Opinión

La función pública

¿Por qué el Gobierno sí tuvo plata para aumentar el sueldo de los servidores públicos mejor pagados?

22 de julio 2017 , 12:00 a.m.

La Constitución Política establece cómo deber ser el servidor público y cómo debe ejercer sus funciones, pero los escándalos que estallan en el país día de por medio demuestran que mucho servidor público es corrupto. Y que a través del servicio público se le abrió la puerta a la corrupción, que también abunda en la empresa privada. Como ejemplos cercanos de corrupción pública, en Bogotá tenemos el ‘carrusel’ de la contratación’, fraguado por el alcalde Samuel Moreno y su hermano, el senador Iván Moreno; en Cartagena tienen a Reficar. En el sector privado sobresalen Interbolsa y Saludcoop. Y alcanzó para todos la millonaria repartición de dólares ordenada por Odebrecht, corrupta entidad brasilera.

La Constitución dice también: “En ningún caso la filiación política del ciudadano podrá determinar su nombramiento para un empleo de carrera”. En la práctica, la filiación política es casi condición sine qua non para acceder a un alto cargo. Y, aunque la Constitución establece que “los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan hasta cuarto grado de consanguinidad”, el procurador Alejandro Ordóñez hizo lo contrario: nombrar parientes. Y su reelección terminó anulada porque usó maniobras corruptas para hacerse reelegir. En cuanto a magistrados y magistradas, ellos no tienen empacho en nombrar parientes.

Lo peor es que el parentesco se ha convertido en peldaño para poder acceder a las altas cortes. Y facilita el camino para llegar al Congreso de la República, a los concejos municipales, a las asambleas departamentales. En el Congreso, cuando los senadores terminan en la cárcel, sus curules las heredan unas veces los cónyuges y otras, los hijos, pues todos caben en el Capitolio. Y es usual que progenitores con curul, que gozan de caudas electorales, impulsen campañas políticas en favor de sus vástagos. Así se han consolidado sólidos entramados familiares de permanencia indefinida, que le han cerrado el paso a gente nueva, distinta, joven, independiente.

A través del servicio público se le abrió la puerta a la corrupción, que también abunda en la empresa privada

La Constitución hace esta advertencia: “La utilización del empleo para presionar a los ciudadanos a respaldar una causa o una campaña política constituye causal de mala conducta”. Esa advertencia, para el alcalde Gustavo Petro, fue letra muerta. Desde el principio, él usó su poder en Bogotá para fortalecer su ambición de ser presidente. Y no perdió el tiempo: lo que no hizo por la ciudad lo hizo en favor suyo. Con tan buenos resultados que, según encuestas, aunque no siempre fiables, su candidatura presidencial va viento en popa.

La función pública en un ministerio es más dura. En general, un ministro trabaja todo el año en horario extendido, pero gana menos que un congresista que trabaja 6 meses y trasnocha, si mucho, una vez por semana. Y con el último ‘ajuste’, el congresista gana al mes casi 30 millones de pesos. Contra ese ingreso excesivo luchan, en vano, los congresistas Iván Cepeda y Angélica Lozano, pues en el Congreso la mayoría prefiere disfrutar de sus millones. Frente a esta realidad, uno sí se pregunta: ¿por qué el Gobierno dice no tener plata con qué atender tantas justas solicitudes, si la tuvo para aumentar los ingresos de los servidores públicos mejor pagados?

La oscura historia del Poder Judicial la resume EL TIEMPO en editorial del lunes 17. Aquí resuena lo que dijo el magistrado Javier Zapata: “Los sueldos de los magistrados son intocables”.

Estos ejemplos sirven para demostrar que la Constitución Política se la pasan por la faja todas las ramas del poder público.

LUCY NIETO DE SAMPER
lucynietods@gmail.com

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