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La vaca de la corona

¿Será posible arrebatarles las EPM a los politiqueros y sus mercaderes antes de que la desangren?

Las Empresas Públicas de Medellín (EPM) tienen 63 años de fructífera existencia. En sus primeras tres décadas, la principal función del gerente general fue la de mantener alejada a la clase política y dirigir el por entonces llamado ‘ente autónomo’ con un criterio meramente técnico. Esa fue la filosofía que les permitió ofrecer, desde sus inicios, los servicios más eficientes del país: agua, luz y telefonía con estándares de calidad del primer mundo.
Pero eso cambió con la elección popular de alcaldes. Desde entonces, cada alcalde nombra a su gerente de bolsillo, y ese superalcalde, que despacha desde el Edificio Inteligente, tiene no solo la misión de seguir suministrando servicios de excelente calidad, sino de vaciar las ubres para que el burgomaestre tenga más recursos para gastar, llegando a contar hoy con más de un billón de pesos anuales en transferencias para el municipio de Medellín, que es el dueño de la vaquita.
Con los años, a los alcaldes populares se les fue olvidando la importancia de que primara el criterio técnico, además de la ética y la austeridad, y fueron privilegiando lo político, con no pocas repercusiones morales por la prodigalidad con la que se empezaron a malbaratar sus recursos. Muchos recordarán el triste episodio de la compra de una vajilla de 100 millones de pesos en la alcaldía de Luis Pérez, pero eso es una fruslería si lo comparamos con otros casos.

Con los años, a los alcaldes populares se les fue olvidando la importancia de que primara el criterio técnico, además de la ética y la austeridad, y fueron privilegiando lo político.

Durante esa administración, los profesionales de las EPM tuvieron que crear un sindicato para no ser víctimas de la politización. Pérez cambió 11 de los 15 subgerentes, imponiendo personas cercanas a su campaña que carecían de la idoneidad requerida para esos cargos, y erigió toda una clientela dentro de la organización.
Posteriormente, alcaldes como Fajardo y Alonso Salazar instalaron gerentes que provenían de reconocidas firmas de ingeniería que se vieron altamente beneficiadas con jugosos contratos para hacer grandes obras de las EPM. En el caso del gerente de Aníbal Gaviria, el asunto fue al revés; salió premiado y hoy es gerente de la cementera a la que EPM le compra hormigón a raudales, lo que no será un delito, pero tampoco parece una actuación honesta.
Muchos malos negocios se recuerdan, como el de Sergio Fajardo al comprarles a dos grupos económicos su participación en Orbitel a precio de oro, a pesar de que hasta un lego sabía que esa empresa no tenía futuro y no valía un centavo. El detrimento fue de más de 50 millones de dólares para la ciudad, según la Contraloría de Medellín.
Y es que así, de gota en litro, la vaquita se ha venido ordeñando para satisfacción de muchos, pero el flujo de caja es tan voluminoso que tantos desaguisados, como esos pésimos negocios que se han hecho adquiriendo empresas ruinosas en el exterior, no han podido acabar con la joya de la corona.
Ya quisiéramos que vayan al polígrafo los responsables de la adquisición de Aguas de Antofagasta en la era de Aníbal Gaviria, por casi mil millones de dólares, el triple de su valor real, según la prensa chilena; o del Parque Eólico Los Cururos, también en Chile, que al venderse dejará un detrimento de cerca de 250 millones de dólares. Los que compraron esos huesos o son bobos o son corruptos, y no creo en la primera opción.
Esas sí son cosas graves. En cambio, la denuncia del gobernador acerca del uso del polígrafo en EPM es una pataleta absurda que dejará heridos, porque alguien miente: el gobernador revela un escandaloso cuestionario y el alcalde dice que ese no fue. Es que Luis Pérez anda muy molesto porque en el embalse de Hidroituango naufragó su proyecto de ferrocarril.
Mientras tanto, ¿será posible arrebatarles las EPM a los politiqueros y sus mercaderes antes de que la desangren?
SAÚL HERNÁNDEZ BOLÍVAR
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