Editorial

Un avance muy esperado

La aprobación de la JEP por la Corte Constitucional fortalece el Estado de derecho.

19 de noviembre 2017 , 02:00 a.m.

Aunque hubiese sido deseable un trámite con menos suspenso, poco a poco se van cristalizando en disposiciones transitorias en la Constitución y leyes de la República los acuerdos que alcanzaron el Gobierno y las Farc y permitieron que esta organización abandonara la lucha armada. Los mismos que hace un año firmaron en el teatro Colón el presidente Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño. Estos logros se dan de la mano con aquellos registrados en cuanto a desminado, restitución de tierras y erradicación y sustitución de cultivos ilícitos, campos en los que no han faltado tropiezos, desde luego, tal y como se ha comentado desde estos renglones, pero en los cuales ya se registran cifras que hablan de iniciativas que avanzan y pronto deberán consolidarse y adquirir velocidad de crucero.

Ha de anotarse también que el paso de las palabras a los hechos en el caso colombiano se ha hecho a un ritmo ‘levemente superior’ en comparación con otras experiencias similares en el mundo, como lo reveló esta semana el Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz.

Por lo pronto, hay que ocuparse del visto bueno que le dio el martes pasado la Corte Constitucional al acto legislativo 01 del 2017, mediante el cual se sientan las bases de la justicia especial para la paz. Es el paso más reciente en materia jurídica y, sin duda, el de mayor trascendencia, toda vez que se trata de la piedra angular de la construcción de una paz estable y duradera. Al tiempo que este se producía, el trámite en el Congreso de la ley que la reglamenta se aceleró, y quedan pendientes solo un debate en la Cámara de Representantes y la conciliación final.

Como era previsible, dada la existencia en Colombia de una división de poderes que impide una supremacía del Ejecutivo –responsable de la negociación con esta guerrilla–, a lo elaborado por los negociadores de ambas partes en Cuba se le han introducido cambios. Modificaciones que, a la larga –y en esto es necesario ser enfáticos–, fortalecen lo acordado.

Y lo hacen en dos sentidos. El primero tiene que ver con la legitimidad que les aporta a leyes y actos legislativos el pasar por el tamiz de las restantes ramas del poder y gracias a los aportes de la Corte y el Congreso.

El segundo ya se refiere a ajustes como los que la Corte le hizo al acto legislativo de la JEP y que salieron a la luz pública el martes pasado.

De manera oportuna y acertada, los magistrados despejaron las dudas que existían respecto a la participación en política de los miembros de las ex-Farc, hoy la Farc. Las mismas que la semana pasada tuvieron al país en ascuas. Los togados protegieron un aspecto fundamental de cualquier tránsito de la lucha armada a la democracia, como lo es el de cambiar las armas por los votos, sin olvidar la obligación de muchos de ellos de cumplirles a las víctimas con verdad, reparación y garantía de no repetición a través de las instancias que para ello pondrá en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz. Quedó suficientemente claro: si no cumplen con este sistema de justicia transicional, no podrán desempeñarse en cargos de elección popular.

Que los magistrados de los tribunales de esta justicia transicional estén sometidos al mismo régimen disciplinario que los de los altos tribunales de la justicia ordinaria y que las tutelas contra sus fallos puedan ser revisadas por la Corte Constitucional son otros dos elementos que se le suman a la JEP para hacerla más robusta.

Todo lo anterior debe ser tenido en cuenta por aquellos líderes de las Farc que, a nombre de la organización, han enviado señales de intranquilidad en relación con lo decidido esta semana por la Corte Constitucional. No hay motivo para tal inquietud.

En este mismo orden de ideas, procede recordarles que gracias a que lo que decida el Congreso respecto a la reglamentación de la justicia transicional está sujeto a una revisión de la Corte Constitucional, iniciativas con ánimo electoral y que atenten contra el espíritu de la Constitución no deberían pasar airosas el examen de dicho tribunal. Esta reflexión tiene nombre propio: los impedimentos para que los magistrados de la JEP puedan ejercer como tales, en particular aquel que apunta a quienes han interpuesto recursos ante el Estado en temas relacionados con derechos humanos.

Se trata de que el nuevo movimiento político entienda que el compromiso del Gobierno de honrar lo pactado en La Habana se ubica en el marco del Estado de derecho. Lo cual también incumbe a quienes en el Congreso han promovido proposiciones que entusiasman a potenciales electores, pero que desconocen aspectos fundacionales de la Carta Política.

En suma: la disposición legítima y loable del Ejecutivo para cumplir se encuentra limitada y sujeta a ser moderada por otras instancias del poder. Y todas, a su vez, se ubican bajo el paraguas de la Constitución, el cual tiene que cubrir los acuerdos. Lo ocurrido esta semana no es sino el resultado natural y lógico de estas reglas del juego.

editorial@eltiempo.com

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