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El drama de los refugiados

La política migratoria y el sistema de asilo son obsoletos, y en muchas instancias inhumanos.

Sergio Muñoz Bata
Con la esperanza de obtener asilo, unos 200 refugiados centroamericanos (en su mayoría hondureños) que salieron de sus países a principios de año en una caravana de 1.000 personas finalmente cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos.

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La probabilidad de que logren su objetivo es mínima. Entre 2012 y 2017, más del 75 por ciento de los casos de asilo de ciudadanos de El Salvador, Honduras y Guatemala presentados ante las cortes migratorias estadounidenses fueron rechazados.
Para su desgracia, la diezmada caravana llegó a San Diego en un momento poco propicio, si es que alguna vez hubo una oportunidad mejor para los solicitantes de asilo latinoamericanos.
Su arribo a la frontera coincidió con la cancelación de programas que otorgaban estatus de protección temporal en Estados Unidos a personas afectadas por fenómenos naturales como terremotos o huracanes en sus países de origen. Algunos de estos programas se iniciaron en la década de los 90 y permitieron a casi medio millón de personas reconstruir sus vidas, formar una familia y trabajar legalmente en el país.
En el caso concreto de Honduras, apenas la semana pasada el Departamento de Justicia anunció el término del programa que beneficiaba a los 86.000 ciudadanos de ese país que se habían acogido al TPS; a principios de este año se canceló la protección a más de 200.000 salvadoreños; unos meses antes, 45.000 haitianos y 2.500 nicaragüenses recibieron la noticia de que no podrían permanecer en el país legalmente y deberían preparar su regreso a su país de origen.

Hoy que el aumento de la violencia en países subdesarrollados obliga a más personas a buscar refugio, los países estables deben actuar con generosidad y humanismo.

El Departamento de Justicia aduce que el permiso que se les otorgó era temporal y que las condiciones de vida en esos países han mejorado lo suficiente como para vivir en paz.
¿Cree usted eso? Honduras y El Salvador son dos de los países con mayores índices de criminalidad en el mundo. Y la brutal represión de los esbirros de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua contradice en los hechos las alucinantes declaraciones de los burócratas estadounidenses.
El problema de fondo, sin embargo, es que la política migratoria y el sistema de asilo de la nación son obsoletos, arbitrarios y en muchas instancias inhumanos.
El primer paso que deben dar los solicitantes de asilo, al igual que los afectados por la terminación del TPS para permanecer en Estados Unidos, es convencer a un juez de inmigración de que su vida y la de sus familiares peligraría si tuviesen que regresar a sus países de origen. Pero esta es una tarea sumamente incierta, porque dependen del criterio del juez que les toque y la disparidad de criterios de los jueces es asombrosa.
Considere, por ejemplo, que de los 34 jueces de inmigración que hoy están en funciones en Los Ángeles, dos de ellos otorgaron menos del 3 % de los cientos de solicitudes de asilo, mientras que otro juez falló favorablemente en el 71 % de los casos que oyó.
El segundo escollo para quienes buscan refugio es que la tipificación de las causas que ameritan el otorgamiento del asilo es incompleta y confusa. El protocolo de Naciones Unidas vigente en la mayoría de los países señala que una persona perseguida por su raza, credo, nacionalidad, membresía en un grupo particular u opinión política amerita el otorgamiento del asilo. Pero en este listado no se incluyen cuestiones como la violencia doméstica o la criminalidad rampante en el país expulsor.
En esta época en la que la violencia en cualquiera de sus formas va en aumento, obligando a las personas a buscar refugio, es imprescindible que las autoridades migratorias de los países ricos y estables reconozcan el drama humano por el cual transitan quienes deben abandonar sus raíces porque tienen un temor fundado de que su vida está en riesgo.
SERGIO MUÑOZ BATA
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