Editorial

Cárceles con señal

Inaudito que el Inpec no controle las llamadas con fines delictivos que se hacen desde los penales.

24 de julio 2018 , 12:00 a.m.

Los audios que se han venido revelando, en los que capos de Medellín planean una embestida contra esa ciudad y contra su alcalde, Federico Gutiérrez Zuluaga, son aterradores. Pero lo es más el hecho de que las autoridades sepan que esas llamadas están saliendo de diferentes cárceles del país, donde peligrosos narcotraficantes y bandas de extorsionistas siguen delinquiendo.

La semana pasada, con una sola de estas llamadas, se ordenó el asesinato de un conductor y literalmente se paralizó buena parte del servicio de buses públicos que sirven a las comunas paisas. Pero lo que resulta aún más desconcertante es que, en tres años, el Inpec no haya podido contratar un servicio de bloqueo de señales de celulares, para las 139 cárceles del país, que impida que desde allí se siga delinquiendo.

Tal como lo ha venido denunciando la Unidad Investigativa de EL TIEMPO, primero le iban a entregar el millonario contrato a una empresa sin experiencia. Y luego, sin dar mayores explicaciones, les tuvieron que extender los contratos a los privados, que no cubren todas las cárceles. Por ejemplo, en Bellavista, dormitorio de decenas de asesinos y capos de Antioquia, no hay inhibidores de señal y en la de máxima seguridad de Cómbita, Boyacá, los que existen ya son obsoletos.

Para frenar este delito, el Gobierno, la Policía, la Fiscalía y el Gaula del Ejército han desarrollado un exitoso dispositivo de inteligencia que ya permitió neutralizar a 500 de estos delincuentes y judicializar a cerca de 1.500. Parte de la solución ha sido enviarlos a Tramacúa, la cárcel de Valledupar, de donde no salen llamadas de celular. Pero el alcalde de esa ciudad, Augusto Ramírez, tiene razón al manifestar que Valledupar no se puede convertir en la cloaca del Inpec.

Es evidente que ni las labores de inteligencia ni los traslados son suficientes: urge una solución de fondo para este problema.

En efecto, la semana pasada fueron trasladados a ese lugar delincuentes de la talla de alias Pesebre, Juancito y Lindolfo, que seguían dándoles instrucciones a sus lugartenientes para no perder el control de cerca de 300 bandas criminales que campean en sectores de Medellín y su área metropolitana. Es cuestión de semanas para que, como lo anticipa el alcalde de Valledupar, esa bomba de tiempo explote, porque estos delincuentes suelen moverse con cohortes de hampones que enrarecen la seguridad en los alrededores de las cárceles.

Y es evidente que ni las labores de inteligencia ni los traslados sean suficientes. Aunque ya se logró disminuir el número de cárceles de donde salen este tipo de llamadas, el Inpec debe entregarle al país una solución de fondo.

La buena noticia es que, por ahora, se le ayudará a Medellín a conseguir equipos que ubiquen en tiempo real a delincuentes y celulares atrincherados en cárceles. Además, los teléfonos móviles serán sometidos a análisis forenses para descubrir a sus cómplices y redes.

La mala noticia es que eso está pasando en todo el país y el Inpec ya no puede seguir aplazando una política pública sobre un asunto que incide en la seguridad ciudadana y hasta en la vida y tranquilidad de mandatarios que, como Federico Gutiérrez, les han puesto el pecho a estas organizaciones criminales. Ese también es un reto para la nueva ministra de Justicia, Gloria María Borrero.

editorial@eltiempo.com

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