Opinión

Desempatar y desempantanar

Si queremos hacer más democráticas las escuelas, hay que negociar roles de las directivas.

14 de junio 2018 , 12:00 a.m.

El sistema educativo colombiano es muy difícil de mejorar. Está bloqueado para sus reformas esenciales por un empate entre actores con poder político, económico o burocrático. La manera de hacer que los intereses de los poderosos aflojen para llegar a una fuerza de cambio positiva, es poner por delante las voces de jóvenes, docentes y familias.

Tener intereses u opiniones, aun si uno es poderoso, es natural y constructivo, si se hacen explícitos los conflictos que generan. Fingir filantropía es malo y muy común en las polémicas educativas. La verdad es que hay grupos de presión, muchos y muy duros. Hay que sentarlos a hacer un acuerdo, y sentarlos con jóvenes, docentes y comunidades en condiciones de igualdad.


Solo para entender la magnitud del jaleo veamos algunos temas y actores involucrados:

I) Para la reforma de los sistemas general de participaciones y de regalías, y cómo deben fluir entre nación, territorios y escuelas los recursos públicos para educación, ciencia y cultura, se enfrentan territorios y nación, sindicatos y Gobierno y sectores del Estado (hacienda, infraestructura o comercio, por ejemplo, contra educación)... Pero ¿quién oye a las comunidades?

II) Para aumentar el acceso a la educación superior, tienen intereses y opiniones universidades públicas, el Sena, las empresas empleadoras, los colegios con educación media, las instituciones privadas desde la élite hasta las de garaje, así como con el Icetex y los bancos privados. ¿Y los estudiantes?, ¿quién oye a los jóvenes que acceden y tienen dificultades para terminar su carrera, y a los que no logran acceder?

III) Para mejorar el régimen laboral docente y los criterios de selección, nombramiento, seguridad social, remuneración, desarrollo profesional, capacitación, reconocimiento, evaluación, dedicación, rendición de cuentas y garantías sindicales de los maestros y maestras, ¿las mesas de negociación entre funcionarios y dirigentes sindicales, por lo general al calor de una huelga, recogen la opinión de todos los docentes y lo que se requiere para mejorar el aprendizaje de los chicos?

La manera de hacer que los intereses de los poderosos aflojen para llegar a una fuerza de cambio positiva, es poner por delante las voces de jóvenes, docentes y familias.

IV) Para poner en marcha el Plan Especial de Educación Rural no hay plata. No habrá posibilidad de tener regímenes especiales de financiación, docencia, horarios, currículos y evaluación contextualizados, etnoeducación, acceso a la educación media y superior, ni participación de las familias para proveer servicios si no hablamos con comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes, porque la población urbana es más y tiene más capacidad de presión y lo rural siempre queda relegado.

V) Frente a contenidos y valores para poner en el currículo de la jornada completa, o cuántos docentes necesitamos para orientarla y cómo participan en ella los sectores de cultura, deporte y ciencia, así como distintos tipos de voluntarios y profesionales, opinan iglesias, tecnócratas y empleadores que quieren trabajadores con ciertas destrezas, pero poco se tienen en cuenta los intereses, motivaciones y vocaciones de los chicos.

VI) Acerca de cómo contratar la dotación didáctica y tecnológica, la alimentación, el transporte o la construcción, mantenimiento, vigilancia y cuidado de edificios escolares, siempre están presentes los intereses de los contratistas, unas veces asociados en gremios que opinan e influyen abiertamente, otras veces acartelados y protegidos por políticos a quienes financian de manera corrupta. Y las comunidades y comerciantes locales tienden a quedarse por fuera como proveedores. Incluso abogados y economistas que persiguen la eficiencia y la transparencia desde perspectivas neoliberales los dejan por fuera.

VII) Para organizar y financiar la nueva oferta de protección, atención integral y educación inicial para la primera infancia entre el ICBF, el sector educativo y otros sectores de los gobiernos nacional y territorial, comunidades, madres comunitarias y operadores privados hay una gran disputa.

VIII) También hay un campo de batalla para definir el rol de la inspección y vigilancia a las escuelas privadas y hasta qué punto entregar recursos oficiales o permitir cobros a las familias a operadores privados con y sin ánimo de lucro.

IX) Una muy de fondo: si queremos hacer más democráticas las escuelas, redefinir atributos de poder y gobierno en ellas y desarrollar las dimensiones socioemocionales, ciudadanas y para la reconciliación en los currículos explícitos e implícitos de la educación, hay que negociar roles de rectores, coordinadores, orientadores, consejos directivos e instituciones como la policía y el ICBF, mientras se fortalecen nuevos liderazgos y se plantean estrategias de prevención y de apertura de la escuela a la comunidad.

Podríamos hablar de evaluación de aprendizajes, de si los medios de comunicación deben asumir responsabilidades más serias frente a la educación, de currículos más o menos estandarizados, de la idea de una financiación predial o hasta de la obligatoriedad misma de la escuela. Son muchas reformas críticas y organizaciones que quieren controlarlas. La información no se comparte o se manipula, todos quieren proteger a sus afiliados y hacer que las responsabilidades se atribuyan de cierta manera o poner los recursos en cabeza de quienes consideran más eficientes o legítimos según su ideología. Todos dicen tener la razón técnica y todos hablan en nombre de los niños, los jóvenes y las comunidades. Pero si todos defendemos a las mismas personas, ¿por qué es tan difícil negociar y al final quedamos en empates incómodos y no se hacen las reformas? Yo creo que no sinceramos los intereses propios ni reconocemos la validez de los ajenos. Y por eso no dialogamos, sino que buscamos salirnos cada quien con la suya.

Necesitamos que quienes tienen poder e intereses legítimos se sienten todos a ponerle el cascabel al gato, que aíslen a quienes defienden posiciones corruptas o retardatarias y que acojan la voz de quienes tienen menos recursos institucionales, pero realmente saben y sienten la educación.

Para empoderar a la base sería muy potente que los liderazgos veredales y barriales de maestros y maestras, estudiantes y familias tuvieran un espacio nacional de participación igualitario al lado de partidos políticos, sindicatos, empresas, gobiernos locales y nacional y técnicos de organismos internacionales y centros de investigación influyentes. Un sistema complejo solo se puede gestionar dialogando y reconociendo la diversidad y autonomía de los actores. Si no, habrá leyes y políticas educativas, y de pronto algunos recursos adicionales, pero seguiremos empantanados.


ÓSCAR SÁNCHEZ
*Coordinador Nacional Educapaz

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