Editorial

Buena política, pero insuficiente

Es loable el logro de precios justos en medicamentos contra la hepatitis C, pero hay que ir más allá

28 de julio 2017 , 12:00 a.m.

Los elevados precios de los medicamentos y la incorporación acelerada, desordenada y no pocas veces forzada de las nuevas tecnologías a los planes de beneficios son, sin duda, los factores que más ponen en riesgo las precarias finanzas de la salud y, consecuentemente, la calidad de la atención.

De ahí que cualquier medida racional para atenuar tales condiciones –sin afectar los tratamientos de los enfermos– sea bienvenida, y más cuando el hueco económico sectorial parece crecer sin freno. Y aunque la lógica indicaría que esto es fácil, la verdad es que actuar sobre una de las industrias más poderosas del mundo y un mercado que no se rige por sus leyes naturales es, en la práctica, una apuesta hecha al perdedor.

Por eso hay que reconocer que la decisión tomada esta semana por el Ministerio de Salud –de incorporar a Colombia en un mecanismo de compras centralizadas desarrollado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para que los países de la región negocien tratamientos contra la hepatitis C a precios justos y los pacientes tengan acceso a medicamentos que curan la enfermedad– es en extremo audaz. No en vano se prevén ahorros cercanos a los 300.000 millones de pesos, solo en el primer año.

Basta con ver las curvas de demanda de otros males más comunes, como el cáncer, para evidenciar que es urgente tomar medidas similares y evitar el colapso del sistema

Sin embargo, esta sana determinación también debe servir para preguntar por qué –al tenor de los resultados– no se amplía este mecanismo de compras a escala para adquirir, al menos en parte, los medicamentos de alto costo pagados por el sistema de salud bajo la inconveniente modalidad de recobros.

Está claro que el de la hepatitis C es un caso dramático en razón del pánico que genera enfrentarse a la inviabilidad presupuestal de disponer de 8 billones de pesos en los próximos 15 años para curar a los 60.000 colombianos a quienes el virus afectará en el mismo periodo; pero basta con ver las curvas de demanda de otros males más comunes, como el cáncer, para evidenciar que es urgente tomar medidas similares y evitar el colapso del sistema.

La administración actual ha dado muestras suficientes de valentía, tanto en esta materia como en la regulación de precios, las licencias obligatorias y la sistematización de la prescripción para los fármacos ‘no POS’. Así que no se parte de cero. Y con las proyecciones del ahorro, al Gobierno le resulta imperativo subir otro peldaño.

Pero aquí se requiere el concurso decidido de todos sus actores, los cuales deben alinear sus intereses, de una vez por todas, con el bienestar colectivo, comenzando por la industria farmacéutica, que ha dado señales de querer hacerlo; de EPS y hospitales, obligados a armonizar sus procesos en favor de los afiliados y no de sus balances; de un aparato judicial que debe llenar su vacío de diálogo con el sistema de salud y de un cuerpo médico penosamente rezagado en todos los compromisos adquiridos como proponente de la Ley Estatutaria que ampara esta política farmacéutica.

Es la única forma para que quienes conocen este sector se apropien de la búsqueda de las soluciones de sus problemas y para evitar, como empieza a verse, que actores externos, con fines políticos y en tono de campaña, digan tener la contra para las dificultades que, incluso, ayudaron a crear.

- editorial@eltiempo.com

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