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Huelga

Se ha sentado un precedente que cercena el derecho de todos los trabajadores de Colombia.

Laura Gil
Podrán parecer extravagantes los reclamos de la minoría de los pilotos de Avianca, una empresa que, a punta de esfuerzo y dedicación, se ha posicionado como líder en las Américas. Pero la declaración de la ilegalidad de la huelga sienta un precedente que cercena el derecho de todos los trabajadores de Colombia.
El Tribunal Superior de Bogotá dictaminó que el transporte aéreo que presta la compañía constituye un servicio público esencial, más fundamental que el de los maestros de las escuelas oficiales, el de los operadores de la Rama Judicial, el de las madres comunitarias. Poco importó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) hubiera solicitado al Estado respetar el derecho a la huelga de los pilotos.
“No puede permitir la autoridad que unos cuantos afecten los intereses de toda la población”, dijo el magistrado Eduardo Carvajalino cuando leyó la decisión. La situación es grave y sigue empeorando. Avianca, la principal damnificada, asume “una pérdida operativa de US$ 800.000 y una pérdida neta de US$ 1,5 millones”, según Bancolombia. Súmele a ello las consecuencias para los sectores turístico, comercial y exportador y la inconveniencia que vienen padeciendo los usuarios varados en tierra, en camino de acentuarse aún más en semana de receso escolar.

¿Acaso son los pilotos más esenciales que los fiscales y los jueces? ¿Más imprescindibles que los maestros? ¿Más fundamentales que los camioneros, que transportan el grueso de las exportaciones?

Pero no hay huelga cómoda, oportuna e indolora, que no moleste a nadie. La misma esencia del ejercicio del derecho a la huelga consiste en perturbar el orden establecido y entra en colisión con varios derechos de las demás personas. ¿Qué derecho de muchos prevalece sobre el derecho a la huelga de pocos?
Para la OIT, constituyen servicios públicos esenciales “el sector hospitalario, los servicios de electricidad, los servicios de abastecimiento de agua, los servicios telefónicos y el control del tráfico aéreo”. Los legisladores nacionales tienen suficiente margen de discrecionalidad para incluir servicios públicos en esta lista, pero, aun así, deberán tener en cuenta que el derecho a la huelga solo se podrá prohibir en un sector “cuya interrupción podría poner en peligro la vida, la seguridad o la salud de la persona en toda o parte de la población”.
¿De qué manera el sindicato de pilotos pone en riesgo nuestra vida, nuestra seguridad o nuestra salud? El Comité para la Libertad Sindical, guardián de las principales convenciones de la OIT, ha excluido de manera expresa al transporte aéreo de los servicios públicos esenciales. Parece que, para el Tribunal Superior de Bogotá, la condición de esencialidad depende del impacto económico o del grado de afectación de derechos de terceros, como la libre circulación. De imponerse esta visión en altas cortes, podremos dar como muerto el derecho a la huelga.
¿Quién, de aquí en adelante, podrá convocar la detención de actividades sin la amenaza de declaración de ilegalidad? ¿Acaso son los pilotos más esenciales que los fiscales y los jueces? ¿Más imprescindibles que los maestros? ¿Más fundamentales que los camioneros, que transportan el grueso de las exportaciones?
O quizás este precedente no importe tanto. La reacción ante la huelga de Avianca no deja de tener un tufillo clasista. El último paro de maestros, que dejó a miles de niños sin escuela y a miles de madres sin lugar que los acogiera durante meses y meses, no fue objeto de ninguna declaración de ilegalidad; la huelga de pilotos, que afecta a los más favorecidos, sí.
“La mejor opción para resolver la crisis está en el diálogo”, afirmó, con toda razón, Griselda Restrepo, ministra del Trabajo. “Con los pilotos, generamos una propuesta para Avianca”, continuó. El Gobierno que negoció con las Farc no puede acobardarse ante un conflicto entre una empresa privada y unos pilotos. Efromovich, que nos dio la mejor aerolínea de América Latina, tampoco.
LAURA GIL
Laura Gil
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