Opinión

Carta a Jotamario Arbeláez

Uno de los compromisos de una gestión pública es la de llevarla a cabo con total transparencia.

05 de febrero 2018 , 01:24 a.m.

Apreciado poeta:

He leído con mucha atención su columna publicada el miércoles 31 de enero, en las páginas editoriales de EL TIEMPO, titulada ‘¿Nobel contra nobel?’, en la que expresa su preocupación por la situación acontecida con el Festival Internacional de Poesía de Medellín, un certamen que a lo largo de mi gestión en el Ministerio de Cultura hemos apoyado y al cual le reconocemos sus valiosos aportes no solo al fomento de las letras, sino a ese bien tan preciado y perseguido por todos los colombianos como lo es la consolidación de una sociedad más justa, tolerante y en paz; que encuentre en la palabra la principal herramienta para expresarse y dirimir sus diferencias.

Como usted bien lo señala, a lo largo de mi vida he tenido la oportunidad de aportar mis esfuerzos tanto desde la labor de gestora cultural como, ahora, garante de las políticas culturales del Estado. Por eso entiendo la angustia y la frustración que invade a los organizadores del festival poético de Medellín.

Uno de los principales compromisos de una gestión pública es la de llevarla a cabo con total transparencia. Con esa finalidad, desde el año 2003 el Ministerio de Cultura implementó el Programa Nacional de Concertación, una convocatoria pública y abierta mediante la cual se concursa en igualdad de condiciones por los recursos públicos para apoyar 1.800 iniciativas culturales que se desarrollan a lo largo y ancho de nuestro creativo país. Esta es la manera transparente e incluyente para acceder a financiación del Estado, en la cual no existe la posibilidad de censura o veto y se evita el dedo preferente de un ministro o de cualquier funcionario. Cabe aquí señalar que no se ocupa el señor Presidente de la República de la asignación de recursos para las entidades culturales del país. El Ministerio de Cultura contrata jurados externos de larga trayectoria y vinculados a universidades públicas, quienes se encargan de evaluar cada uno de los proyectos.

La convocatoria la componen un conjunto de reglas claras y unos formularios para diligenciar; quienes se postulan a ella conocen de antemano sus condiciones y se someten a su estricto cumplimiento. Los administradores del festival han presentado su proyecto desde el 2003 hasta el 2017; siempre han resultado favorecidos, pues se han presentado a la convocatoria correctamente. La convocatoria no ha cambiado; sin embargo, para el 2018 incurrieron en una falta clasificada en los términos como insubsanable. Es esa la única razón que los lleva a su descalificación.

Quiero aclararle que si bien el festival fue declarado por el Congreso patrimonio cultural de la nación, esto no lo exime de acceder a los recursos públicos a través de las convocatorias ni implica que pueda recibir recursos directos. Sobre esto ya se han pronunciado de forma reiterada la Corte Constitucional y este ministerio.

Así como considera García Aguilar que “quitarle la modesta ayuda al festival más que un crimen es una estupidez”, es bueno reflexionar si más estupidez constituye haber diligenciado equivocadamente una convocatoria que el festival conoce bien, pues lo ha hecho durante los últimos 15 años. Pretender ahora que el Ministerio de Cultura es el responsable es verdaderamente insensato.

Lo que debería alarmar a los artistas de Colombia, a los poetas y a la comunidad en general es que el ministerio fijara unas reglas para acceder a los recursos y no fuera garante estricto de su cumplimiento.

Parte de construir un nuevo país es oír todas las versiones, asumir las equivocaciones, dejar de incriminar a otros, actuar con la verdad y buscar conjuntamente alternativas de solución que, en todo caso, se enmarquen en la legalidad.

MARIANA GARCÉS

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