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Atención a la deforestación

De la manera como se afronte este flagelo depende en gran medida el éxito del posconflicto.

Editorial .
Una locomotora ilegal e imparable está devorando el mayor patrimonio natural del país: los bosques. La deforestación en Colombia se disparó en el 2016, y aunque no se asemeja a las cifras de hace unas décadas, sí muestra una tendencia aniquiladora contra los árboles, nuestra mayor garantía de agua y bienestar.

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Según el informe que reveló esta semana el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), este mal incesante aumentó un 44 por ciento entre 2015 y 2016. Para hacerse una idea de lo mucho que se perdió, la entidad calcula un área de 178.597 hectáreas, una zona tan grande como Bogotá. Hay indicadores igual de alarmantes: en el territorio nacional, cada hora se pierden 20 hectáreas, y la región más afectada –donde se concentra el 39 por ciento del problema– es la Amazonia, bioma clave para la regulación climática no solo de Colombia, sino del mundo.
El nivel de detalle logrado por el Ideam en su monitoreo de bosques permite hacer una radiografía, en términos ambientales, de lo que está sucediendo con las nuevas geografías del posconflicto. Se estima que el 60 por ciento de la deforestación se concentra solo en 23 municipios, muchos de ellos donde más se vivió la guerra, como San Vicente del Caguán y Cartagena del Chairá, en Caquetá, y donde por más de un año se viene advirtiendo que la depredación no da tregua.
Caso similar ocurre en los núcleos del Pacífico en Chocó y en el municipio de Tibú, Norte de Santander, focos de deforestación identificados por el sistema de monitoreo de bosques y carbono desde hace un par de años y donde parece que la tala indiscriminada se convirtió en pan de cada día para las comunidades.
A este nuevo repunte de la deforestación también hay que ponerle en contexto los pasivos ambientales que dejaron tantos años de guerra a las zonas con mayor biodiversidad del país. Basta con decir que entre 2009 y 2013 se perdieron 3 millones de hectáreas en municipios con alta incidencia del conflicto armado, como calcula el Departamento Nacional de Planeación.
El mayor acceso a estas áreas biodiversas tras la salida de las Farc, la llegada de nuevos actores ilegales, la acumulación de grandes extensiones de tierra por las expectativas de recibir beneficios por su tenencia, los cultivos ilícitos y la imparable extensión de la frontera agrícola y pecuaria son los factores que componen esta locomotora ilegal.
No es sorpresa, entonces, la noticia de que se intensificó esta problemática, y por ese mismo hecho resulta preocupante que los mecanismos de acción, tanto de las Fuerzas Militares como de las autoridades ambientales, no sean suficientes para atender la magnitud del problema y que la deuda con el medioambiente siga en un aumento incesante.
El Gobierno presentó, con base en estas cifras, la Estrategia Integral de Control de la Deforestación –que construyó de la mano con Naciones Unidas y otros aliados– para conjugar en un solo esfuerzo una respuesta. Es destacable la intención que enmarca esta estrategia con relación al cambio de paradigma y visión que se tiene frente a los bosques. Una gobernanza forestal basada en el uso sostenible de estas áreas debe ser el faro de nuevas acciones, y atrás deben quedar los discursos que por años hicieron pensar que no hay prosperidad cuando van de la mano desarrollo y conservación.
Cientos de comunidades dependen de los bosques y requieren alternativas productivas para vivir en ellos sin tener que destruirlos. El mayor reto, pues, es hacer financieramente sostenibles estas apuestas comunitarias.
Una de las opciones que se vislumbran para este fin es el pago por servicios ambientales, esquema que busca impulsar la conservación a cambio de beneficios económicos para quienes se comprometan a blindar los bosques. El Gobierno presentó la primera política en este sentido al finalizar esta semana. Ojalá pronto se vea su impacto en la tasa de deforestación anual.
Ahora bien, es claro que sin un control efectivo del orden público en estas áreas ni una presencia técnica de las autoridades ambientales, los demás esfuerzos se quedarán cortos. Para ello es clave replantear ciertos esquemas de ordenamiento territorial y fortalecer a las autoridades locales, que, sin muchos elementos, incluso con políticas miopes, pueden favorecer que se siga perdiendo el bosque. Urge también contrarrestar el impacto de las redes criminales que están llegando a talar el bosque para reclamar su tenencia y luego formalizar su titularidad, en una especulación perversa y a costillas de la pérdida del patrimonio natural.
Por último, no sobra señalar que, como ya lo han explicado varios expertos, la deforestación suele aumentar luego de los procesos de paz. Sin embargo, debe ser una prioridad de este gobierno y del siguiente mitigar tales consecuencias. No es posible una paz duradera sin conservar los bosques: de ellos y de sus servicios climáticos depende mucho más de lo que parece.
editorial@eltiempo.com.co
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