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Un examen necesario

El Plan de Desarrollo del actual gobierno exige un análisis riguroso del Congreso.

Editorial .
A partir de la semana que viene comenzará en el Congreso un periodo de sesiones extraordinarias que tiene un solo punto en la agenda: la discusión del Plan de Desarrollo de la administración Duque y de la ley que lo expide, en seguimiento del mandato constitucional al respecto. Es de esperarse que las discusiones sean profundas, pues se trata de debatir la hoja de ruta del actual gobierno, cuyas prioridades se verán expresadas en los presupuestos públicos que se ejecuten hasta 2022.
Con el título de ‘Pacto por Colombia, pacto por la equidad’, la estrategia del Ejecutivo no se destaca por su concisión. A lo largo de más de mil páginas se encuentran diagnósticos y fórmulas puntuales, que responden a los principios rectores esbozados desde la propia ceremonia de posesión, el pasado 7 de agosto.
El concepto central es que la suma de legalidad y emprendimiento dará como resultado una sociedad más equitativa, en la cual la torta de las oportunidades esté mejor repartida. La manera de poner en práctica esos propósitos fue el resultado de la divulgación inicial de las bases y de un proceso de socialización.
Durante cerca de tres meses se recibieron más de 2.000 comentarios, gracias a lo cual se incorporaron tres cuartas partes de las propuestas remitidas. Las 1.250 iniciativas de inversión son entonces el resultado de un mecanismo democrático.
Especialmente destacable es el esfuerzo realizado para hacer la tarea desde las regiones y no desde el centro. Hay nueve pactos territoriales, al igual que un énfasis en departamentos como La Guajira, Chocó y San Andrés, y en ciudades como Buenaventura o Tumaco, cuyos desafíos son conocidos.
El programa de inversiones propuesto supera todos los montos previos: 1.096 billones de pesos del 2018. De esta suma, dos terceras partes recaen en el sector público y el resto, en el privado. En lo que atañe al presupuesto nacional, la suma es de 352 billones, seguida por los aportes del sistema general de participaciones y los entes territoriales.
La adecuada combinación de esos recursos y su oportuna ejecución permitirían alcanzar objetivos que son, a todas luces, ambiciosos. Algunos de ellos son la creación de 1,6 millones de empleos, sacar a 2,9 millones de personas de la pobreza, bajar la tasa de homicidios, reducir los cultivos de coca, aumentar la generación de energía con base en fuentes limpias o duplicar la cantidad de estudiantes de primaria y secundaria en programas de jornada única.
Un supuesto clave es aumentar en un punto porcentual la tasa de crecimiento de la economía, que en las últimas décadas ha sido de un pálido 3,5 por ciento anual, en promedio. Los cambios introducidos por la ley de financiamiento, al reducir la carga tributaria de las personas jurídicas, son un elemento clave de esa apuesta.

El proyecto de ley que acoge el plan propone reformas de mucha envergadura, que no pueden tomarse a la ligera y en más de un caso merecen un debate abierto y propuestas de ley individuales

Todo lo anterior suena razonable, aunque las pocas personas que han logrado leer en su integridad el extenso texto gubernamental señalan que hay menos énfasis del esperado en los asuntos del campo y el avance del sector agropecuario. También salta a la vista que la paz –herencia de la pasada administración– se menciona poco o que puntos espinosos como la reforma de las pensiones brillan por su ausencia. Aun así, hay más continuidad de la que podría creerse, entre otras razones porque es grande la inercia de programas como las concesiones de cuarta generación.
Es muy probable, sin embargo, que las grandes discusiones se den con respecto a otro tema. Porque el proyecto de ley que acoge el plan contiene cinco artículos que lo oficializan y 178 más que establecen mecanismos para implementarlo. Continuando con la tradición de gobiernos pasados, aquí se proponen reformas de gran envergadura que varían un elevado número de normas de primera importancia.
Sistema de salud, aportes a la seguridad social, subsidios, expedición de licencias ambientales, regalías, facultades para la reforma del Estado, contratos de concesión o gestión catastral son apenas unos pocos de los muchos elementos que se verían afectados. Hasta las competencias de Planeación Nacional y el Ministerio de Hacienda cambiarían en favor de este último, lo cual ocasionó la protesta de un puñado de respetados economistas ante lo que parece ser un ánimo de acumular más poder.
Seguir con la práctica de modificar las reglas de juego vigentes por un artículo o un simple parágrafo es criticable. Debido a ello, los parlamentarios están en la obligación de evitar que discusiones que merecen un espacio amplio y propuestas con un mínimo de consenso se zanjen en la trastienda. Solo si senadores y representantes hacen la labor de fiscalización y análisis que es parte fundamental de sus responsabilidades, se podrá decir que habría sido evitado el divorcio entre el qué y el cómo existente ahora entre plan y proyecto de ley.
EDITORIAL
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Editorial .
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