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A veces no llegan cartas

La JEP debería reabrir el caso. Pero todo depende de su voluntad procesal.

La semana comenzó revuelta con la controversia sobre una nota que el consejero de seguridad John Bolton, premeditadamente, dejó ver en su agenda amarilla de rayas en la que escribió: “5.000 tropas para Colombia”. El canciller Trujillo, aterrado y prudente, dijo no saber nada de eso. El embajador Francisco Santos, locuaz, desacartonado y sincero, le quitó misterio en una entrevista con la teoría de que era una advertencia (“muy a lo gringo”, digo yo) al Gobierno venezolano. Varios otros reaccionaron clamando a los cielos que Colombia no debería dejarse utilizar para enviar este tipo de amenazas a Venezuela.
¡Cómo cambian las épocas! Cuando en el 2008, bajo el gobierno Uribe, los gringos quisieron instalar siete bases militares en Colombia, el entonces ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, les exigió amarrar el acuerdo a un compromiso de Estados Unidos de defender a Colombia en caso de una agresión de Venezuela. Estados Unidos se opuso porque se sintió muy comprometido en una fiesta ajena y, al final, solo quedó una escueta frase: “Las partes acuerdan profundizar su cooperación”.
Tampoco quisieron aceptar la condición del ministro Santos de que, dos años después, EE. UU. instalaría un sistema antiaéreo para que Colombia pudiera defenderse de un ataque venezolano. Según revelarían los cables secretos de WikiLeaks, recogidos en su momento por un análisis de 'La Silla Vacía', “al gobierno de dicho país le parecía que esta solicitud era absurda por el costo y las implicaciones regionales”. Total, ganaron los gringos, nada de eso quedó por escrito. Más adelante, la Corte tumbaría el acuerdo de las bases argumentando que era un tratado que debió haber pasado por el Congreso, y no, como lo disfrazaron, una continuación de los acuerdos previos con EE. UU. Los cinco mil soldados de Bolton suenan a chiste al lado de lo que Santos invitó a los gringos a que instalaran en Colombia.
El otro escándalo de la semana es el de la solicitud a Washington de pruebas del caso Santrich, que se quedó varada en Panamá. De inmediato, los de la teoría de la conspiración consideraron que esto no podía ser un acto de ineptitud de correos, sino algo “deliberadamente planeado” por el Gobierno colombiano para que dicha petición nunca llegara a su destino.
La contraparte de la conspiración sugiere que quienes embolataron la carta querían evitar que esas pruebas llegaran de EE. UU. contra Santrich. Tanto lo primero como lo segundo son una estupidez. La ministra de Justicia, que sin duda debió prestar más vigilancia al curso de esta importante misiva, una pieza judicial de importancia superior, es una persona íntegra y correcta que debe estar interesada en que se proceda contra Santrich de acuerdo con la paz del Colón.
La pregunta es qué hará ahora la JEP, que ya tenía cerrado el caso Santrich, el cual ya se encontraba en una corta etapa de alegatos de las partes. Y si EE. UU. enviará más pruebas, ahora que se las piden por una vía distinta a 4-72. Aunque la responsabilidad de que EE. UU. no hubiera recibido la petición no es de la JEP, se ha presentado un error que impide valorar las pruebas contra Santrich, tanto para lo que no le es favorable como para lo que sí lo es. Por lo tanto, la JEP debería reabrir el caso. Pero todo depende de su voluntad procesal. Porque lo otro que no sería imposible que sucediera, y que es lo que quiere la defensa de Santrich, es que la JEP resuelva que cerrado el caso no existen los elementos para tenerlo detenido y proceda a dejarlo libre en pocos días por culpa de una carta que no llegó.
Algo muy complicado, y que no conoce la opinión, es que no hay uno sino cuatro ‘Santriches’. Es decir, tres personas más están en su misma situación. Figuran en las listas de las Farc como protegidas por el acuerdo de paz, pero sobre ellas existe vigente una orden de extradición bajo el argumento de que, al igual que Santrich, habrían delinquido con posterioridad a la firma del acuerdo. Esas personas son José Castro Chillambo, Diego Alberto González Castillo y un señor Carvajal, alias Rambo.
El caso Santrich, claro, es el más notable de los cuatro. Pero la forma como actúe la JEP servirá de jurisprudencia para el resto de casos que inevitablemente seguirán presentándose bajo los mismos parámetros.
La palabra, nuevamente, la tiene la JEP. Que continúa, desde luego, bajo el radar de la opinión.
Entre tanto… Sabemos poco sobre el presidente provisional de Venezuela, Juan Guaidó. ¡Pero, qué valentía!
MARÍA ISABEL RUEDA
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