entrando a saco en los recursos destinados para la construcción de acueductos.

Por: EDITORIAL
26 de julio 2018 , 11:42 p.m.

En Colombia, el país con la sexta mayor riqueza hídrica del mundo, millones de personas siguen obligadas a consumir agua con riesgo medio de contaminación, y solo 5 de los 32 departamentos pueden certificar la calidad del líquido que llega a sus habitantes a través del grifo.

Esa cruda situación se denuncia en un informe de la Contraloría General, publicado por este diario, sobre el despilfarro y los malos manejos que siguen rondando los billonarios montos asignados para el saneamiento básico.

La conclusión es una sola: los corruptos siguen entrando a saco en los recursos destinados a la construcción de acueductos, alcantarillado y plantas de tratamiento de aguas residuales. Los resultados no pueden ser más deplorables, y hasta criminales: miles de colombianos obligados a tomar agua de dudosa calidad y millonarias inversiones abandonadas, cuando no saqueadas, porque, de remate, nadie se preocupa por proteger de los ladrones las costosas maquinarias que se requieren en estas áreas.

Las cifras son tozudas. La Contraloría dice que entre 2012 y 2016 se asignaron 1,8 billones de pesos para 920 proyectos encaminados a tratar aguas servidas, pero apenas 541 de los 1.122 municipios tienen plantas de tratamiento que cumplen con esa función.

De contera, no obstante todos los anuncios, las sanciones y las campañas de transparencia, los elefantes blancos siguen siendo una especie predominante en el sector de aguas. Así, entre 2015 y 2017, la Contraloría detectó obras inconclusas por valor de 150.070 millones de pesos. Tan solo una muestra del destino del dinero de las regalías que va para este rubro encontró 23 proyectos, por 39.000 millones de pesos, que simplemente no sirven para llevar agua potable a los colombianos.

Además de la corrupción y el desgreño, otro mal es la falta de previsión. Por eso no son inusuales los proyectos que se construyen con millonarios costos, a pesar de que las fuentes de abastecimiento están contaminadas o son inviables.

Aunque es claro que cualquier forma de corrupción debe ser desterrada, ese flagelo resulta mucho más oneroso para la nación cuando sus efectos se reflejan incluso en la pérdida de vidas, como pasa cuando se roban la plata de la salud, del Programa de Alimentación Escolar y la del saneamiento básico.

La Contraloría ha dado la alarma, y la Fiscalía y la Procuraduría han cumplido también su papel de investigación y sanción. Pero, en buena medida, el desorden imperante en el sector parte de la falta de controles, como resultado de la corrupción y la politiquería que marcan a muchas de las corporaciones autónomas regionales (CAR), cuya misión básica es proteger el recurso básico: el agua.

El proyecto de liquidar las CAR para acabar de tajo con la corrupción, que se quedó en el tintero, fue en su momento una bandera del gobierno que termina. Y será una de las papas calientes que –como la liquidación del Inpec, la Judicatura y otros espectros burocráticos que perviven pese a sus múltiples escándalos– deberá resolver el nuevo presidente. Urge, pues, cerrar el chorro a las platas del agua.

editorial@eltiempo.com

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