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Intervención necesaria

La reforma de la justicia presentada por el Gobierno debe prosperar, por el bien del país.

Editorial .
Ríos de tinta, en estas páginas y en todo el país, han corrido sobre la necesidad de un revolcón en la justicia colombiana. Diez intentos, fallidos la mayoría y precariamente sacados adelante los menos, se cuentan por corregir vacíos y vicios surgidos con los cambios que introdujo la Carta del 91, así como para eliminar instituciones que, como el tristemente célebre Consejo Superior de la Judicatura, nacieron de las mejores intenciones pero dieron pie a los peores resultados.
El gobierno del presidente Duque acaba de presentar su propuesta de reforma, que por ahora se concentra en los problemas de la cúpula del Poder Judicial y plantea alternativas frente a la congestión generada en los juzgados a causa de la tutela. Aún está pendiente el capítulo de la justicia del día a día, esa que rara vez aparece para la mayoría de los colombianos de a pie y cuya mora de años es sin duda uno de los grandes retos para la legitimidad del Estado.

Aún falta un capítulo que se ocupe de la justicia del día a día, esa que rara vez aparece para la mayoría de los colombianos
de a pie.

Se ha abierto el debate, y desde ya se escuchan voces que advierten que algunos de los puntos de la reforma pueden sonar más a viejas revanchas que a verdaderas soluciones a la vital necesidad de tener una justicia más transparente. En ese sentido, hay reservas sobre la conveniencia de que para ser magistrado de alta corte se haya tenido que pasar al menos cinco años como juez –algunos de los magistrados más brillantes de las cortes, como Juan Carlos Henao, nunca fueron jueces, mientras que varios de los más cuestionados, como Gustavo Malo, hicieron toda una vida en la Rama–. También, por la posibilidad de que para solucionar el lío en el que se han convertido las elecciones a cargo de los altos tribunales, el Presidente de la república termine eligiendo fiscal general si la Corte Suprema se demorara más de un mes en el proceso, con todo lo que esto implica para el equilibrio entre poderes.
El proyecto plantea, así mismo, mecanismos para ordenar el uso de la tutela, que es de lejos la herramienta jurídica más usada y querida por los colombianos y cuya eventual afectación ha encendido alarmas. El Gobierno y el Congreso deben tomar las medidas para evitar que lo propuesto, que bien puede ser necesario para evitar desgastes institucionales como las famosas ‘tutelatones’, altere la efectividad de la tutela en un país donde ella suele ser la única salida para los ciudadanos.
Lo que no puede discutirse, en todo caso, es la necesidad de la reforma. Un repaso del texto del proyecto deja claro que en él resuena el eco de los escándalos más recientes. Muchos de sus elementos apuntan claramente a las causas de estos bochornosos episodios. Todo lo que ha salido a flote en el proceso contra el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Pretelt, las revelaciones sobre el denominado ‘cartel de la toga’, la pervivencia de instituciones altamente permeadas por la corrupción como la Judicatura y la impunidad que, de facto, rodea a los más altos dignatarios del país, debido a la histórica ineficiencia de la Comisión de Acusación, así como la impúdica puja política y burocrática que suele acompañar las elecciones de altos funcionarios en las altas cortes, todo ello debe acabar. Por el bien de la misma justicia, pero, sobre todo, por el del país.
editorial@eltiempo.com
Editorial .
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