Editorial

Un enfoque integral

El Gobierno presentó una hoja de ruta en materia de seguridad que apunta a la raíz de las amenazas.

Por: EDITORIAL 
07 de febrero 2019 , 08:06 p.m.

Fue el simbólico fuerte de Tolemaida el lugar escogido por el presidente Iván Duque para presentar el miércoles pasado la que será la hoja de ruta de su gobierno en materia de seguridad.

Aunque la atención y el debate se centraron en la llamada ‘red de participación cívica’ y el papel que tendrán los colombianos que se sumen a ella, es justo plantear que esta es apenas un componente de una política que, al menos sobre el papel, reconoce con acierto las amenazas para la tranquilidad de los colombianos y atina al proponer respuestas integrales que van más allá de los síntomas, atacando las causas de los numerosos fenómenos delictivos que hoy se registran en el país. Tiene un énfasis interesante en la innovación, así como en la necesidad de que los esfuerzos del Estado y de las distintas fuerzas e instituciones sean armónicos y coordinados.

También pretende estimular la vinculación de la ciudadanía en la tarea de mejorar las condiciones de seguridad a partir de la conformación de una red nacional. Es un proyecto que toma distancia de aquel sistema de informantes, algunos pagos, que funcionó hace ya más de una década. Este pretende, sobre todo, construir confianza entre la gente y las autoridades para una suerte de trabajo en equipo en distintos campos. Es de esperarse que así sea, pues en estos terrenos siempre está latente el riesgo de que en algún momento prime una errónea concepción de los deberes ciudadanos y sus límites.

Este es, sin lugar a dudas, el componente más polémico de una política que en otros apartes parece más llamada a generar consensos. Su premisa –según la cual la principal amenaza a la seguridad interna es el vacío de institucionalidad en ciertos territorios, lo cual obliga a que la acción estatal no se limite al control militar de estos– es una respuesta satisfactoria al clamor para que el Estado llegue por fin a todos esos lugares en donde la semilla del crimen organizado encuentra hoy terreno fértil. Bajo esta misma lógica plantea como objetivo central la ‘disrupción del delito’, que no es otra cosa sino crear condiciones estructurales con el fin de que la legalidad sea más atractiva que la delincuencia para quienes están en situación de vulnerabilidad.

Que la estrategia contemple como prioridad del Estado la protección del agua, la biodiversidad y los recursos naturales en general –a los que reconoce como activos estratégicos de la nación– es también un hecho notable que responde a múltiples pedidos, en el sentido de que quienes deforestan o se dedican a la minería ilegal representan una amenaza tan grande como la de los grupos armados residuales para la posibilidad de dejarles un mejor país a las generaciones venideras. El documento admite que la riqueza del país en materia ambiental es tan grande como la amenaza –de origen interno y externo– que hoy se cierne sobre esta.

Quedan por fuera varios puntos, consecuencia del carácter, reiteramos, integral y ambicioso de una política de cuya ejecución depende mucho más que la calificación que reciba este gobierno en esta materia el 7 de agosto de 2022.

editorial@eltiempo.com

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