Editorial

La mala hora del Tinigua

La deforestación no ha tenido tregua en este parque nacional, constituyendo un crimen ecológico.

05 de junio 2018 , 01:14 a.m.

El 2018 no parece ser un buen año para los bosques colombianos, especialmente para los del sur del país. Durante los primeros seis meses de este año, la deforestación no ha tenido tregua en el parque nacional Tinigua, en el Meta. En esta área protegida es donde principalmente se concentra el avance acelerado, indiscriminado y destructor de la tala ilegal. El paso es tan alarmante que, según el Ideam, solo de enero a marzo se arrasaron cerca de 5.600 hectáreas de las 208.000 que comprende el parque.

La desidia con la que se reciben estas impresionantes cifras de la institucionalidad y la ciudadanía no puede continuar. Es un hecho de suma gravedad. Con la degradación constante de Tinigua, que alberga la joya de caño Cristales, no solamente se pone en peligro este admirado río, sino que, a su vez, se pierde la conectividad de los ecosistemas de los Andes, la Amazonia y la Orinoquia. Es decir, perder la selva húmeda de esta zona es tumbar el puente que conecta nuestras montañas y páramos con las sabanas y selvas.

Más aún. La fragmentación de esta área implica un deterioro en la regulación del clima de la región y la provisión de agua de cuatro cuencas hidrográficas, que se conectan a su vez con la macrocuenca del Orinoco. Además, destruye la biodiversidad forestal y el hábitat de varias especies de mamíferos como las dantas y las nutrias. Y es que la afectación no solo es en Tinigua, sino en un contexto más amplio de la situación del Área de Manejo Especial La Macarena (Amem), que incluye este parque y otros tres.

Muchas son las razones detrás del crimen ecológico. El incentivo perverso de la sustitución de cultivos en el área, el avance de la ocupación ganadera, el acaparamiento de tierras para una futura titulación, la plantación de cultivos de coca, la construcción de vías ilegales, entre otras presiones, siguen restándole áreas a la selva.

Ante el complejo panorama, lo crucial es entender y atacar las fuerzas ilegales que están incentivando la migración de más personas con el fin de tener mano de obra para sacar ganancia a costa de la devastación de los parques naturales. Detrás de estos nuevos colonos, evidentemente están la recomposición de poderes en la región y la limitada acción del Estado.

La situación se debe evaluar a la luz de la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la Amazonia como sujeto de derechos

La debilidad de las autoridades ambientales –que han denunciado cómo la situación de orden público pone en riesgo la vida de sus funcionarios–, sumada a la extensión del territorio, dificulta el control y la vigilancia. Precisamente por eso, el rol de la Fuerza Pública es clave en este contexto. En los últimos dos meses ha habido capturas puntuales y operaciones aéreas para monitorear los focos de deforestación, pero las medidas no son suficientes.

La situación de Tinigua también se debe evaluar a la luz de la reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que declaró la Amazonia como sujeto de derechos. El Ministerio de Ambiente ha avanzado en la Estrategia de Control Integral a la Deforestación y Gestión de los Bosques; sin embargo, sin la integración de otras carteras del Gobierno y el compromiso del aparato militar y judicial, las actividades ilegales le seguirán violando los derechos a este “puente verde” del país.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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