Editorial

Errores que pagan todos

Es hora: el Congreso debe poner fin a los desmanes con los procedimientos estéticos.

18 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

Nadie duda de que el bienestar de los pacientes está por encima de cualquier consideración e interés. De hecho, desde la misma Constitución se ampara la salud como un derecho fundamental. De ahí que cualquier medida en este sentido debe ser reconocida, y más ante las evidentes fisuras en este sector.

El reciente pronunciamiento de la Corte Constitucional para obligar a las EPS a cubrir las complicaciones derivadas de procedimientos estéticos es coherente con la jurisprudencia que el alto tribunal ha tenido en este sentido, y, como corresponde, debe ser recibido y acatado en toda su extensión.

No obstante, el fallo ha de ser tomado también como un serio llamado de atención a los vacíos legislativos, que dejan a la deriva a víctimas de procedimientos estéticos mal realizados o que han caído en manos de profesionales sin los respectivos avales y empíricos de todo cuño.

Porque aquí hay que reconocer que la misma Corte Constitucional declaró exequible una ley estatutaria en la cual los procedimientos estéticos y cosméticos están excluidos de los beneficios otorgados por el sistema de salud y que pagan todos los colombianos.

Elementos que quedaron explícitos en la Ley 1751 del 2015, cuya vigencia, al parecer, muchos se niegan a aceptar sobre motivaciones fraudulentas. Muestra de ello es la creciente solicitud de procedimientos y cirugías con fines a todas luces estéticos y disfrazados de necesidades funcionales para cargárselos a las famélicas finanzas del sistema de salud.

El fallo de la Corte que obliga a las EPS a cubrir las complicaciones derivadas de cirugías estéticas es coherente y debe ser acatado.

Y a esto se suman las crecientes reclamaciones ante las EPS por complicaciones que en teoría no son de su responsabilidad, pero que estas empresas, ante el riesgo y desamparo en que quedan las personas, deben asumir sus tratamientos sin la posibilidad de recobro contra los causantes de los daños.

Sin embargo, esto no es gratuito porque desde diferentes instancias se le ha solicitado al Congreso de la República que regule la situación, dada la imperiosa necesidad de fijar reglas sobre la idoneidad y experticia requeridas por los médicos para realizar este tipo de ejercicio. Lo mismo que los criterios de habilitación de los lugares para hacerlos y las sanciones correspondientes para quienes se salgan de la norma. Varios proyectos se han hundido tanto en la Cámara como en el Senado.

Los desenlaces no pueden ser peores: cientos de personas deformadas, un sinnúmero de muertos y un sistema de salud que termina reparando y pagando las consecuencias.

Llegó la hora de poner fin a estos desmanes. El fallo de la Corte Constitucional es un imperativo para recuperar el tiempo perdido con decisiones y acciones firmes de las autoridades responsables, lo cual no deja de lado a los pacientes, cuyo deber constitucional es también proteger su salud.

Asimismo, es tiempo de perder el miedo a hablar de los seguros que médicos y pacientes deben tener para cubrir complicaciones de esta clase y así evitar que tratamientos excluidos sean asumidos con los recursos de todos.

editorial@eltiempo.com

MÁS EDITORIALES

Ya leíste los 800 artículos disponibles de este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido digital
de forma ilimitada obteniendo el

70% de descuento.

¿Ya tienes una suscripción al impreso?

actívala

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta y podrás disfrutar de:

  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta y podrás disfrutar nuestro contenido desde cualquier dispositivo.

CREA UNA CUENTA


¿Ya tienes cuenta? INGRESA