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Coca y zonas veredales

Junto a 24 de las 26 zonas veredales, hay coca, y eso puede incendiar esas regiones.

Mauricio Vargas
Una advertencia inquietante del informe de Naciones Unidas sobre el aumento de los cultivos de coca en Colombia el año pasado, cuando el área pasó de 96.000 hectáreas a 146.000, indica que 24 de las 26 zonas veredales transitorias donde se concentran las tropas de las Farc están en áreas de influencia de esos narcocultivos. Es un tema delicado y complejo, en el que cualquier conclusión apresurada puede resultar equivocada.
Sería fácil decir que allí donde estén las Farc, incluso desmovilizadas, crece siempre la coca. Pero hay que tener cuidado: el aumento de los cultivos analizado por la ONU se dio durante el 2016, antes del establecimiento de las zonas veredales, que apenas arrancaron en marzo de este año, así que atribuir esos cultivos a las zonas veredales es un error. Otra cosa es que las zonas veredales fueron ubicadas en áreas donde las Farc hicieron presencia durante años. Y que en esas áreas haya coca no debe sorprender.
Desde la conferencia de comandantes de las Farc que, en 1982, abrió las puertas a que los frentes se lucrasen del negocio de siembra de coca, y de producción y tráfico de cocaína, el despliegue de esa guerrilla fue financiado en buena medida con esas actividades. De los 3.000 hombres con que contaban las Farc en ese año, pasaron a cerca de 30.000 en un par de décadas, aunque decayeron mucho durante la ofensiva militar en los dos mandatos de Álvaro Uribe y en los inicios de Juan Manuel Santos, hasta terminar en los 7.000 efectivos desmovilizados este año.
El problema no hay que verlo en el pasado, sino en lo que implica hoy la vecindad de zonas veredales y cultivos de coca. Mientras llega la legalización mundial, única que podría quitarle al negocio sus gigantescas utilidades –y para eso faltan décadas–, hay que seguir erradicando. Esa vecindad impide que las Fuerzas Armadas actúen con todo su poder, pues la ofensiva erradicadora sacudiría dichas regiones en tal medida que las Farc acusarían a los uniformados de sabotear el proceso de paz.
La Fuerza Pública está presente en el perímetro de las zonas veredales, tal y como rezan los acuerdos de La Habana. Pero su tarea allí es proteger a los desmovilizados y evitar que se salgan de esos perímetros. Activar campañas de erradicación que implican una intensa actividad policial y militar es imposible en esas áreas mientras no concluya la desmovilización.
Y eso se va a demorar, debido a los retrasos del Gobierno en la puesta en marcha de las zonas veredales, pero también porque hay muchos intereses, incluso en mandos medios de las Farc que hacen tránsito a jefes de bandas del narcotráfico, para que las zonas veredales se mantengan por muchos meses, y eso paralice al Ejército y a la Policía y les impida actuar contra los narcocultivos.
En medio de ese juego, tanto las bandas criminales tradicionales como las nuevas de los disidentes de las Farc aprovecharán esa cuasi inmovilidad de la Fuerza Pública para mantener los cultivos de coca y disparar su producción. Eso las llenará de más dinero, más armas y más poder, y aumentará su capacidad de someter, a sangre y fuego, esas áreas y a sus pobres habitantes, atentando contra la paz justo allí donde el Gobierno pretende consolidarla.
Es una de las nefastas consecuencias de la actitud del Gobierno en general y del Ministerio de Defensa en particular, de mirar para otro lado mientras los cultivos de coca se multiplicaban en el 2015 y el 2016. Algunos sostienen que esa actitud era un gesto a las Farc para que la negociación de La Habana avanzara. Si es así, qué ironía, pues el costo para el objetivo de la paz puede ahora resultar enorme. Aparte del riesgo permanente para la tranquilidad en las zonas veredales, los cultivos de coca pueden convertir esas áreas en verdaderos infiernos.
Mauricio Vargas
mvargaslina@hotmail.com
Mauricio Vargas
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