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‘Una cruzada común contra la corrupción’

Ponemos todos los esfuerzos para promover los valores y la cultura de la legalidad.

Marta Lucía Ramírez
Debo confesar que Colombia se enfrenta a un problema de magnitud inimaginable y alcance global y regional: la corrupción. Se requiere, entonces, una acción conjunta y coordinada entre el Estado, la sociedad civil y el sector privado –una triple alianza– para enfrentarla sin contemplación. Por esto, el Gobierno está comprometido a traer las mejores prácticas internacionales, alineando nuestras políticas con los más altos estándares dispuestos por la Ocde, las Naciones Unidas y otros organismos internacionales.
Las cifras hablan por sí solas. Transparencia Internacional estima que la corrupción afecta dos tercios de los países del mundo. Latinobarómetro (2017) señala que está en el cuarto lugar entre los problemas más importantes en 18 países de la región. La corrupción, según diferentes estudios, le cuesta a Colombia entre 30 y 50 billones de pesos. Y el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial (2017) muestra que esta es el principal problema para hacer negocios en el país.
Su magnitud exige más y mejores políticas y acciones, así como tener una visión holística para atacarla. Por ello, en el marco de los ejes estratégicos del Gobierno en materia de equidad, legalidad y emprendimiento, hemos iniciado la labor con una gran apuesta legislativa que pretende no solo fortalecer el marco normativo de la lucha contra la corrupción, sino establecer unas reglas de juego claras para el ejercicio de la política.
Para llevar a Colombia a estándares internacionales, lideramos una reforma política con la misión de transformar las prácticas y la cultura en las relaciones entre la Rama Legislativa y el Gobierno, que incluye el uso de listas cerradas, la rendición de cuentas de los partidos políticos y la conformación de listas paritarias, entre otros temas. En este sentido, construimos un proyecto de ley que reglamenta la actividad de cabildeo en Colombia para fortalecer la política de prevención y transparencia en el conflicto de intereses.
Como parte de nuestros compromisos con la construcción de instituciones modernas y eficientes, dentro de las recomendaciones de la Ocde, empezamos una política de Estado abierto mediante la cual todas las ramas del poder y los entes subnacionales se comprometen a rendir cuentas, a abrir espacios para la participación ciudadana e implementar la innovación a través de estrategias de economía naranja como ejes transversales del Estado.
Con este objetivo hemos puesto en marcha dos sistemas de información: la Agenda de Gestión Unificada y Abierta (Agua) y el Gestor de Proyectos de Infraestructura (GPI) para el seguimiento y control social. Para impulsar la modernización institucional y tener mejores herramientas en la identificación de alertas tempranas y prevención se puso en marcha un mecanismo de denuncia de alto nivel a fin de garantizar la transparencia de los megaproyectos. Y se elaboró un decreto para el nombramiento meritocrático de jefes de control interno y la constitución de la red de anticorrupción con ellos, en coordinación con la Secretaría de Transparencia.
En esta alianza tripartita hay un llamado al sector privado, el cual debe promover una mayor integridad empresarial y buena gobernanza corporativa. Por tal razón promovemos pactos de transparencia con empresas y gremios del país.
Los invito, entonces, a pensar en el futuro de nuestra sociedad y a no desfallecer en esta triple alianza contra la corrupción. Ponemos todos los esfuerzos para promover los valores y la cultura de la legalidad y tener ciudadanos más informados, activos, vigilantes y apropiados de lo público con el propósito de recuperar la confianza en las instituciones y fortalecer la integridad pública como condición indispensable para un crecimiento inclusivo y la buena gobernabilidad.
* Vicepresidenta de la República
Marta Lucía Ramírez
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