Editorial

¿De quién es la ciudad?

Las manifestaciones sociales son válidas y necesarias, sin pisotear el derecho de los demás

Por: REDACCIÓN EL TIEMPO
09 de noviembre 2018 , 08:10 p.m.

El jueves pasado, el país –y en particular Bogotá– fue objeto de numerosas y multitudinarias manifestaciones que agruparon varios sectores. Por un lado, a los estudiantes, que de tiempo atrás vienen exigiendo mayores recursos para la educación pública, y, por otro, agremiaciones sindicales que rechazan la ley de financiamiento que tramita el Gobierno Nacional. Congregaciones a todas luces válidas, en el entendido de que la protesta social no solo no debe ser criminalizada, sino que ella forma parte de los contrapesos de una sociedad en democracia.

En las principales capitales se vivió ese ambiente con una que otra escaramuza. Donde las cosas se salieron de control fue en la capital. Allí se arremetió contra el transporte público y el mobiliario urbano, se atentó contra la vida de un policía que fue víctima de una bomba incendiaria y hubo vandalismo y ataques al comercio y medios de comunicación como RCN y Citytv, hechos absolutamente condenables.

Otra damnificada fue la movilidad. Aunque suene a Perogrullo, cabe aclarar que nadie organiza una manifestación pensando que esta no afectará la libre circulación de las personas, como sucedió aquella noche del jueves. Toda protesta pública busca generar o termina generando malestar en el normal funcionamiento de una ciudad. Eso se entiende. Y particularmente a los estudiantes los anima el dar a conocer sus demandas, a sabiendas de que el caos momentáneo es parte de esa estrategia. Lo que colmó la paciencia de la gente fue la manera como se protestó en esta ocasión, pues, según lo aseguró el secretario de Seguridad de Bogotá, Jairo García, esta vez se bloquearon puntos inusuales y neurálgicos de la capital, de ahí el caos. Miles de personas debieron caminar durante horas o abordar un transporte informal para llegar a sus casas en medio de la lluvia, el desorden y el miedo. Y es aquí donde cabe preguntarse: ¿es esto lo que quieren los estudiantes? ¿Ganan con este proceder? Porque, mal que bien, la gente se acostumbra a los trancones y las complicaciones de cada manifestación, pero si el objetivo es la incomunicación o la obstrucción generalizada, el efecto no podría ser otro que el rechazo ciudadano a una protesta que, repetimos, es válida pero no puede pasar por encima del derecho de las mayorías a transitar libremente por su ciudad, mucho menos si viene acompañada de acciones vandálicas y criminales.

Si no se aclara el origen de los actos violentos del jueves, serían los estudiantes quienes injustamente terminen señalados.


Sobre este punto, cabe otra reflexión: ¿son los estudiantes los únicos responsables de que encapuchados o personas ajenas a las movilizaciones la emprendan contra medios de comunicación y bienes que les pertenecen a todos? ¿Orquestaron la parálisis que se vivió en todos los puntos cardinales? Son respuestas que siguen pendientes y los promotores harían bien en aclarar, pues hoy son ellos y sus seguidores los que, justa o injustamente, están siendo puestos en la picota pública, entre otras razones por la desinformación que se ha suscitado.

De no ser así, más grave aún sería confirmar que los desmanes hayan tenido motivaciones políticas violentas, inspiradas por organizaciones que se aprovechan de estos escenarios para producir anarquía y confusión. Y allí no cabe más que acudir al peso de la ley.

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