Editorial

El nervio de la paz

Es inmensa la tarea de quienes van a ejecutar los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial.

19 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Sobre el papel, los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial, que pretenden rescatar a los municipios que más sufrieron por la violencia, son una lista de buenas razones para respirar aires de esperanza. Presentada el lunes, la iniciativa, para la cual se tienen destinados más de 3 billones de pesos en su primer año y que costará 129 billones en las dos décadas que se espera dure, busca llegar a los 170 entes municipales que con más rigor sintieron el conflicto, para darles a sus habitantes las oportunidades históricamente esquivas.

Del paquete forman parte acueductos, colegios, hospitales, proyectos productivos, vías, acceso a la justicia y la oportunidad de participar en política mediante las 16 circunscripciones especiales, fruto del acuerdo, que tendrá cada una por los próximos ocho años un representante a la Cámara. Hay que decirlo: lo básico que cualquier sociedad en el marco del Estado de derecho debería tener, pero que, por razones que conocemos y en las que no viene al caso profundizar, han tenido desde siempre la inaceptable calidad de lujo o privilegio para quienes han conformado estas comunidades a lo largo de la historia.

De su impecable gestión depende el sueño de un mejor país

Así, pues, desde el primer día del proceso de paz se dijo, con razón, que el fin del acuerdo era solo el silenciamiento de los fusiles. Que lo más complejo venía después con la implementación de lo firmado. A esto se lo denominó, también desde el primer momento, la construcción de una paz estable y duradera.

Sin más rodeos, se trata, entonces, de que el Estado deje de delegar sus funciones –a las buenas o a las malas– en grupos armados ilegales, en las mismas mafias que lo desangran, y llegue por fin a estos territorios con los bienes, servicios e infraestructura que son parte de una añeja deuda social que es hora de saldar. De este modo será posible construir un nuevo país, vacunarnos frente al riesgo de un nuevo desangre. Además de lo anterior, aquí está también la clave para frenar el auge reciente de los cultivos de coca.

Pero es bien sabido lo difícil que en Colombia resulta pasar de los planes de acción a su ejecución, teniendo como marco la realidad que se vive en el terreno. Y a esto es a lo que debe apuntar el llamado: a que quienes son los encargados de la ejecución del plan, el gasto de tan cuantiosos recursos, tienen que ser conscientes del tamaño de la responsabilidad de la misión que se les ha encomendado.

Ello implica prever los riesgos, indeseables pero reales, de que las buenas intenciones, así como el presupuesto, se diluyan en un mar de burocracia y –todo corresponde decirlo– corrupción. Algo que de ninguna manera puede ocurrir.

Quienes van a echar a andar este prometedor barco también están llamados a saber que buena parte del éxito de políticas públicas de este talante depende del grado de apropiación que de ellas se logre generar en las comunidades. No se puede llegar a imponer; la participación de las organizaciones locales no puede limitarse a consultas.

Todo lo referido implica tener muy claro que se están reconociendo derechos y no concediendo favores. Y que es fundamental mantener a raya actitudes paternalistas o centralistas.

- editorial@eltiempo.com

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