Editorial

Atender las alertas

El Ejecutivo y la Defensoría deben lograr un trabajo armónico para proteger a los líderes.

Por: Editorial
10 de febrero 2019 , 11:24 p.m.

El informe de la Defensoría del Pueblo revelado la semana pasada sobre la crítica situación que viven los líderes sociales no puede pasar desapercibido. Además de las cifras sobre amenazas –740 entre marzo de 2018 y enero de este año–, muertes –162 en el mismo lapso– y alertas tempranas –70 en total para este período–, el documento se refiere también a las organizaciones defensoras de derechos humanos que han sido objeto de este tipo de amedrentamiento, 500 en total, y al hecho de que 83 por ciento de los homicidios se concentraron en diez departamentos.

En la caracterización que hace de los líderes, amplía el espectro acogiéndose a la definición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e incluye a operadores de justicia y a quienes defienden el derecho de la gente de acceder a ella, como es el caso puntual de los personeros municipales.

Sobre el papel, y a la distancia, parece claro por qué están matando a los líderes sociales. También, por momentos, pareciera al alcance la fórmula para protegerlos y detener estas muertes que tanto duelen.

Hoy es posible afirmar que quienes más riesgo corren son aquellos que en zonas donde hay economías ilegales –muchas de ellas antiguos fortines de las Farc– toman la vocería de la gente para intentar detener el avance de las mafias que pretenden tomar control de estas rentas y, de paso, de todo el orden social con el fin de maximizar sus ganancias.

Así las cosas, podría decirse que con el diagnóstico más o menos claro, las acciones deberían ser efectivas. Pero la realidad muestra otra cosa. Aunque el Gobierno insiste que este año ha atendido 30 de las 31 alertas tempranas lanzadas por la Defensoría, las muertes no han cesado. Asegura esta entidad que todos los que han caído en los últimos meses estaban en la lista de amenazados y amenazadas. El reclamo es que una vez lanzada la alerta, la respuesta no es oportuna ni suficiente.

Se trata de crear condiciones estructurales para que velar por el interés general nunca más sea motivo para poner en riesgo la propia vida

Frente a esta situación, el Ejecutivo tiene ya una estrategia: los Planes de Acción Oportuna. Las declaraciones de la ministra del Interior dejan ver que se ha entendido que la respuesta no puede limitarse a unos escoltas y un chaleco antibalas para quien reciba amenazas, sino que esta debe apuntar a crear condiciones estructurales de seguridad mediante una presencia efectiva del Estado en el territorio que obligue a los ilegales a replegarse.

Pero, de nuevo, hay que advertir la dificultad para que estos planes pasen del papel a la realidad y logren contener las maquinarias criminales. Mientras el Ejecutivo asegura que sus acciones ya han salvado vidas, la Defensoría ha reiterado que sus alertas no han sido atendidas.

En esta materia hay controversia, mas nunca en el hecho de que estamos ante un problema grave que obliga al Estado a proteger a quienes están en riesgo. Es hora, pues, de superar este roce. Es necesario un trabajo armónico entre las instituciones no solo a fin de prevenir muertes, sino para crear las condiciones para que velar por el interés general nunca más sea razón para poner en riesgo la propia vida en Colombia.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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