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Desempatar y desempantanar

Si queremos hacer más democráticas las escuelas, hay que negociar roles de las directivas.

Óscar Sánchez
El sistema educativo colombiano es muy difícil de mejorar. Está bloqueado para sus reformas esenciales por un empate entre actores con poder político, económico o burocrático. La manera de hacer que los intereses de los poderosos aflojen para llegar a una fuerza de cambio positiva, es poner por delante las voces de jóvenes, docentes y familias.
Tener intereses u opiniones, aun si uno es poderoso, es natural y constructivo, si se hacen explícitos los conflictos que generan. Fingir filantropía es malo y muy común en las polémicas educativas. La verdad es que hay grupos de presión, muchos y muy duros. Hay que sentarlos a hacer un acuerdo, y sentarlos con jóvenes, docentes y comunidades en condiciones de igualdad.
Solo para entender la magnitud del jaleo veamos algunos temas y actores involucrados:
I) Para la reforma de los sistemas general de participaciones y de regalías, y cómo deben fluir entre nación, territorios y escuelas los recursos públicos para educación, ciencia y cultura, se enfrentan territorios y nación, sindicatos y Gobierno y sectores del Estado (hacienda, infraestructura o comercio, por ejemplo, contra educación)... Pero ¿quién oye a las comunidades?
II) Para aumentar el acceso a la educación superior, tienen intereses y opiniones universidades públicas, el Sena, las empresas empleadoras, los colegios con educación media, las instituciones privadas desde la élite hasta las de garaje, así como con el Icetex y los bancos privados. ¿Y los estudiantes?, ¿quién oye a los jóvenes que acceden y tienen dificultades para terminar su carrera, y a los que no logran acceder?
III) Para mejorar el régimen laboral docente y los criterios de selección, nombramiento, seguridad social, remuneración, desarrollo profesional, capacitación, reconocimiento, evaluación, dedicación, rendición de cuentas y garantías sindicales de los maestros y maestras, ¿las mesas de negociación entre funcionarios y dirigentes sindicales, por lo general al calor de una huelga, recogen la opinión de todos los docentes y lo que se requiere para mejorar el aprendizaje de los chicos?

La manera de hacer que los intereses de los poderosos aflojen para llegar a una fuerza de cambio positiva, es poner por delante las voces de jóvenes, docentes y familias.

IV) Para poner en marcha el Plan Especial de Educación Rural no hay plata. No habrá posibilidad de tener regímenes especiales de financiación, docencia, horarios, currículos y evaluación contextualizados, etnoeducación, acceso a la educación media y superior, ni participación de las familias para proveer servicios si no hablamos con comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, porque la población urbana es más y tiene más capacidad de presión y lo rural siempre queda relegado.
V) Frente a contenidos y valores para poner en el currículo de la jornada completa, o cuántos docentes necesitamos para orientarla y cómo participan en ella los sectores de cultura, deporte y ciencia, así como distintos tipos de voluntarios y profesionales, opinan iglesias, tecnócratas y empleadores que quieren trabajadores con ciertas destrezas, pero poco se tienen en cuenta los intereses, motivaciones y vocaciones de los chicos.
VI) Acerca de cómo contratar la dotación didáctica y tecnológica, la alimentación, el transporte o la construcción, mantenimiento, vigilancia y cuidado de edificios escolares, siempre están presentes los intereses de los contratistas, unas veces asociados en gremios que opinan e influyen abiertamente, otras veces acartelados y protegidos por políticos a quienes financian de manera corrupta. Y las comunidades y comerciantes locales tienden a quedarse por fuera como proveedores. Incluso abogados y economistas que persiguen la eficiencia y la transparencia desde perspectivas neoliberales los dejan por fuera.
VII) Para organizar y financiar la nueva oferta de protección, atención integral y educación inicial para la primera infancia entre el ICBF, el sector educativo y otros sectores de los gobiernos nacional y territorial, comunidades, madres comunitarias y operadores privados hay una gran disputa.
VIII) También hay un campo de batalla para definir el rol de la inspección y vigilancia a las escuelas privadas y hasta qué punto entregar recursos oficiales o permitir cobros a las familias a operadores privados con y sin ánimo de lucro.
IX) Una muy de fondo: si queremos hacer más democráticas las escuelas, redefinir atributos de poder y gobierno en ellas y desarrollar las dimensiones socioemocionales, ciudadanas y para la reconciliación en los currículos explícitos e implícitos de la educación, hay que negociar roles de rectores, coordinadores, orientadores, consejos directivos e instituciones como la policía y el ICBF, mientras se fortalecen nuevos liderazgos y se plantean estrategias de prevención y de apertura de la escuela a la comunidad.
Podríamos hablar de evaluación de aprendizajes, de si los medios de comunicación deben asumir responsabilidades más serias frente a la educación, de currículos más o menos estandarizados, de la idea de una financiación predial o hasta de la obligatoriedad misma de la escuela. Son muchas reformas críticas y organizaciones que quieren controlarlas. La información no se comparte o se manipula, todos quieren proteger a sus afiliados y hacer que las responsabilidades se atribuyan de cierta manera o poner los recursos en cabeza de quienes consideran más eficientes o legítimos según su ideología. Todos dicen tener la razón técnica y todos hablan en nombre de los niños, los jóvenes y las comunidades. Pero si todos defendemos a las mismas personas, ¿por qué es tan difícil negociar y al final quedamos en empates incómodos y no se hacen las reformas? Yo creo que no sinceramos los intereses propios ni reconocemos la validez de los ajenos. Y por eso no dialogamos, sino que buscamos salirnos cada quien con la suya.
Necesitamos que quienes tienen poder e intereses legítimos se sienten todos a ponerle el cascabel al gato, que aíslen a quienes defienden posiciones corruptas o retardatarias y que acojan la voz de quienes tienen menos recursos institucionales, pero realmente saben y sienten la educación.
Para empoderar a la base sería muy potente que los liderazgos veredales y barriales de maestros y maestras, estudiantes y familias tuvieran un espacio nacional de participación igualitario al lado de partidos políticos, sindicatos, empresas, gobiernos locales y nacional y técnicos de organismos internacionales y centros de investigación influyentes. Un sistema complejo solo se puede gestionar dialogando y reconociendo la diversidad y autonomía de los actores. Si no, habrá leyes y políticas educativas, y de pronto algunos recursos adicionales, pero seguiremos empantanados.
ÓSCAR SÁNCHEZ
*Coordinador Nacional Educapaz
Óscar Sánchez
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