Editorial

De lavaderos y vallas

La lucha contra quienes contaminan con vallas o malgastan el agua merece la atención de todos.

Por: EDITORIAL 
08 de febrero 2019 , 08:07 p.m.

Hay batallas imperceptibles que, sin embargo, resultan titánicas para un gobierno. Proteger sus recursos o aconductar a quienes prefieren seguir creyendo que la ciudad no es de nadie y, por tanto, en ella todo está permitido es una de ellas. Bogotá bien puede ser ejemplo de lo que ocurre en otras urbes frente al uso que se les está dando a las fuentes subterráneas de agua y a esa pelea desigual contra constructores y empresas que quieren inundarla de avisos y pasacalles ilegales.

Ambos temas tienen que ver con el medioambiente. Y terminan refundidos al fragor del debate por la tala de árboles o la reserva forestal, o por el eco que desde los órganos de control se hace a quienes no quieren un parque. Pero los casos a los que nos referimos también merecerían ser objeto de escrutinio público y de la mirada acuciosa de los ambientalistas.

Bogotá dispone en la actualidad de 12 estaciones para el lavado de vehículos con autorización de la Secretaría de Ambiente. Otras 22 están en investigación por no cumplir con las normas que exigen la buena disposición de aguas residuales. Y hay casi un centenar de solicitudes para prestar este servicio en la capital. Si se tiene en cuenta que el parque automotor bien puede estar bordeando los 2 millones de vehículos, las cifras suenan exiguas a la luz de lo palpado en la realidad: un sinnúmero de lavaderos de carros sin control aparente. La mayoría de ellos carecen de dispositivos que eviten la contaminación con lodos y jabones, y, como se señaló, hay varios más con investigaciones pendientes.

Aunque las autoridades están al tanto del problema y han rechazado varias solicitudes por falta de garantías, lo cierto es que el funcionamiento de estos negocios –que requieren cumplir al menos 53 requisitos– se hace, en la mayoría de los casos, de manera informal. No se sabe a ciencia cierta cuánta agua se consume –cada vehículo requiere alrededor de 80 litros del líquido–, y un buen número de ellos se amparan en esa especie de limbo legal para operar sin problema.

El caso de las vallas es distinto. Desde comienzos del actual gobierno, la Alcaldía de Bogotá ha emprendido una serie de acciones para limpiar la ciudad de vallas, pasacalles, pendones y otros elementos que contaminan y afean la capital. Se han impuesto multas por 2.300 millones de pesos en los últimos tres años, una cifra irrisoria si se considera el costo que implica ejercer una labor para la cual es necesario el concurso de cinco entidades oficiales. Solo en el 2017 fueron retiradas 174.000 de estas piezas publicitarias y se recuperaron 28.000 metros cuadrados de espacio público. Es una guerra sin cuartel que pareciera no tener fin.

No es falta de normas ni decretos. Ahí están para ser aplicados. Y la Alcaldía lo hace en la medida de sus posibilidades. Pero es también un deber cívico, pues estamos hablando de garantizar, por un lado, el buen manejo del recurso hídrico para que se cumpla con los estándares sobre cargas de vertimientos y, por otro, de amparar el derecho de todo ciudadano a gozar de un ambiente sano. En ese sentido, la ciudadanía tiene el deber de denunciar malas prácticas y facilitar así el actuar de las autoridades, al tiempo que se protege una ciudad que es de todos.

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