Opinión

¿Sistema inviable?

Mientras unos pocos se enriquecieron con los dineros de la salud, el sistema colapsó.

25 de noviembre 2017 , 12:00 a.m.

El Sistema Nacional de Salud colombiano, con el ordenamiento legal, la flexibilidad y la tolerancia institucionalidad que lo rigen, es inviable. Más de 24 años de vigencia legal, de experimentación y diagnósticos, de inútiles reformas, de investigaciones, procesos y liquidaciones, y la crisis se profundiza, año tras año.

El Sistema de Salud (Ley 100 de 1993) fue fundamentado en premisas irreales, por contratistas y funcionarios obsesionados por los dogmas del mercado y la rentabilidad. Fueron factores y condiciones que le imprimieron el carácter de negocio, y como tal privilegió la privatización y rentabilidad.

La salud de los humanos debe fundamentarse en principios de servicio y solidaridad social y, por lo tanto, no debe estructurarse ni administrarse como negocio, para cosechar ganancias.

Gravita sobre el sistema una jungla jurídica. Leyes de creación y reformatorias y una estatutaria. Más de 200 decretos reglamentarios, resoluciones y circulares. Pero hay evidencia irrebatible de que los resultados son cada día peores.

El marco legal que lo rige y la institucionalidad que lo controla y regula mantienen, caprichosamente, los factores que lo hacen inviable: la salud como negocio, la intermediación de las EPS privadas, la tolerancia institucional, la corrupción y la politiquería.

La Ley 1122 del 2007 fue aprobada para mejorar la prestación del servicio. La Ley 1438 del 2011, para fortalecer el sistema general de seguridad social en salud. Los resultados son totalmente contrarios a los supuestos propósitos.

Otro engaño: la libre elección del usuario. Prevalece la competencia, el libre mercado y las prácticas de corrupción. Hay prueba de favoritismo para EPS: las hicieron dueñas del nivel básico.

Con la Ley 100 pretendían alcanzar cobertura total en el 2000. En ese año, Colombia ocupaba el puesto 41 entre 191 países (OMS). En el 2017, los defensores y rentistas del sistema argumentan crecimiento de cobertura. Sí, aparentemente, pero sin garantía de acceso ni aceptable calidad. Mientras unos pocos se enriquecieron con los dineros de la salud, el sistema colapsó.

Crearon la Cres (Comisión de Regulación en Salud) y la Superintendencia Nacional de Salud para vigilar y controlar los actores del sistema. La ley define a las gestoras como aseguradoras, ídem a las EPS, y que serán multipropósito.

Otro engaño: la libre elección del usuario. Prevalece la competencia, el libre mercado y las prácticas de corrupción. Hay prueba de favoritismo para EPS: las hicieron dueñas del nivel básico. Les dieron tres años para acomodar la integración vertical y siete para acomodarse financieramente.

El sistema es inviable, por corrupción, por tolerancia e irresponsabilidad de los gobiernos. Podría mejorarse con la ley ordinaria que el Gobierno se negó a tramitar. Con ella podría reestructurarlo integralmente, bajo el criterio de ser un derecho fundamental y no un negocio para maximizar ganancias del sector privado.

Los recursos financieros del sistema, para el 2017, superan los $ 50 billones. Este monto es suficiente para garantizar, bajo un control racional del Estado, servicio en salud de calidad a todos los afiliados que lo requieran.

La irresponsabilidad de los gobiernos, tanto en control como en vigilancia, lo convirtió en una mina para oportunistas y deshonestos. En el 2000, fue creado un grupo élite, en la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía, para recuperar los dineros perdidos de la salud (en ARS). Existen los fantasmas burocráticos de la Cres y la Superintendencia Nacional de Salud. Las investigaciones no arrojan resultados. La justicia esta corrompida hasta la médula.

¿Por qué no hay resultados efectivos en la Fiscalía sobre irregularidades graves en Saludcoop y otras EPS y, ahora, sobre las trapisondas de Prestasalud, Medimás y otros actores?

¿Por qué aquel fiscal general, antes que dar resultados sobre investigaciones graves en Saludcoop, optó por lanzar la carga contra la Contralora, que investigó y probó desfalcos a la salud superiores a $ 1,4 billones en esa EPS?

Es aberrante el favoritismo y tolerancia a las EPS privadas. Son destacables las decisiones de los gobiernos de 2002-2010 para acabar con las EPS públicas, hasta lograrlo (ICSS), y responsabilizar de la crisis financiera del sector a la irresponsabilidad médica. Ese gobierno criminalizó el ejercicio médico, por recetar remedios demasiado costosos, mientras desregulaba los precios.

Las EPS y ARS se capitalizaron con dineros de la salud. Nadie hizo control oportuno. El libreto se repitió con Cafesalud y Medimás. Las EPS privadas, en los primeros 20 años, multiplicaron su patrimonio 177 veces, según investigaciones. Sin eliminar la injerencia y voracidad del sector privado no puede haber solución. Debe haber sanciones penales y económicas para particulares y funcionarios responsables de los desfalcos, e incluir la exclusión definitiva de la participación en el sector de la salud.

No hay voluntad gubernamental para resolver el diabólico negocio y caos del sistema de salud. Se refleja con la liquidación de Saludcoop y el anunció inmediato de privatización de Cafesalud, como empresa reemplazante. No hubo control y se quebró. El proceso de venta y selección de comprador de Cafesalud estuvo plagado de sesgos, irregularidades e irresponsabilidades.

Las investigaciones deben concretar responsables del robo de los recursos de las EPS. Por referendo, usuarios, afiliados al sistema y demás ciudadanos deben decidir lo que se tiene que hacer con el Sistema Nacional de Salud y ordenarle al Gobierno cómo debe proceder. Por los antecedentes y resultados de la administración del sistema, no hay otra vía.

Debe prevalecer el imperativo ético y moral en la prestación de servicios y manejo de lo público, en particular de todo lo relacionado con la salud.

MARCOS SILVA

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