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Y de la ‘mermelada’, ¿qué?

El ímpetu inicial de la Sala Penal contra los congresistas de la ‘mermelada’ parece haberse frenado.

Mauricio Vargas
Hace cuatro años, a fines de julio de 2014, el reelecto presidente Juan Manuel Santos se sinceró en un discurso en Algarrobo, Magdalena. “A los que no les guste la ‘mermelada’ –dijo, desafiante– les va a tocar aguantarse, o se vacunan contra la diabetes, porque voy a duplicar la ‘mermelada’, que es la inversión social”. Era un mensaje para los caciques de la Unidad Nacional que semanas atrás le habían salvado la presidencia al ponerle millones de votos en la segunda vuelta para derrotar al candidato opositor Óscar Iván Zuluaga.
A Musas, ‘Ñoños’ y otros congresistas del Gobierno, así como a sus amigos contratistas, se les hizo agua la boca. Un recorderis sobre la ‘mermelada’: es mucho más que simple clientelismo –la asignación de cargos en las entidades públicas a recomendados de los políticos– y, desde el punto de vista de la corrupción, mucho más costosa para los contribuyentes, pues no es la entrega de puestos, sino de contratos.
A cambio de apoyar al Gobierno y votar sus proyectos de ley, un congresista de la ‘mermelada’ recibe un cupo de miles de millones de pesos del presupuesto, para que un alcalde o un gobernador amigo lo asigne a algún contratista compinche del político –para alguna obra que quizás nunca terminen–, y el contratista le dé al político su tajada respectiva en dinero contante y sonante. El nombre de ‘mermelada’ surgió porque el primer minhacienda de Santos, Juan Carlos Echeverri, dijo que la intención del Gobierno con el presupuesto –en especial con las regalías– era repartirlo por todo el territorio nacional, como quien esparce mermelada en una tostada.
Buena parte de esa plata se la robaron, lo mismo en el Fonade –una entidad asignadora de contratos que se volvió caja menor del santismo– que en el Sena –como lo ha revelado La W–, en el Fondo de Paz –donde terminaron robándose plata del posconflicto– y también en entidades privadas intervenidas por el Gobierno, como Saludcoop. Eso para mencionar unos pocos ejemplos y dejar de lado a la ANI e Invías, en cuya contratación los caciques del santismo entraron a saco, o a los carteles regionales de la educación, la hemofilia, el sida, el bastón (fondos para los ancianos pobres) y los enfermos mentales, donde algunos connotados defensores del Presidente en el Senado han resultado untados.
Desde 2016, la Fiscalía le metió el diente al asunto y compulsó copias a la Sala Penal de la Corte Suprema, encargada de investigar a los parlamentarios, contra una veintena de ellos. A fines del año pasado, gracias a la colaboración delatora de algunos de los implicados, la canasta de investigados creció, y, en febrero, la Sala Penal abrió indagación preliminar contra cerca de 200 senadores y representantes a la Cámara, más de la mitad del Congreso.
Pero el ímpetu inicial de los magistrados parece haberse detenido. Desde febrero, nada se ha sabido del avance de esas indagaciones en la Sala Penal. Falta ver si en los días por venir –y ahora que, según mis informes, tienen evidencia suficiente para procesar a muchos–, los magistrados se deciden a hacer su trabajo. ¿Será que tantos familiares de magistrados nombrados en la diplomacia o contratados en ministerios tienen algo que ver con que los procesos luzcan paralizados?
Mientras ello ocurre, y en momentos en que algunos colegas se apresuran a erigirle estatuas al saliente Presidente de la república por sus iniciativas de paz, es bueno recordar el discurso de hace cuatro años en Algarrobo, en el que Santos prometió duplicar la ‘mermelada’, una promesa que sí cumplió. En esta columna siempre le he reconocido al mandatario su firme decisión para sacar adelante la negociación con las Farc, más allá de los muchos líos que ha traído el proceso. Pero lo de la ‘mermelada’ no sería justo olvidarlo.
MAURICIO VARGAS
mvargaslina@hotmail.com
Mauricio Vargas
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