Opinión

Entre prevenir y castigar

Nos hace pensar primero en el castigo y no en todo lo que tenemos que hacer desde el comienzo. 

16 de julio 2018 , 07:21 p.m.

¿De dónde viene esa obsesión cíclica por cambiar las leyes y las penas que rara vez se cumplen en Colombia, y no porque sean poco severas, sino por impunidad y negligencia? ¿De dónde viene ese recurso de buscar consensos políticos y ciudadanos alrededor de sanciones de por vida, como la de la cadena perpetua para violadores de niños? ¿Tendrá que ver con ideas instaladas que conectan sexualidad prohibida y fuego eterno, o infancia con castigo?

“Yo quiero, señores alcaldes y alcaldesas, invitarlos a que construyamos de cara al año 2019 una propuesta de una vez para que como sociedad al unísono en el proceso electoral de 2019 podamos ir a las urnas y votar el referendo para que exista cadena perpetua para violadores y asesinos de niños” (¡sic, sic!), declaró el presidente electo con esa incorrección lingüística que ya le estamos conociendo y contrasta con su pretendida corrección política, en busca de aprobación de sus audiencias. Así como en un rapto de ingenua familiaridad le transmitió saludos y cariños del “presidente Uribe” al rey de España, el foco de su presentación en sociedad frente a los alcaldes para lanzar la temporada electoral de 2019 fue la invitación a sumarse a esa causa punitiva que, lejos de polarizar, suscita aplausos rápidos de mandatarios, apoyo ciudadano y cobertura mediática instantánea.

¿Acaso quién se atreve a discrepar sobre el imperativo de castigar a los violadores de niños y también a todos los violadores y asesinos de cualquier persona, de cualquier edad o género? Me gustaría saber quién se levanta en una reunión de alcaldes de Colombia con el nuevo presidente y, en vez de unirse a la galería de aplausos, se refiere a las cifras de impunidad frente a la violación de niños y adolescentes, y al subregistro y el silencio general que suele envolver esos crímenes. Y, si los abucheos y los señalamientos sobre supuesta complicidad con los violadores y supuesta falta de compromiso con la infancia le permiten continuar, me gustaría saber quién se atreve a nombrar ese secreto a voces que nadie reconoce públicamente, pero que cualquier experto ratifica: Beatriz Linares Cantillo, la abogada a la que le debemos, en gran medida, la obsesión por sacar adelante el Código de Infancia y Adolescencia o Ley 1098 de 2006, solía insistir en que “el lugar más inseguro para las niñas y los niños de este país muchas veces es su hogar”.

Sí, señoras y señores, y futuro presidente: la discusión no es nueva, y así como Gilma Jiménez era partidaria de la cadena perpetua –y su hija asumió luego la causa–, muchos expertos insisten, con argumentos técnicos, en poner el acento no en la perpetuidad de las penas a los violadores, sino en la denuncia oportuna (lo cual también implica romper mecanismos de control social que llevan al miedo y el silencio), en la eficacia para aplicar las sanciones, que en Colombia se extienden a sesenta años, pero especialmente en un trabajo menos escandaloso y más urgente, situado antes de cualquier sanción, que se resume en dos palabras: ‘prevención’ y ‘protección’.

Esas dos palabras no dan votos y se traducen, o deberían traducirse, en acciones cotidianas que, si se hacen bien, no generan noticias ni, mucho menos, suscitan agradecimientos, pues son corresponsabilidad del Estado, la familia y la sociedad civil. Me refiero a la garantía de los derechos de los niños y su prevalencia sobre todos los demás, según está reglamentado en la citada Ley 1098. También, a la deuda inmensa que Colombia sigue teniendo con la infancia y, quizás por una mezcla extraña de impotencia y culpabilidad, nos hace pensar primero en el castigo y no en todo lo que tenemos que hacer desde el comienzo.

YOLANDA REYES

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