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No bajar la guardia

Que el país deje de estar ligado a la explotación sexual es una tarea que nos incumbe a todos.

Editorial .
Una tras otra, han surgido en los últimos días revelaciones sobre el alcance de las redes criminales dedicadas a delitos como la trata de personas, la inducción a la prostitución y la explotación de menores con fines sexuales en Cartagena.
Ante estas historias, la reacción natural es de desolación y estupor. Es apenas lógico. Pero hay que decir que la moneda tiene dos caras: al tiempo que preocupa la manera como han pelechado estas conductas delictivas, debe verse como un hecho muy positivo que por primera vez, las autoridades están actuando y mostrando resultados contra estos criminales.
Es necesario hacer este reconocimiento. Es una realidad que durante años estos flagelos crecieron y se consolidaron a la vista de todos, sin que las autoridades ofrecieran una respuesta contundente como la que se ha visto en estas semanas. En total, 61 personas han sido capturadas, y deberán responder ante los jueces por todo tipo de atrocidades.

Debe quedar muy claro que todo aquel que aterrice en el
país con este miserable propósito acabará tras las rejas.

Pero con el mencionado reconocimiento es justo señalar que los avances en este sentido no pueden darse únicamente por la senda judicial. Con preocupación hay que advertir que luego de tanto tiempo, delitos como la explotación sexual de menores y de personas en situación de extrema vulnerabilidad terminaron insertándose en la cotidianidad de la ciudad para ser vistos ahora incluso como algo normal. Las fiestas y paseos en yate a los que se llevaban estas mujeres pasaron a ser una actividad más en las visitas de numerosos turistas. Esto es por supuesto lamentable.
Y si algo deben dejar estas acciones lideradas por la Fiscalía es el mensaje claro y contundente de que buscar y acceder a estos servicios sexuales (incluidas menores) es un delito que se paga caro. Como lo planteó el fiscal delegado para la Infancia y la Adolescencia, Mario Gómez, la prostitución, cuando es con menores de edad, puede acarrear penas hasta de 37 años para quien recurre a ella. De nuevo, para que este largamente esperado tatequieto tenga real efecto se necesita del apoyo de todos los entes y, en especial, de la ciudadanía. Un mensaje que no puede limitarse a quienes llegan a la capital de Bolívar en busca de menores de edad: debe quedar muy claro que cuantos aterricen en el país con este miserable propósito acabarán tras las rejas.
También es evidente que no se trata de promover una política de cero tolerancia frente al trabajo sexual. Este ha tenido un lugar en todas las sociedades desde tiempos inmemoriales. Pero hay que hacer una diferenciación precisa con la explotación sexual que involucra a menores y poblaciones vulnerables.
En este sentido, deben escucharse las voces que por estos días han propuesto que a través de una zona de tolerancia, como las que existen en numerosas ciudades del mundo, se le dé a la actividad sexual un cierto marco de formalidad en aras, justamente, de que las autoridades cuenten con más herramientas de control para evitar la informalidad, donde florecen toda clase de delitos.
Se han dado los primeros pasos: ahora corresponde sostener el esfuerzo. Que el país deje de estar ligado a la explotación sexual es una tarea que nos incumbe a todos.
editorial@eltiempo.com
Editorial .
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