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La democracia en las calles

Otra vez la gente está en las calles y plazas de Guatemala en rebelión cívica contra la corrupción.

Sergio Ramírez
La multitud enarbola pancartas contra el presidente Jimmy Morales, y en una de ellas han agregado un botón rojo a su nariz, recordando su pasado de comediante. Él tampoco parece olvidarlo, porque el año pasado, en la tarima donde presidía las celebraciones del día del ejército, se puso a marchar al son de la banda militar, a paso de tropa, frente a la mirada divertida del ministro de Defensa, general Williams Mansilla.
Otra vez la gente está en las calles y en las plazas de Guatemala en rebelión cívica, como cuando las protestas multitudinarias dieron al traste con el gobierno del general Otto Pérez Molina, obligado a renunciar, y en la cárcel acusado de corrupción.
El comediante se proclamó de manera altisonante “ni corrupto ni ladrón” durante la campaña electoral. Al poco tiempo, su hermano Samuel y su hijo José Manuel fueron enjuiciados por malversación: mediante una empresa llamada Fulanos y Menganos S.A., cobraron al Estado 564 desayunos, que nunca se sirvieron, e igual número de canastas navideñas inexistentes.
Morales compara su situación con la del general franquista José Moscardó, cuyo hijo fue tomado rehén por las fuerzas republicanas durante la guerra civil, mientras él se hallaba sitiado en el Alcázar de Toledo.
Las cosas se le complicaron más hace poco, cuando “en defensa de la soberanía nacional” decidió declarar non grato al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), el jurista colombiano Iván Velásquez Gómez, en represalia porque decidió investigar el financiamiento ilícito del partido de Morales durante la campaña del 2015.
La Cicig, que depende directamente del Secretario General de las Naciones Unidas, ha llevado más de una docena de casos por corrupción en los que han resultado 300 acusados, entre ministros, empresarios, diputados y alcaldes. Y presidentes.

En un país tan asediado por la violencia y la descomposición, la rebeldía ciudadana viene a representar un activo valioso y esperanzador, del que depende el futuro institucional del país

La gente salió a las calles en protesta por la orden de expulsión contra Velásquez y la Corte Constitucional anuló la medida.
Morales logró que el Congreso Nacional pasara de emergencia una reforma a la ley electoral, que establecía como únicos responsables de casos de financiamiento ilícito ¡a los contadores de los partidos! Además, mediante otra reforma en paralelo al Código Penal, la condena, reducida a 10 años de cárcel, podía ser redimida con una multa.
Con esta reforma resultaban beneficiados también los autores de más de 400 delitos, entre ellos violadores de niños, traficantes de órganos, homicidas y estafadores, que solo tendrían que pagar 2.400 dólares por cabeza para librarse de la cárcel.
Ante la presión ciudadana expresada en las calles y en las redes sociales, los diputados se apresuraron a mostrarse arrepentidos. Nadie les creyó, y más bien la gente puso sitio al recinto legislativo exigiéndoles renunciar. Y la Corte Constitucional anuló por unanimidad las dos reformas por “daños irreparables al sistema de justicia”.
¿Faltaba algo más? La publicación electrónica ‘Nómada’ descubrió que Morales recibía en secreto de parte del alto mando del ejército un “bono extraordinario de responsabilidad y riesgo” de 7.000 dólares mensuales, adicional a su salario de 20.000 dólares. El enardecimiento popular creció de temperatura. La Contraloría declaró ilegal el bono. Y el presidente, ya al borde del abismo, anunció que devolvería los sobresueldos.
En este gran circo, la gente no se traga el espectáculo, y desde las graderías baja a la pista, indignada, a reclamar que se detenga la función.
La muchedumbre impidió las celebraciones oficiales de la independencia, llegando a asaltar la tarima presidencial. Y las protestas continuarán mientras la impunidad siga siendo defendida con trampas y artimañas.
Otra buena noticia es que hay instituciones que rehúsan someterse. La Corte Constitucional, la Fiscalía, la Contraloría son entidades vitales al funcionamiento democrático que no han sido doblegadas.
En un país tan asediado por la violencia y la descomposición, la rebeldía ciudadana viene a representar un activo valioso y esperanzador, del que depende el futuro institucional del país. Una intolerancia saludable que ya ha demostrado en el pasado que es capaz de atajar la rapiña, y puede sentar a los presidentes en el banquillo de los acusados.
La democracia, otra vez está en las calles.
SERGIO RAMÍREZ
Sergio Ramírez
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