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Radiografía de la corrupción

El completo estudio de la Universidad Externado debe dar pie a acciones verdaderas.

Editorial .
A la hora de enfrentar un flagelo como el de la corrupción, es de enorme ayuda contar con información de calidad sobre su comportamiento. El trabajo académico presentado esta semana por la Universidad Externado de Colombia acerca de la corrupción en el país cumple a cabalidad con tal propósito. Dos años tardó la elaboración del que es uno de los esfuerzos más notables y rigurosos que se hayan hecho desde la academia para aportar luces sobre cómo enfrentar con éxito este grave problema que es, evidentemente, uno de los principales retos, si no el principal, para la nación en los años venideros. Lo que nuestro país puede ganar con el fin del conflicto armado en términos de mejoras en la calidad de vida de la gente lo puede perder por esta vía.
La investigación tiene, sobre todo, la virtud de entrelazar diferentes aproximaciones al asunto desde diversas ramas del conocimiento. Se trata de una completa radiografía que combina una mirada histórica con un análisis robusto, apoyado en un juicioso trabajo de campo.
Las conclusiones dejan claro el carácter estructural de un mal que se lleva alrededor del 1,6 por ciento del producto interno bruto: unos 9 billones de pesos anuales, según lo ha calculado la Procuraduría General de la Nación. Hay certeza de que este está muy lejos de limitarse a unos episodios aislados en los que la codicia y la falta de escrúpulos hacen que individuos accedan a recursos que no les pertenecen, públicos o privados. Tales conductas –aclaran los autores del trabajo– son apenas un síntoma de un fenómeno cuyas raíces tocan esos espacios en donde en la educación de los niños se fomenta o no la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás: de asumir que somos parte de un colectivo cuyo bienestar es fundamental para alcanzar el propio. Al respecto, uno de sus apartes plantea: “El Estado nunca cambiará desde sus raíces si no existe una conciencia social, un compromiso individual y colectivo, un autocontrol endógeno, desde adentro, desde las entrañas de las personas”.
La corrupción enriquece a unos pocos en detrimento del bienestar de muchos, en especial de los más vulnerables; aumenta la pobreza y la exclusión social. También –sostiene el estudio– mina la confianza en los demás y en las instituciones, lo que, en últimas, conduce a un estado de cosas en el que la única ley es la del más fuerte y solo puede imperar el ‘sálvese quien pueda’. Crea un círculo vicioso que debilita progresivamente al Estado, el responsable de mantenerla a raya.

La corrupción enriquece a unos pocos en detrimento del bienestar de los más vulnerables. Mina la confianza en las instituciones, lo que conduce a un estado en el que la única ley es la del más fuerte

Entre las razones que explican por qué esta ha tomado tanto vuelo en Colombia sobresale la del perverso y longevo sistema de intercambio de votos por dinero y de apoyos electorales por contratos. Aquí volvemos al uso indebido de los cupos indicativos en la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo: la tristemente célebre ‘mermelada’. Pero hay otras: el auge de la contratación pública directa, la manera como grupos de interés públicos y privados han buscado cooptar los entes reguladores y, en general, la inoperancia de la justicia, así como la incapacidad de las distintas entidades competentes para trabajar de modo coordinado. Y aquí debe subrayarse algo que ya se ha comentado y este trabajo reitera: el fracaso del modelo de las contralorías regionales. Este último hecho está atado a la probada incapacidad del Estado para ponerle coto a la corrupción en el nivel subnacional y, en particular, a la forma como se gastan –y con mucha frecuencia se despilfarran– las regalías.
Los colaboradores que participaron en el trabajo coinciden: es evidente que lo hecho hasta ahora para contrarrestar la corrupción no ha sido efectivo. Las propuestas apuntan a reformas que, en el caso del Legislativo, lo hagan más transparente y cercano a la gente. Y en el de la justicia, que aumenten su legitimidad a través de nuevos mecanismos para elegir a sus magistrados. Acabar con el clientelismo como vaso comunicante predilecto en la relación entre el centro y la región; un diagnóstico –que a la fecha no se ha hecho– de los fenómenos locales de corrupción y una política investigativa que promueva los enfoques de contexto también forman parte de las recomendaciones. Aquí aparece, así mismo, la necesidad de imponerles límites a los preacuerdos que hacen los corruptos con la Fiscalía: que estos solo procedan con la condición de que el delincuente reintegre la totalidad del dinero obtenido de forma ilícita.
Como se ve, hay una lista de acciones que deben convertirse en hoja de ruta para el país en los años venideros. Pero también mensajes: que este problema sí le atañe a cada uno de los colombianos, que la lucha contra la corrupción debe librarse en todos y cada uno de los espacios de la vida cotidiana, sobre todo en la educación de las nuevas generaciones. No es únicamente un problema de los políticos y gobernantes.
EDITORIAL
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