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No se deje achicopalar, Fiscal

Estamos viendo actuar a un fiscal general y no un alcagüeta de algo que, sabíamos, no era lo mejor.

En la columna que escribe en ‘El Espectador’ –actividad posterior al pago del peaje de los 40.000 millones que tuvimos que meterle los colombianos a la consulta liberal–, por primera vez el domingo pasado Humberto de Calle se dirige al presidente Duque, no de “tú”, como en la campaña, sino de “usted”. Quién sabe si porque ya lo ve con respeto o porque está bravo y le quiere advertir, en tono de regaño, que está obligado a asumir un liderazgo urgente y generoso ante “un Acuerdo no solo frágil, sino que pasa por intensa turbulencia”. El que él mismo dejó escrito.
Más adelante se queja de que la JEP ha sido vapuleada. Vapuleo es lo mínimo que merece ante el caos que allá reina; lo último que se ha sabido: que los jefes guerrilleros saltaron no de la cama al calzón, sino del crimen al turismo mundial, mediante unos permisos firmados en blanco; ¡y quien los firma, el exsecretario Néstor Raúl Correa, asegura que los viajes fueron a sus espaldas, pues había delegado la función de autorizarlos en unos contratistas!
Se sabía que una jurisdicción nueva iba a empezar mal, pero nunca tan mal. Por fortuna, en el “Mejor Acuerdo Posible”, a De la Calle no se le ocurrió impedir la posibilidad de que la Fiscalía ejerza control sobre las desviaciones de la JEP. Pero casi.
Porque, por estar haciéndolo, han tratado de graduarlo de enemigo de la paz.
De la Calle y su equipo incluyeron en el “Mejor Acuerdo Posible” la erradicación voluntaria con ayuda de las Farc, que ha resultado un fracaso. Entonces, los tiene furiosos que la Fiscalía se negara a apoyar un proyecto que despenalizaba los cultivos hasta cierto hectareaje, y que se opusiera a que los beneficios para los erradicadores sean indefinidos en el tiempo, lo que se convertiría en un estímulo peligrosísimo a la siembra.
También los tiene furiosos que, ante los vacíos del “Mejor Acuerdo Posible”, en el tratamiento de desertores, reincidentes y autores de delitos permanentes, la Fiscalía reclame su competencia y no se la haya dejado a la JEP.
Furiosos los tiene que el Fiscal quiera hacer cumplir la ley frente a las fortunas que las Farc acumularon con el secuestro, el narcotráfico y la extorsión, con las que se indemnizará a las víctimas. Las acciones futuras para incautar patrimonios criminales de la antigua guerrilla que adelante el Fiscal no las hará como enemigo de la paz, sino consciente de sus deberes.
Especialmente furiosos están por el caso Santrich. Una precaución que sí tomó el acuerdo del Colón era que la Fiscalía tendría que actuar, hasta con extradición incluida, contra quienes perseveraran en lo ilícito. Y al contrario de ser una muestra de inseguridad jurídica del acuerdo, es todo lo contrario, porque quienes no han reincidido ahí están, dando lora en el Congreso y escribiendo leyes, o esperando mensualmente el estipendio del Estado.
Incluso, Martínez ha sido objeto de burlas al decir que el grueso de las pruebas contra Santrich las tiene el Estado requirente, que es EE. UU. Que en su poder solo hay doce audios que ya envió a la JEP y que en los próximos días nos dará a conocer.
En conclusión, frente a los desajustes de la implementación del “Mejor Acuerdo Posible”, estamos viendo actuar a un fiscal general y no a un pasivo alcagüeta de algo que, sabíamos, no era lo mejor.
Pero, además de graduarlo de enemigo de la paz, a Martínez también se le han querido endilgar actuaciones sospechosas en casos que él manejó cuando ejercía la profesión. Me atrevo a asegurar que no hay un solo fiscal que haya sido previamente abogado que no haya tenido que declararse impedido en campos en los que litigó. Por uno de esos reclamos, un fiscal cometió la equivocación de meterle una tutela a María Jimena Duzán, que jamás iba a proceder porque se trataba de una opinión, como efectivamente confirmó el juez. Pero en la persecución al Fiscal, por estar pisando poderosos callos, incluso se ha llegado hasta a organizar un complot dirigido desde España, que pretende a todas luces desprestigiarlo a través de la forma como organizó la propiedad de un inmueble en dicho país y que hasta ahora, de acuerdo con las explicaciones de Martínez, es legal, a no ser que surja evidencia que demuestre lo contrario.
Entre tanto… No se deje achicopalar, señor Fiscal. Si el “Mejor Acuerdo Posible”, en realidad dista mucho de serlo, no es atribuible a su responsabilidad. Pero aminorar sus consecuencias, sí.
MARÍA ISABEL RUEDA
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