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Institucionalidad sí, pero no así

La institucionalidad se respeta si, y solo si, les conviene al expresidente y sus correligionarios.

Vladdo .
El anhelo uribista de socavar las instituciones no debería extrañarle a nadie. De hecho, un repaso a vuelo de pájaro de la historia reciente nos permite llegar sin mucho esfuerzo a la raíz de los atajos con los cuales Uribe y sus muchachos han logrado varios objetivos.
Por allá en los años noventa, en vista de que, según el gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, los organismos de seguridad no funcionaban como consideraba que debían hacerlo, él se dedicó a promover las cuestionadas Convivir, en connivencia –valga la salvedad– con Fernando Botero Zea, ministro de Defensa de la época. Resulta curioso que en vez de proponer una reforma ajustada a la ley de tales organismos, ellos hubieran decidido montar una ‘parainstitucionalidad’ con el objeto de “cumplir una función defensiva y de apoyo a la Fuerza Pública en labores de inteligencia y de contacto con la gente a fin de vencer los problemas de la criminalidad rural”, según decían. Sin embargo, como muchos lo temíamos, su misión se desvirtuó y las tales cooperativas se salieron de madre, dejando una estela de sangre y dolor en buena parte de nuestra geografía.

Con la misma arrogancia que critican al sátrapa de Venezuela por dejar sin piso a la Asamblea Nacional, los uribistas amenazan aquí con la convocatoria de una Constituyente. Al mejor estilo Maduro.

Pero ese fue apenas el origen de esa “institucionalidad sí, pero no así”. Cuando su líder máximo llegó al cargo más importante del país, las huestes uribistas hicieron hasta lo imposible para alentar y propiciar el cambio de un articulito de la Constitución Nacional, puesto que tal y como estaba no servía para reelegir al mandatario. Para conseguir su objetivo no importaba el cómo sino el qué, y lo consiguieron; así no haya sido de una manera muy ortodoxa. Y no contentos con una reelección, quisieron repetir la ‘hazaña’, hasta que su plan se vio frustrado por los ‘traidores’ de la Corte Constitucional, que, en febrero de 2010, mandaron al traste la segunda reelección.
En uno y otro caso, el jefe de la tribu, el ‘gran colombiano de la historia’, se negó asumir de plano su interés en deformar la Constitución para adecuarla a sus caprichos. Cada vez que le tocaban el tema, desviaba la conversación o, pese a dárselas de frentero, se iba por la tangente. Y en casos extremos, cuando un reportero lo confrontaba, él simplemente se salía de la ropa –y a veces del recinto–, siempre apoyado en su acostumbrada muletilla: “siguiente pregunta, amigo periodista”.
Con semejante historial, no debe impresionarnos la campaña de descrédito que ahora desde las toldas del Centro Democrático están impulsando en redes sociales, vallas y cuanto medio pongan a su alcance, en contra de magistrados o de altos funcionarios que no se amoldan a la voluntad del expresidente.
Por ejemplo, al procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, lo tienen en la mira no solo por rechazar las objeciones del presidente Duque a la JEP, sino por atreverse a llamar al orden a una funcionaria consentida del uribismo que ha incurrido en aparentes faltas disciplinarias. “Procuraduría sí, pero no así”, debe ser el eslogan de esta arremetida.
Y como la institucionalidad se respeta si, y solo si, les conviene a Uribe y sus correligionarios, ellos mismos se han dedicado a envenenar la discusión en contra de las altas cortes, e incluso contra el Congreso, para justificar cualquier atajo en caso de que no prosperen las objeciones del presidente contra la JEP.
Lo más irónico es que con la misma arrogancia que critican al sátrapa de Venezuela por dejar sin piso a la Asamblea Nacional, dominada por la oposición, ahora los uribistas –con Duque o a pesar de él– amenazan con la convocatoria de una constituyente que le dé patente de corso al Gobierno para legislar pasándose por la faja el poder legislativo. Un truco idéntico al utilizado por Maduro cuando la Asamblea le dio la espalda.
@OpinionVladdo
Vladdo .
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