Opinión

Tierras: un peligroso detonante

A la fecha, existen 59 millones de hectáreas bloqueadas por las pretensiones de comunidades étnicas.

29 de julio 2018 , 12:46 a.m.

A la Agencia de Tierras acuden unos porque les invadieron las fincas, otros porque invadieron las ajenas; unos porque quieren más, otros porque no tienen; unos porque quisieran tener vecinos distintos, otros porque sus vecinos los sacaron a las malas. Indígenas, negros, mestizos, grandes propietarios, pequeños propietarios, todos con el mismo interés: la tierra. Y como estos hemos identificado ya más de 200 conflictos.

Los indígenas koguis, en la Sierra Nevada de Santa Marta, fueron desplazados a las cumbres de la montaña por colonos que querían sembrar coca. En Chocó, por decisiones equivocadas del Incoder, se ampliaron resguardos indígenas y se adjudicaron baldíos a campesinos dentro de territorios de comunidades negras. En el Catatumbo, los barís les notificaron a los campesinos que debían salir de sus fincas, pues según ellos estas hacen parte de su territorio ancestral. Y, en Cauca, los nasas invadieron a los misaks por razones similares.

En Córdoba se cercaron terrenos inundables y se desecaron ciénagas a favor de unos pocos cuando la ley dispone que son predios de la nación al servicio de todos. En el norte del Cauca, los empresarios de la caña denuncian invasiones, quemas de cultivos y agresiones a trabajadores. Y en Córdoba y La Guajira, campesinos invaden a campesinos y hostigan las fincas de sus semejantes quemando el pancoger y arruinando los ranchos.

Y el panorama se agrava: a la fecha existen 59 millones de hectáreas bloqueadas por las pretensiones de las comunidades étnicas (indígenas y negros), lo que en términos más sencillos significa que la Agencia de Tierras no puede comprar predios en 238 municipios del país para generar acceso a la tierra a las comunidades campesinas.

Esto quiere decir que más de la mitad del área del país está congelada mientras no se resuelven las pretensiones mencionadas. La situación es particularmente delicada en departamentos como Cauca, donde el 40 % de sus municipios están bloqueados, o como Chocó, donde 3’261.938 hectáreas están en la misma situación. En Antioquia hay 23 municipios congelados con un área de 2’731.763 hectáreas. En Córdoba, la situación se extiende a 975.587 hectáreas. En el Valle son 19 los municipios bloqueados con 1’419.214 hectáreas.

Muchos de estos conflictos se han resuelto de manera dialogada, bajo el amparo de la ley y reconociendo el derecho de unos y otros a la propiedad, sea colectiva o privada. Lo que no puede ocurrir es el irrespeto por el derecho a la tierra, máxime cuando se ven afectadas poblaciones con la misma protección constitucional: indígenas, negras y campesinas.

Hace más de un año expedimos una directiva que prohíbe comprar predios invadidos, hostigados o cuyos dueños estén sometidos a presiones para vender, y establecimos un veto para quienes invadan la propiedad ajena de tal forma que no puedan beneficiarse con programas de acceso a tierras.

Pero estas medidas para garantizar la seguridad jurídica en el campo no son suficientes. Por eso, con el liderazgo del Ministerio del Interior creamos 41 espacios de diálogo: una mesa con comunidades raizales, cuatro de afrodescendientes, 13 mesas con comunidades campesinas, 17 con comunidades indígenas, y además de seis mesas transversales.

Así, por ejemplo, con la intermediación de la Diócesis de Quibdó, se están formulando pactos de convivencia para que logren trabajar, en la misma tierra, indígenas, comunidades negras y campesinas.

No podemos tapar la realidad con un dedo: la tierra es hoy un factor de efervescencia y conflictividad social. El nuevo gobierno debe tener como una de sus prioridades la atención en estas disputas territoriales antes de que escalen a dimensiones equiparables a las del conflicto al que acabamos de poner fin.

La tierra puede ser el detonante de esa violencia o puede ser un motivo para sentarnos a hablar y llegar a acuerdos comunes para salir adelante. Tierra no hay más, y aquí tenemos que caber todos. Pero no a la brava.

MIGUEL SAMPER STROUSS
Director de la Agencia Nacional de Tierras

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