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Rigor y seriedad

No es menor que una institución como Medicina Legal sea cuestionada desde su mismo interior.

Editorial .
El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses es una entidad en la cual confluyen 104 años de historia contextualizada en procesos de elevado rigor técnico y científico, que le han permitido ser un referente regional en su tarea de darle soporte a la justicia.
Su valor e importancia son tan evidentes que cualquier dictamen, palabra o concepto que emite son definitivos no solo por el carácter institucional que la rige, sino porque son el resultado de elementos basados en la evidencia investigativa.
De ahí que para cuestionar o controvertir cualquiera de sus afirmaciones sea necesario ubicarse en el mismo contexto, aportar pruebas del mismo valor documental e investigativo bajo ese axioma de que en ciencia habla la ciencia.
Y no se trata, de ninguna manera, de considerar que lo emitido por Medicina Legal sea dogma absoluto, sino de tener presente que los debates de corte científico deben ser hechos en escenarios pertinentes y al tenor de los protocolos correspondientes. En otras palabras, la evidencia se rebate con evidencia y no con opinión, y menos a través de los medios de comunicación, que no son precisamente escenarios técnicos.
Lo ocurrido esta semana en el seno del instituto es altamente preocupante porque no es menor que una entidad como Medicina Legal, en la cual recae la responsabilidad de soportar científicamente decisiones trascendentales que pueden afectar a muchas personas en el marco de fallos judiciales, sea cuestionada desde su mismo interior sin que pase algo.
Resulta inaudito ver posturas enfrentadas de la dirección y del sindicato en las que se esgrimen argumentos de carácter investigativo, cuando se tiene claro que todas las pruebas aplicadas deben estar suficientemente estandarizadas y normalizadas, y más si se hace a la ligera. Lo peor es que una discusión de estas características, por más que involucre partes ilustradas, puede poner a tambalear las estructuras de una entidad que por antonomasia debe ser sólida, rigurosa e imparcial.
Que un miembro del sindicato del instituto haya dicho que los dictámenes y resultados emitidos acerca del caso de Jorge Enrique Pizano no estuvieron soportados sobre pruebas estandarizadas, mientras que el director de la entidad sostiene lo contrario, es altamente peligroso por los desenlaces potenciales en este expediente en particular y en todos los formulados con anterioridad.
Debe quedar claro. No se trata de defender una postura u otra, sino de proteger esencialmente el Instituto de Medicina Legal, que, por su esencia técnica y científica, tiene que estar blindado contra influencias externas e intereses particulares.
Y aquí no hay excepción alguna. Exponer al instituto de esta manera le hace daño a la historia de la justicia en el país, y solo queda pedirles a las partes que si hay méritos suficientes, al amparo de los preceptos que rigen la investigación científica, sean expuestos ante las autoridades correspondientes o los diriman en el marco del saber y no de la polémica pública, que, a la postre, es perjudicial para todos.
editorial@eltiempo.com
Editorial .
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