Editorial

La calentura en las sábanas

El de los bonos de agua es un escándalo de origen político, pero sin cimientos.

Por: Editorial
15 de septiembre 2018 , 11:47 p.m.

No hay duda de que el debate citado para el próximo martes, que obliga al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, a asistir al Senado para aclarar su papel en el caso de los llamados bonos de agua, ha despertado el interés de la opinión. Si bien las sindicaciones no tienen que ver con su gestión actual, las acusaciones hechas por el senador Jorge Enrique Robledo y varios columnistas ameritan una explicación a fondo del funcionario.

El punto central es la afirmación según la cual el titular de las finanzas públicas se benefició como consultor privado de un esquema que habría ayudado a diseñar mientras estaba en el Ejecutivo. Sus contradictores sostienen que este impulsó normas que abrieron la puerta para la entrada en vigor de un esquema oneroso y poco efectivo para 117 municipios, mientras obtenía importantes ingresos por su labor de asesoría.

El primer señalamiento es absurdo. A mediados de 2007, el Congreso aprobó el acto legislativo n.° 04, modificatorio de los artículos 356 y 357 de la Constitución, relacionados con el Sistema General de Participaciones (SGP). La necesidad de meterle el diente era evidente, pues la reforma adelantada en 2001 establecía una fórmula temporal con respecto a las transferencias que les hace la nación a las regiones para el pago de servicios de salud, educación y agua potable y saneamiento básico.

Para los partidarios de las teorías de la conspiración es fácil creer que Carrasquilla plantó una semilla que germinó meses después de haber salido de la administración Uribe e incluyó el acto legislativo de marras, al igual que una ley y un decreto reglamentario posteriores. Creer que un técnico que vivió un buen tiempo fuera del país debido a una emergencia familiar tras su paso por el ministerio pudo manejar a la distancia tantos hilos solo tiene cabida en mentes febriles.

Lo que pasó fue que el entonces existente Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial impulsó un esquema que permitiera la construcción de acueductos y alcantarillados. Los reportes de la época muestran que las entidades territoriales tenían cerradas las puertas del crédito, por lo cual se autorizó la constitución de patrimonios autónomos con el objeto de garantizar proyectos de inversión de largo plazo. Dicho de otra forma, fue permitida la creación de una bolsa que serviría como fuente de pago de eventuales operaciones de préstamo para este fin.

Ante la mitigación del riesgo, una compañía estadounidense encontró la oportunidad de una emisión de papeles estructurados y contrató los servicios de la firma de consultoría de Carrasquilla y otros socios. El resultado fueron los bonos del agua, cuya primera emisión se colocó en diciembre de 2009 y que, tras una segunda ronda, ascenderían a 440.000 millones de pesos.

Ojalá esta cacería de brujas en contra del minhacienda no desvíe la discusión que tiene que ver con corrupción y falta de capacidad gerencial a nivel local.

El atractivo para los alcaldes de las poblaciones que venían de comenzar mandato era disponer de un mecanismo de financiación rápido, con un costo cercano al de un crédito hipotecario y 19 años de plazo. Así, los recursos del SGP servirían para reducir el déficit de agua potable y saneamiento básico que ha sido la norma en el país, previa la presentación de proyectos individuales y las respectivas aprobaciones de los concejos municipales.

Aunque en un principio las cosas parecieron marchar bien –como lo muestran las evaluaciones efectuadas, que hablan de un índice de ejecución promedio de los proyectos del 88 por ciento–, cuando cambiaron las administraciones locales comenzaron las críticas al modelo. La queja principal es que las obras habían quedado inconclusas y los recursos que giraba la nación, pignorados hasta finales de la próxima década. Debido a ello, la administración Santos intervino y ayudó a que se prepagaran los bonos de agua con recursos de Findeter y la banca comercial a una tasa de interés menor, lo cual permitió ahorros calculados en 250.000 millones de pesos.

Revisiones posteriores mencionan un balance mucho más pobre en términos de resultados. Sin embargo, culpar al hoy ministro de Hacienda de las fallas en ejecución de los entes territoriales equivale a buscar la calentura en las sábanas. Además, plantar sombras de duda por la presencia de sociedades panameñas cuya existencia fue reportada tampoco tiene fundamento.

Todo lo anterior lleva a la conclusión de que aquí hay un escándalo de origen político con efectos mediáticos, pero sin cimientos. Quienes han trabajado con él dan fe de la honorabilidad de Alberto Carrasquilla y sus actuaciones. Siempre se puede discrepar de las decisiones que tome como integrante del actual gabinete, pero eso es distinto a cuestionar su honradez. Someterlo al escarnio público es una gran injusticia.

Ojalá esta cacería de brujas no desvíe la discusión que tiene que ver con corrupción y falta de capacidad gerencial a nivel local. Cómo corregir esas falencias es el debate que hay que dar.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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