Opinión

Demagogia y populismo

¿Se justifica esta consulta de 250.000 millones para volver a aprobar lo que ya existe?

22 de abril 2018 , 02:51 a.m.

El candidato Sergio Fajardo y las congresistas Claudia López y Angélica Lozano no tienen por qué andar negando que su consulta anticorrupción tiene un propósito electoral. La política se hace así: haciéndola.

Pero se sorprenderán quizás muchos de quienes tienen la ilusión de estampar su firma en esa consulta. Porque, como lo ha explicado Jaime Castro, sus resultados no son automáticos, porque para que sus preguntas aprobadas se conviertan en leyes tendrá que intervenir el Congreso. Y, además, los congresistas no adquieren ninguna obligación de hacer las reformas de acuerdo con lo aprobado en la consulta.

El problema es que prácticamente el 98 por ciento de lo que proponen aprobar ya existe en nuestras leyes. Ejemplos: la consulta haría obligatoria la declaración de bienes, rentas y patrimonios a la entrada y salida de los servidores públicos. Eso ya existe, en el artículo 13 de la Ley 190 de 1995, impulsada por Néstor Humberto Martínez, y, más aún, con la obligación de actualizarla cada año.

La sanción de terminar los contratos de las personas que hayan incurrido en actos de corrupción ya existe. Está en el literal j) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Reiterada por el Segundo Estatuto anticorrupción –impulsado por Germán Vargas– y por el artículo 34 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 91 de la Ley 906 de 2004. Por lo anterior, sin necesidad de consulta, hoy se pueden terminar inmediatamente todos los contratos de personas naturales o jurídicas que hayan incurrido en corrupción.

No conceder a condenados por corrupción ningún subrogado o mecanismo sustitutivo de la pena, ni prisión domiciliaria ni ningún otro beneficio, ya existe. Está contemplado en el artículo 13 de la Ley 1474 de 2011.

La obligación de utilizar pliegos tipo en licitaciones ya existe. Está consagrada en el artículo 4 de la Ley 1882 de 2018.

Hacer rendición de cuentas ya existe. Es obligatorio para todos los servidores públicos, según el Código Disciplinario y el documento Conpes 3645.

Los únicos dos puntos de la consulta anticorrupción que hoy no existen en la legislación colombiana son el que el limita a tres períodos la carrera de congresista y el que reduce sus sueldos.

Sobre el primero, tengo dudas acerca de sus beneficios. No me queda claro que el Congreso sea mejor porque se renueve cada tres períodos. Muchas veces la veteranía trae la sabiduría.

Sobre bajar el sueldo de los congresistas, menos aún creo que sea el arma secreta que liberará a Colombia de las garras de la corrupción.

El Registrador le informó al presidente de la Cámara, Rodrigo Lara, que esta consulta podría costarle al país alrededor de 250.000 millones de pesos. No, como han dicho sus promotoras, 40.000 millones, o sea lo mismo que costó la consulta liberal, porque aquí se tendrían que imprimir 36 millones de tarjetones, y no solo 4 millones, e instalar más de 100.000 puestos de votación en todo el territorio nacional y no las 10.000 mesas que solo en cabeceras municipales se instalaron para la consulta liberal.

Peor aún: las cuentas indican que el ahorro que se pretende realizar por ese concepto de reducir los salarios de los congresistas, enfrentado al costo de la consulta, solo podrá recuperarse después de siete años. Los menores salarios, además, alejan a los más preparados de la política: el salario actual de un congresista es tan solo el 64 por ciento de un alto ejecutivo del sector privado.

Y tampoco es cierto que los congresistas colombianos ganen comparativamente cifras astronómicas. Al contrario. Más que un congresista colombiano (27’648.000 pesos) gana uno mexicano (53’250.000), uno chileno (41’931.000), uno brasileño (31’851.000) y uno argentino (28’398.000), incluyendo beneficios, gastos de representación, combustible, seguros médicos, etc.

Mucho más fácil bajarlos de volar en clase ejecutiva a turista, lo cual acaba de hacer en la Cámara Rodrigo Lara, calladito, y me cuentan que hay varios furiosos.

Conclusión. ¿Se justifica esta consulta de 250.000 millones para volver a aprobar lo que ya existe, o no tendremos las agallas los colombianos de elegir a un presidente que tenga los huevos para exigir las medidas anticorrupción que ya están escritas abundantemente en la ley?

Entre tanto… ¡Invirtamos esos 250.000 millones para eliminar la capitalización de intereses del Icetex que afecta a 500.000 usuarios!

MARÍA ISABEL RUEDA

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